Así se fraguó la trama de los 532 millones de dólares del Isspol

Todo empezó en 2014, pero solo seis años después se revela la trama que envuelve una operación, con presunción de dolo, que bordearía los 532 millones de dólares del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

Hasta el 2019 la estructura del Isspol no tenía el control de hoy. Por mandato de su Directorio, el general David Proaño decidía sobre las inversiones de este fondo. En julio del año pasado llega a los oídos de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y le hacen ruido dos tipos de inversiones, que hoy la Fiscalía las investiga para determinar una presunta estafa, unas operaciones de “reporto privado de 205 millones vigentes” y otras “swap” por más de $ 327 millones.

La segunda figura es usada en el mundo, pero la primera no existe en el diccionario financiero ecuatoriano, las operaciones de reporto o son financieras o son bursátiles, según consultas realizadas por Diario EXPRESO. El reporto es la recompra de instrumentos financieros (bonos Globales y de deuda interna) en condiciones determinadas.

Hasta el 2014 el Isspol negocia sus inversiones a través de subastas serializadas en bolsa, que se ordena para las instituciones que manejan recursos públicos, explica la ministra. Desde ese año deja de hacer esas subastas seriales y negocia directamente con casas de valores, con intermediarios.

Al prenderse las alertas en 2019, “pedimos la intervención de la Superintendencia de Bancos, que es el órgano regulador de la seguridad social, y nunca había dicho nada sobre este caso” y por primera vez hacer un análisis de su cartera, sus inversiones. El primer informe es de julio de 2019.

La Superintendencia dice que las competencias las debe tener el directorio, que no puede seguirse manejando así; que se necesita que el comité de inversiones y el comité de riesgo tengan independencia y aprobar una política de riesgos y una de inversión, sugiere.

EXPRESO pidió a la superintendenta, Ruth Arregui, una entrevista para conocer por qué no detectó estas fisuras. No hubo respuestas ni de ella ni de su asesor de comunicación.

Al mismo tiempo, el general Proaño, quien era el director, “reacciona muy mal frente a la observación. Esto me prende todas las alertas”, señala Romo. EXPRESO intentó, sin éxito, contactarse con Proaño.

La principal preocupación son dos operaciones de 2015 y 2016 y son por las que termina intervenido Decevale.

La de 300 millones es una operación swap: “Viene el señor Jorge Chérrez en 2015 al Isspol y le dice, es un riesgo que el Isspol tenga bonos del Estado, tiene que cambiarlos por bonos que tengan otro tipo de “respaldo, porque la economía ecuatoriana está en riesgo y se puede desdolarizar”.

Y les cambia esos papeles por otros bonos con un “mejor respaldo, respaldados por el Citi, que solamente es un nombre que se usa para dar esa impresión de que es legal y que esos papeles van a ser custodiados por Decevale (Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores)”, comenta Romo, cuyos accionistas mayoritarios son la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) y la Bolsa de Quito (BVQ), pero que dos de sus directivos son de la BVG.

Ahí está una de las principales sospechas de irregularidad: si eran bonos del Estado debieron estar en el BCE y custodiados por el DCV, que es el custodio de los papeles del sector público. Si eran de otros bancos, el custodio debió ser Iberclear. Jamás el Decevale.

En esa época el Isspol le da la orden al Banco Central de hacer el traspaso a su nuevo dueño: Jorge Chérrez.

Le dijimos al Decevale, dice Romo, que certifique lo que usted está custodiando de esa operación swap y el Decevale en una primera instancia dice “sí tengo esta contraparte que se ofrece en el contrato, pero le decimos que no nos es suficiente, que nos diga qué es, qué tipo de papeles, entréguenos los códigos”. Luego cambia de criterio, “dice que tiene notas de “garantía personales”, es decir, nada. EXPRESO llamó a la oficina del abogado Carlos Carbo Cox, gerente del Decevale, pero allí se dijo que no estaba disponible. Le dejamos el número de contacto a la recepcionista.

Romo insiste y el Decevale deja de contestarle. “El 7 agosto pasado le pide a la Superintendencia de Compañías que intervenga al Decevale y esta le da un plazo para respondernos y al límite de cumplir un plazo le responde a la Super: lo que tiene como respaldo de 300 millones de dólares es un contrato de asesoría financiera”.

En este tipo de operaciones un depósito local, en este caso el Decevale, debe tener una cuenta con los depósitos extranjeros para darle seguridad al inversionista local que ha comprado unos valores (son desmaterizalizados) para poder hacer un registro espejo en el depósito local.

“Esto no hizo el Decevale”, cuenta a EXPRESO una fuente cercana al proceso. Por lo que se “puede pensar en la presunción de una acción concertada para hacer daño a un tercero”.

EXPRESO supo que de estas operaciones privadas de reporto no estuvo al tanto la Superintendencia de Compañías, porque estaban hechas fuera del mercado de valores. Es decir, la autoridad no sabe si en realidad Ibcorp (Chérrez) (que debía tener los 205 millones en bonos que intercambio con Isspol), tiene papeles de deuda ecuatoriana. “No hay certeza”.

Es decir, el Isspol hace un contrato privado de reporto que no existe, que está al margen de la ley. “Lo que hizo esta empresa fue venderle al Isspol estos papeles con pacto de recompra hasta cierto tiempo. Pero “parece ser que los han venido reestructurando, solo han pagado los intereses y ahora que el Isspol dice dame el capital, ellos dicen no tengo”.

Es decir, es una operación de financiamiento disfrazada con un contrato de reporte privado al margen de la ley, y el “Decevale se prestó para esto, para certificarlos”, dice la fuente. Hoy se encuentra intervenido y hay una demanda penal.

La operación con los bonos de deuda interna, la habría hecho Citadel, y EXPRESO conoció que ayer la Superintendencia de Compañías le iba a pedir información a esta casa de valores, que debe contestarle en 24 horas. El Isspol tuvo que vender sus papeles de deuda interna localmente, con la casa de valores, para que estos recursos sirvan para comprar los otros valores, y es eso lo que se investiga”. Según Javier Neira Salazar, gerente de Citadel, su representada no ha realizado operaciones de reporto, ni operaciones swap con el Isspol, estas últimas sólo se dan en los Mercados Internacionales.

DECEVALE. Los funcionarios del Decevale son: Rodolfo Kronfle, presidente; Carlos Carbo, gerente general; Luis Álvarez, gerente operativo; Oreana Rumbea, gerente administrativo. Aunque tiene como accionistas a muchas casas de valores, el capital individual de estas no pasa de $ 50.000. La BVG, Bolsa de Valores de Guayaquil, tiene allí 499.990 dólares de capital y la BVQ, Bolsa de Quito, 272.995.

AUTORIDAD DE CONTROL. La superintendente de Bancos, Ruth Arregui Solano, en entrevistas realizadas por Diario EXPRESO en meses pasados ha señalado que es necesario un mayor control de las entidades estatales que manejan fondos, como el BanEcuador, el Banco del Seguro Social (Biess), la Corporación Financiera Nacional, el Isspol.