El FMI anuncia que su Directorio aprobó el nuevo acuerdo con Ecuador

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este 30 de septiembre de 2020 un acuerdo extendido de 27 meses en el marco del Servicio de Fondo Extendido (EFF) para Ecuador, con acceso equivalente a 4.615 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), que representa el 661% de la cuota, equivalente a $ 6.500 millones. 

El Fondo informó que la aprobación permite un desembolso inmediato equivalente a $ 2.000 millones, disponibles para el presupuesto.

El organismo señaló que e nuevo acuerdo apoyará las políticas de Ecuador para estabilizar la economía y proteger vidas y medios de subsistencia, ampliar la cobertura de los programas de asistencia social, garantizar la sostenibilidad fiscal y de la deuda y fortalecer las instituciones nacionales.

Tras el debate de la Junta Ejecutiva sobre Ecuador, directora del FMI,. Kristalina Georgieva, aseguró que “las autoridades ecuatorianas han emprendido acciones audaces para abordar la profunda crisis económica y de salud desencadenada por la pandemia de COVID-19”. 

“Las primeras medidas de contención fueron fundamentales para frenar y estabilizar la propagación del virus. La respuesta política de las autoridades combinó adecuadamente medidas a corto plazo para contener el impacto adverso de la crisis, incluido un importante apoyo a la liquidez y un aumento de las transferencias de efectivo, con pasos iniciales decisivos hacia la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas”, dijo Georgieva.

Además, la titular del FMI señaló que el exitoso canje de deuda con los tenedores de bonos ha proporcionado un alivio sustancial de liquidez a Ecuador. Las autoridades también han obtenido garantías financieras de acreedores oficiales, como China, compromisos de instituciones financieras internacionales, y se han comprometido a complementarlos con una consolidación fiscal ambiciosa, pero realista, a medida que se afianza la recuperación. “La expansión continua y decisiva de los programas de asistencia social fortalecerá las redes de seguridad social y permitirá al gobierno extender el socorro a los grupos vulnerables de manera oportuna”, añadió.

El nuevo programa del FMI tiene dos objetivos principales, dijo Georgieva: primero, mitigar la crisis protegiendo vidas y medios de subsistencia, y restaurar la estabilidad macroeconómica; y segundo, asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y fortalecer las instituciones nacionales para sentar las bases de un crecimiento sólido, rico en empleo y duradero que beneficie a todos los ecuatorianos.

Según la titular del organismo, el Gobierno ecuatoriano se ha comprometido a deshacer las medidas relacionadas con la crisis de la pandemia a medida que la economía comience a recuperarse. 

La sostenibilidad fiscal estaría anclada en el techo de la deuda (40 % del PIB) y se busca que esta llegue a un objetivo primario del 57 % del PIB para fines de 2025. Para conseguirlo, se combinará na reforma tributaria progresiva a mediano plazo y medidas de gasto que apuntan a alinear a Ecuador con sus pares regionales. 

La puesta en funcionamiento en curso del Código de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip) hará cumplir el suministro oportuno y preciso de datos fiscales por parte de entidades del sector público no financiero, mejorará el seguimiento fiscal y mejorará la gestión de las finanzas públicas. Además, la formulación de una estrategia de gestión de la deuda desde el principio de las obligaciones a corto plazo ayudaría a mejorar la estructura de vencimiento y costo de los pagos de amortización en 2022.

Asimismo, el fortalecimiento de la transparencia fiscal y la promoción de la gobernabilidad son pilares clave de la agenda de reformas de las autoridades. Estos incluyen la adopción de prácticas sólidas de gestión de efectivo, la mejora de la transparencia en la contratación pública y la promoción de la transparencia de la deuda. Además, hacer cumplir el estado de derecho, incluso mediante la adopción de una legislación anticorrupción histórica antes de fin de año, protegería el erario público, catalizaría la inversión privada, promovería la creación de empleo e impulsaría el potencial de crecimiento.

“Se necesitará una implementación oportuna de las reformas previstas para promover la autonomía del Banco Central y fortalecer su marco institucional de manera más amplia para respaldar el compromiso con el régimen de dolarización de Ecuador. Las autoridades están comprometidas a seguir monitoreando la evolución del riesgo crediticio y a supervisar de cerca a las instituciones financieras en el período posterior a la pandemia. Estos esfuerzos requerirían una fuerte coordinación entre los órganos de supervisión, que se facilitaría mediante el establecimiento de un Comité de Coordinación Financiera”, dijo Georgieva.

Finalmente, la incertidumbre sobre la profundidad y duración de la pandemia sigue siendo alta a nivel mundial. En el pais, la estrecha coordinación entre las agencias gubernamentales, el diálogo social de base amplia y la aceptación en todo el espectro político de los objetivos y las políticas del programa mitigarían importantes riesgos de implementación. 

“La implementación oportuna de las acciones anteriores del programa para fortalecer las instituciones y los marcos de políticas y los esfuerzos para asegurar un amplio apoyo público para el programa son pasos en la dirección correcta. Estos esfuerzos han ayudado a cumplir con los criterios para que el FMI brinde financiamiento que exceda el acceso normal”, dijo Georgieva.