Un edificio podrá ser una zona franca con la Ley de Inversiones

El Decreto-Ley para la Atracción de Inversiones para el Desarrollo Productivo ya está en la Corte Constitucional (CC) para su posible aprobación.

Con la muerte cruzada, el presidente de la República, Guillermo Lasso, puede enviar proyectos ley de carácter económico urgente a la CC, como lo establece la Constitución. El primer decreto-ley fue la nueva reforma tributaria, que espera su aprobación de la Corte.

La principal justificación para que la ley sea urgente, según el Gobierno, es que la situación económica adversa que vive el país, en la que únicamente tres de cada 10 ecuatorianos cuentan con un empleo adecuado. “Los jóvenes actualmente carecen de oportunidades laborales de calidad cuya demanda crece globalmente, desplazando las ocupaciones tradicionales”, señala el decreto-ley.

La propuesta legal busca dar fuerza a las zonas francas y las zonas especiales de desarrollo económico (Zedes).

Otra novedad es que las zonas francas ya no se delimiten a una zona o sector económico específico. Incluso, dijo el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Julio José Prado, un edificio puede ser declarado como zona franca para el funcionamiento de empresas de servicios como ‘call centers’ o centros de atención al cliente.

“Creamos el concepto de zona franca uniempresarial ¿qué significa esto? Que no hace falta estar dentro de la zona franca dentro de un parque industrial, tecnológico, alejado de las ciudades, sino que en las ciudades se puede tener un edifico que sea una zona franca uniempresarial”, dijo Prado.

Este modelo busca atraer a empresas que se especialicen en exportación de ‘software’ o programas informáticos o tratamiento de datos, señaló el titular de la cartera de Estado.

Según Prado, este es un modelo que se ha impedido implementar en el país y que ahora podrá estar vigente si la Corte da paso. Según el titular de la cartera de Estado, se han seguido ejemplos de países como Costa Rica o Uruguay, que albergan empresas internacionales especializadas en servicios.

Entre los beneficios que propone la ley está la exoneración del impuesto a la renta en los primeros 10 años, a partir del ejercicio fiscal en el que se generen ingresos. 15 años para sectores fronterizos.

También reducción del 10% del Impuesto a la Renta durante el tiempo de establecimiento de la zona franca, luego de la exoneración de 10 años.

Asimismo, se exonera el pago aranceles, Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), el pago para el Fondo de Desarrollo para la Infancia) Fodinfa, entre otros.

Otro beneficio es la tarifa 0% en el Impuesto al Valor Agregado ( IVA) para adquisición de insumos, materias primas, bienes de capital, exclusivamente para la zona franca autorizada.

Finalmente, se exonera del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) por rendimientos financieros, ganancia de capital y capital para las inversiones extranjeras.

Del otro lado, la propuesta legal tiene restricciones. Solo aplica a empresas nuevas constituidas en el Ecuador. Para Multinacionales pueden ser subsidiarias de empresas globales.

No permite traslado de activos: No se permite mover activos de una empresa ya existen hacia la Zona Franca, para evitar simulaciones de propiedad y elusión fiscal.

Además, la producción debe estar mayoritariamente destinada a exportación pero se permitirá las ventas a territorio nacional desde la zona franca pagando tributos y aranceles.

El Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones (Cepai) y finalmente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendrán la capacidad de definir la facultad de conceder o no autorización para administrar y operar la zona franca.

No es la primera vez que desde el Gobierno se intenta atraer inversiones por medio de zedes o zonas francas. El actual régimen ha argumentado que ha hecho cambios para que esta vez el modelo pueda ser atractivo.

La atracción de inversiones es una de las promesas que no han llegado a concretarse por parte del Gobierno saliente. En su llegada a la Presidencia de la República, Lasso auguró un ‘shock’ de inversiones, pero con nulos resultados.

La Inversión Extranjera Directa (IED)se ha mantenido en los mismos niveles en los últimos años y no ha tenido un incremento. En 2022 sumó 630 millones de dólares.