Cacaoteros y camaroneros dicen que ley de inversiones implica inseguridad jurídica

Una escasa inversión extranjera. El Gobierno reconoció este 8 de junio de 2023 que la Inversión Extranjera Directa  (IED) es baja en Ecuador, incluso durante los años de gestión del presidente, Guillermo Lasso, como argumento para que el decreto ley de inversiones sea aprobado por la Corte Constitucional (CC). 

Esa fue parte del argumento del ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Julio José Prado ante la CC, que señaló que la baja inversión es un problema de, al menos, los tres últimos gobiernos. 

"Es un problema ya recurrente en Ecuador. La Inversión Extranjera es una de las más bajas de América Latina durante los últimos 15 años. Ecuador tiene 0,9 % del PIB frente a otros países como Panamá, Chile y Colombia", dijo Prado. 

Una de las promesas del Gobierno era la atracción de inversiones y mencionó que habría "un shock" de capitales tras la llegada de Guillermo Lasso a la presidencia de la República, en 2021. 

En ese contexto, Prado aseguró que la IED en los últimos trimestres de 2022 ha sido escasa y que incluso cayó entre octubre y diciembre del año pasado. Además señaló que Ecuador depende de dos o tres proyectos empresariales puntuales para la llegada de dinero al país.  

Por esa razón, el decreto y Ley Orgánica Reformatoria para la Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo busca impulsar las zonas francas y las zonas especiales de desarrollo económico (zedes) para atraer a empresas al país. 

"Si no se aprueba esta ley ahora va a perder una oportunidad histórica, post COVID, para atraer inversiones", dijo Prado.  

De aprobarse el decreto ley, al menos hay ocho empresas interesadas en establecer zonas francas y zedes en provincias como Manabí, Guayas, Pichincha, Santo Domingo y El Oro.

El sector camaronero aseguró que la propuesta legal del Gobierno vulnera la seguridad jurídica en el país. Específicamente, se buscan modificar beneficios establecidos en la Ley de Fomento Productivo de 2018, aseguró José Francisco Acosta, abogado de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA).   

Acosta señaló que el decreto ley establece que para modificar el cronograma o monto de inversión solo aplica en caso de fuerza mayor o caso fortuito, lo cual se busca aplicar a contratos de inversión vigentes. 

Asimismo, el abogado Andrés Cervantes, representante de la Asociación Nacional de Exportadores Cacao (Anecacao), señaló que el decreto ley del Gobierno puede implicar laudos internacionales por la inseguridad jurídica que implicaría.  

"Se está limitando al inversionista de realizar una adenda contractual", señaló el abogado de Anecacao. 

Prado contestó que hay 422 contratos de inversión suscritos desde 2010 hasta la semana pasada, que implican más de 12.000 millones de dólares en inversiones comprometidas. "Ni uno solo de esos proyectos o esos dólares comprometidos están afectados por este proyecto de ley, ni se afecta la seguridad jurídica, ni se afecta la exoneración tributaria que tiene, ni se afecta las condiciones con los que se firmaron esos contratos de inversión", añadió Prado.