La exportación, obligada a vestirse de ‘verde’

Guerra avisada no mata gente. No aplica mejor frase para describir lo que autoridades y exportadores ecuatorianos debieron tomar en cuenta. En octubre del 2020, el Parlamento Europeo había dado el primer aviso al exigir a la Comisión Europea que propusiera un marco jurídico que impusiera medidas para reducir el impacto del consumo del bloque europeo en la deforestación mundial.

El segundo aviso sonó en noviembre del 2021. La Comisión Europea cumplió con su trabajo y presentó al Parlamento la propuesta para luchar contra la deforestación y la degradación forestal relacionadas con materias primas y productos exportados hacia el mercado de la Unión Europea (UE). El aviso final llegó el 29 de junio del 2023, con la aprobación del Reglamento Europeo Sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR), cuya aplicación para los exportadores está prevista para arrancar el 1 de enero del 2025; el 1 de julio del 2025, para las micro y pequeñas empresas.

En lo medular, el EUDR establece normas para los productos que ingresen al mercado europeo que contengan o se hayan alimentado o se hayan elaborado utilizando las materias primas: ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera. Estos productos deberán certificar que a lo largo de toda su cadena productiva no se haya degradado o deforestado bosques, del 31 de diciembre del 2020 en adelante.

Así las cosas, el tiempo ahora es el peor enemigo de los exportadores. Para Marcelo Salame, director Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Carbono (Asocarbono), “estamos ante un desafío muy serio, tanto para las exportadoras grandes como para las medianas y pequeñas. El tiempo que queda para cumplir con esta norma, en relación al trabajo que se debe desarrollar, es muy corto. La tarea pendiente es muy grande a todo nivel. Un llamado urgente al Gobierno para que tome medidas profundas e inmediatas para evitar que las exportaciones, especialmente de banano, camarón, aceite de palma, ganado, soja, café, cacao, madera, caucho, o sus derivados como muebles o chocolate, no puedan ingresar al mercado europeo”.

El vicepresidente Ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), Xavier Rosero, reconoce que la carrera contra el tiempo es un serio desafío a los que se enfrenta el sector en estos momentos, pero no por parte del sector privado, sino del público. “El tiempo de adaptación para cumplir con la nueva normativa es extremadamente corto, sigue corriendo, vamos a seis meses de que entre en vigencia y no está claro desde el sector público cómo vamos a trabajar en los mecanismos de demostración de que las empresas sí cumplen. A la vez, no existe una claridad también desde el lado de los europeos. Por eso, se requiere de un trabajo urgente del sector público, porque es este el que tiene que validar que las empresas privadas están cumpliendo. A la fecha no está claro cómo va a ser medido y, de esa forma, muy difícilmente podremos preparar la territorialización de la producción. Nos parece, por tanto que, para el poco tiempo que nos queda, hay que redoblar y acelerar esfuerzos”.

Sobre esta situación, este Diario solicitó por dos ocasiones al Departamento de Comunicación del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, una entrevista con su titular, Sonsoles García, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo una respuesta efectiva, a pesar de haber llenado el formulario de petición.

Rosero añade que, como gremio, se ha hecho un pedido al viceministerio de Comercio Exterior para trabajar en un mecanismo de demostración en un espectro más amplio de acciones. “Que sirvan ya no solo para un mercado, sino que tengamos un hilo conductor que pueda adaptarse a cada uno. Esta normativa europea es una curva de aprendizaje para que el sector público establezca un procedimiento demostrativo único de que los productos están libres de deforestación en toda su cadena productiva. Recordemos que el próximo año también entra en vigencia una normativa similar    en EE.UU., la Clean Competition Act, y esa involucra a 25 productos y sus cadenas”.

De su lado, Christian Riofrío, director Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de la Industria Forestal y de la Madera (AIMA), coincide en que el principal problema que enfrentan los exportadores a la UE es “la débil institucionalidad, que no nos permite demostrar que cumplimos con la normativa. Y explica que, en el caso del sector al que representa, en el 2013 la UE ya impuso una exigencia importante para las exportaciones de madera, de que el origen debía ser de fuentes sostenibles.

“Esta fue la primera barrera que enfrentamos. Pero eso nos marcó una necesidad y una oportunidad de identificar productos con certificación Forest Stewardship Council (FSC), porque tenían facilidad de entrada. En ese momento pudimos desarrollar el ingreso de bloque o paneles de balsa, que es básicamente lo que estamos exportando a la UE. Lo que quiero graficar es que la apertura con el mercado europeo, a raíz del Tratado de Libre Comercio (TLC), no la hemos podido aprovechar, porque hay esta barrera de entrada del 2013. Pero no es porque no cumplamos con la normativa o haya deforestación atrás de los procesos. Al contrario, tenemos mucho cuidado con temas ambientales y sostenibilidad. Sino por la débil institucionalidad que tenemos en Ecuador, eso no nos permite demostrar que hacemos las cosas bien”.

EL RIESGO ES LA TRAZABILIDAD

Otra frase que calza perfectamente al proceso exigido por la UE es que por unos pagan todos. Y ese es el otro problema que enfrenta el sector exportador, ya que las empresas deben certificar que a lo largo de toda su cadena productiva cumplen con no degradar y deforestar los espacios donde se realiza el trabajo.

Pero el riesgo no es demostrar, porque a decir de Christian Riofrío, titular de AIMA, en Ecuador en los últimos años ha habido una mayor conciencia ambiental, así que desde el 2020, fecha a partir de la cual definió la UE que no debe registrarse degradación o deforestación, hasta ahora, es muy difícil que haya ocurrido aquello.

El problema en sí es la ausencia de recopilación, registro y conservación de la información. Xavier Rosero, de Fedexpor, explica que no está levantada al 100% porque no se había tenido una normativa que obligara a hacerla. “No se ha establecido el mecanismo de evidencia del cumplimiento de la obligación. En las grandes unidades productivas no hay mucho problema, el riesgo está cuando las micro, pequeñas y hasta medianas unidades productivas se topen con esta exigencia”.

Esta trazabilidad es un escollo enorme, ya que si una unidad productiva, por más pequeña que sea, no demuestra que cumple con la normativa, las exportaciones del o los productos no podrán ingresar. “No estamos listos, solo el Ministerio de Agricultura ha alertado sobre este particular. El problema es que no es fácil, es un proceso largo, tedioso y y tremendamente técnico. Y veo que el Gobierno no muestra ninguna iniciativa, salvo un programa Carbono Cero, pero eso no es. Tenemos que tener una iniciativa real que nos permita exportar a Europa y luego a EE.UU. bajo estas obligaciones normativas desde el 2025”, aclara Marcelo Salame, de Asocarbono.

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