La gasolina se ajusta al mercado y la realidad fiscal

Nuevo intento de medidas económicas. El panorama financiero actual empuja al Gobierno Nacional a ajustar más su cinturón y a tomar un riesgo que muchos administradores han mencionado, pero ninguno tocado: el subsidio al combustible.

El Gobierno anunció la mañana de ayer un nuevo paquete de ajustes al sector público y a los subsidios a los combustibles, acompañados de créditos para las empresas y pymes.

En términos generales, el ajuste propuesto suma $ 4.000 millones. En masa salarial $ 980 millones, en bienes y servicios $ 400 millones, en gasto de capital $ 1.300 millones, en renegociación de la deuda se prevé un ahorro de $ 1.300 millones por intereses.

Tras ocho infructuosos meses, el Gobierno insiste nuevamente en revisar los subsidios a los combustibles, en medio de amenazas de protestas de grupos sociales, que ya provocaron un paro en octubre pasado. Precisamente la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, grupo que junto a transportistas y sector laboral protagonizaron más de 10 días de protesta de octubre fue el primero en reaccionar al anuncio presidencial. “Lenín Moreno camufla medidas económicas con datos macroeconómicos. Liberación de precios de combustibles significa eliminar subsidios, el mecanismo de banda no es claro ¿cuánto durarán los precios bajos?”, publicó la organización en su cuenta oficial de Twitter.

Esta vez lo hace con una nueva fórmula que busca un resultado parecido: una banda de precios en los combustibles. La medida buscará dar un ahorro cercano a $ 300 millones.

¿Cómo funcionará? El ministro de Energía, René Ortiz, señaló que la importación de combustibles será libre para cualquier empresa que quiera competir en el mercado local de venta de derivados de petróleo. Cada mes, el Gobierno fijará los costos, de acuerdo al precio internacional del petróleo WTI (West Texas Intermediate). Puede subir o bajar según su fluctuación.

Ortiz puso de ejemplo al sistema con el que se fija el costo a la gasolina súper en el país. Cada mes la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero establece su valor, con base a los precios internacionales del mes anterior.

Al haber competidores en el mercado, ese costo tendrá un piso y un techo que no podrá superar el 5 %. Ese margen es la banda que los comerciantes de combustibles deberán respetar y en el cual deberán ofrecer un precio diferenciado para atraer a clientes. Esos costos se revisarán mes a mes, de acuerdo con la fluctuación del WTI, tal como ocurre hoy con la súper.

¿Qué pasará con el transporte público? Ortiz señaló que actualmente, al tener un precio del petróleo bajo en los mercados internacionales, el combustible es barato, incluso más bajo que los actuales. El galón de ecopaís y extra pasarán de $ 1,85 a $ 1,75, mientras que el galón de diésel pasará a $ 1.

¿Qué sucederá cuando el precio del petróleo pueda afectar a precios de pasajes? Ahí entra la focalización de subsidios. El Gobierno buscará compensar directamente a transportistas, con los cuales ya han conversado las autoridades.

Para generar un ahorro, los servidores públicos pasarán a trabajar seis horas al día en lugar de las ocho y recibirán su remuneración por ese tiempo trabajado, priorizando el teletrabajo. Es decir, sus salarios se ajustarán un 25 %.

La medida regirá por seis meses y se excluyen servicios de salud, Policía, Fuerzas Armadas y el resto de funcionarios de seguridad. En el caso de educación, únicamente se reducirá una hora de trabajo.

Hablar de subsidios, reducir jornada y salarios, y eliminar instituciones lo que significa despidos no son medidas populares. Impredecible, en tiempo de coronavirus, conocer el costo político a pocos días de empezar a contar los últimos 365 días del morenismo.