La Fiscalía sabía del agujero en bolsa antes de que viera la luz
El Isspol, uno de los inversionistas afectados, denunció en agosto a Delcorp por estafa para recuperar $ 25 millones. La Contraloría ejercerá una acción coactiva
Los incumplimientos de pagos de parte de Delcorp y Ecuagran, que desde el 12 de agosto pasado fueron alertados por el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale), han pasado ya a una instancia judicial. El Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), como parte de los principales inversores afectados, ha presentado ante la Fiscalía General del Estado una “denuncia por estafa”, con el fin de recuperar más de $ 25 millones invertidos en ambas empresas.
Así lo confirmó María Paula Romo, ministra de Gobierno, a EXPRESO, quien detalló que la acción legal fue presentada el pasado 20 de agosto en contra de Delcorp, por ser la empresa a la que mayores recursos se entregó: más de $ 21,4 millones en facturas comerciales que hoy, dijo, están vencidas, y $ 3,2 millones en reporto colocados a través de una fiducia. Con Ecuagran, precisó, llegaron a invertirse $ 300.000 en la adquisición de obligaciones.
Este Diario, a través de una serie de reportajes publicados desde el pasado 1 de septiembre, dio a conocer la mora en la que habían caído ambas empresas guayaquileñas que, además de compartir ciertos accionistas, laboran en el mismo sector productivo: producen, importan y comercializan insumos agrícolas. Según la información publicada por el Decevale y la Bolsa de Valores de Guayaquil, solo en agosto estas firmas ya llevaban más de $ 1 millón en montos impagos, dentro de un proceso de emisión de obligaciones de los años 2017, 2018, 2019 por más de $ 47 millones que pertenecen a inversionistas privados y públicos. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) es otra de las instituciones afectadas, con casi $ 5 millones invertidos que hoy busca recuperar.
En el caso de Isspol, explica Romo, las adquisiciones implicaron facturas comerciales, las mismas que Delcorp empezó a emitir desde agosto del 2017 y Ecuagran (obligaciones), desde diciembre del mismo año.
Nosotros, como casa de valores, participamos en la colocación de algunas facturas comerciales negociables, pero cumpliendo con lo establecido en la ley y las normas complementarias.
La funcionaria, quien también se desempeña como presidenta del Directorio de la Isspol, menciona que al no tener la entidad la facultad de ejercer acciones coactivas de cobro, se ha pedido a la Contraloría General del Estado intervenir. Para ello, indica, ya se ha emitido una orden de coactiva para que la institución pueda recuperar $ 21,8 millones, más $ 44.628 que corresponden a intereses. “Esta orden ya ha sido notificada, la coactiva le da 10 días a los deudores antes de iniciar la ejecución coactiva”, aseveró la ministra. Los recursos del reporto, aclaró, se recuperarán una vez que el fideicomiso se haya liquidado. Una acción parecida se aplicará con Ecuagran.
En la denuncia ante la Fiscalía, se pide investigar a Enrique Xavier Huerta, gerente general de Delcorp; a David Proaño Silva y Alfredo Valverde Moreno, quienes ocuparon altos cargos en la Isspol, durante los años en que se aprobaron y ejecutaron estas inversiones. Huerta y Enrique Weisson, gerente de Ecuagran, están fuera del país, según lo confirmó la Ministra.
“Lamentablemente, una de las constataciones que ya tenemos es que cada vez que le correspondía al Isspol recibir los intereses por sus inversiones, volvía a recibir papeles. Entonces esta fue la manera en que esto se venía manejando. Nosotros desde hace varios meses nos negamos a eso y empezamos a pedir que se pague lo que se debe”.
La secretaria de Estado observó que en este proceso no solo han participado los representantes de estas empresas e Isspol, sino también las Casas de Valores y las calificadoras, encargadas de evaluar cada emisión y a las cuales, dijo, también se deberá investigar. En el caso de Ecuagran, sostuvo, las estructuradoras en algunas operaciones fueron Citadel, Casa Real, y en otras Accival (hoy Atlántida). En Delcorp, precisó, actuó Casa Real.
Si se habla de calificadoras, la ministra citó que en ambos casos evaluó Class International Rating. Sin embargo, los registros de la Superintendencia de Compañías mencionan también a la calificadora Summaratings. Este Diario intentó hablar con los representantes de estas firmas, pero hasta el cierre de esta edición no todas respondieron o pudieron dar detalles. Diana Peña, gerente general de Atlántida (Accival), admite que su firma sí participó en la colocación de algunas facturas, pero aclara que lo hizo “cumpliendo con lo establecido en la Ley de Mercado de Valores y normativas complementarias”.
Natalia Cortez, gerente de Summaratings, negó a Delcorp como su cliente. A Ecuagran, dijo, sí la evaluaron en mayo, calificación que hoy está en observación.
Jamás calificamos facturas... Sí lo hicimos con obligaciones, pero como lo han hecho otras calificadoras. Se trató de una opinión con base en información que se dijo era veraz y auditada.
Luis Jaramillo, gerente de Class International Rating, desmintió por su parte que su representada haya calificado facturas comerciales, reportos bursátiles y peor aún fideicomisos de facturas comerciales. No obstante, dice, sí evaluaron emisiones de obligaciones de Ecuagran y Delcorp, pero tal como lo han hecho otras calificadoras.
Todo, añade, “basados como indica la norma, en información auditada por auditor externo, información entregada por los representantes legales de las empresas, bajo declaración juramentada ante notario de su veracidad y las proyecciones de la capacidad de pago del emisor y la estructura legal elaboradas por la casa de valor que revisó toda la información para recomendar la emisión”.
- MILLONARIOS BONOS SUMARÍAN PERJUICIO
La ministra señaló que la cartera total de inversiones de Isspol alcanza los $ 1.500 millones. Parte de eso, admitió, se invirtió en bonos estatales; no obstante, no confirmó si el monto asciende a casi $ 900 millones y, de eso, cuánto está impago. Ese tema, dijo, aún lo está revisando. De lo que sí habló es de la negociación, fuera de bolsa, que Isspol ha tenido con la Universidad Tecnológica Equinoccial y que hoy genera un incumplimiento por $ 7 millones.
