El Gobierno plantea un ajuste del gasto público en medio del caos
Se establece la posibilidad de un salario variable por “eficiencia”. Las plantillas para salud y educación serán evaluadas “para optimizar el personal” contratado.
Políticas de ajuste en medio de descontento popular. El presidente de la República emitió ayer los lineamientos para la optimización del gasto público.
A través del Decreto 457, emitido este 20 de junio de 2022, que en principio desapareció del portal oficial y luego reapareció, el mandatario establece una serie de acciones para reducir el gasto en personal en el sector público.
La medida es de aplicación obligatoria para el sector público, incluidas las empresas públicas con excepción de los gobiernos autónomos descentralizados, dice el documento.
El decreto señala que el Ministerio de Trabajo establecerá las medidas para optimizar el gasto en personal en el sector público, para lo cual se expedirá normativa y lineamientos.
Se establece la remuneración de pago variable por eficiencia, la cual estará sujeta a estudios por el Ministerio de Trabajo.
También se prohíbe la contratación de nuevo personal de apoyo. También se eliminan puestos vacantes que permanecen sin ser llenados por más de tres meses.
El documento también establece que cuando se terminen los nombramientos provisionales, la entidad no podrá volver a contratar a ese o a personal nuevo.
Otro punto señala la racionalización del pago por horas extraordinarias y suplementarias. La planificación no podrá exceder 20 horas al mes, entre horas suplementarias y extraordinarias, basada en la debida justificación de la necesidad emitida por el responsable del área.
También se establecen directrices para la actualización de las tasas de servicios del sector público.
Se evaluará el gasto en salud y educación. En el plazo de 90 días, el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con las ministerios del ramo correspondientes realizarán la evaluación.
En ese contexto, el Ministerio del Trabajo establecerá “plantillas óptimas” con las que deben contar las entidades prestadoras de estos servicios, para optimizar el personal actualmente contratado. “Estas plantillas deberán considerar las mejores prácticas internacionales”, sostiene el decreto.
La medida del Gobierno llega en momentos que se espera un desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ayer, el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, aseguró que el cronograma del programa con el organismo se mantiene y se espera el desembolso de $ 1.000 millones a fines de este mes, correspondientes a la cuarta y quinta revisión del acuerdo.
En el acuerdo renegociado con el FMI se señala que el plan es tener un crecimiento nominal (en dólares) de la masa salarial más lento a mediano plazo que el crecimiento de la economía ecuatoriana, reduciendo así la masa salarial total del 9,1 % del PIB al 8,2 % para 2025.
Este camino se puede lograr permitiendo que los salarios crezcan con la inflación y reemplazando al personal que se jubila y finiquitando contratos ocasionales, señala el documento del FMI.
Además, dice el organismo multilateral, es posible generar ahorros adicionales a partir de salarios más bajos para las nuevas contrataciones en el sector público, o pensiones jubilares más bajas del personal con contratos a plazo fijo.
En 2021, 3l Gobierno se comprometió a establecer metas salariales en los presupuestos anuales y coordinar estrechamente con el Ministerio de Trabajo para generar los ahorros previstos, señala el documento del Fondo.
Otros ajustes
- Viáticos: En el caso de que el Ministerio del Trabajo autorice la vinculación de personal no residente en la localidad donde laborará, no se reconocerá el pago por viático por gastos de residencia, a excepción de la Función Legislativa.
- Viajes: obre viajes en el sector público, se adquirirá los pasajes aéreos más económicos según la necesidad particular de cada caso. Todo viaje al interior o al exterior será estrictamente evaluado y la máxima autoridad de cada entidad tomará la decisión.
- Autos: Se prohíbe la compra de automóviles de alta gama. Se prohíbe además la compra de vehículos no especializados, salvo aquellos aprobados por la Secretaría General Administrativa de la Presidencia de la República.
