La guerra arancelaria ‘abre cancha’ a litigios y arbitrajes
Expertos en la materia lanzan advertencias y dan alternativas a empresas, de cara a los aranceles
En un mundo cambiante en el que las crisis de distinta índole aparecen constantemente, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos (ADR, por sus siglas en inglés) continúan consolidándose como una importante herramienta para que las empresas enfrenten problemas y encuentren salidas sin necesidad de entrar en la justicia convencional.
En Quito, desde ayer y hasta mañana, se lleva a cabo la quinta edición de la ICC Ecuador ADR Week, una cita organizada por la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), representante de la International Chamber of Commerce Ecuador (ICC).
A propósito de este encuentro, conversó con EXPRESO una de las panelistas, la venezolana-española Krystle Baptista, quien trabaja en arbitraje desde hace más de 15 años y tiene su estudio en Madrid. Desde su experiencia, considera que en los contextos de crisis económicas o en situaciones como la actual, la de una guerra arancelaria en la que EE.UU. impone tasas a 80 países, los litigios y arbitrajes podrían dispararse, tanto a nivel comercial como de inversión. Aunque considera que hay que mirar el futuro con cautela, señala que es probable que surjan disputas relacionadas con la asignación de los riesgos contractuales, a raíz de la aplicación de los aranceles.
Baptista menciona que hizo su tesis doctoral sobre arbitraje de inversión y estudió precisamente las cláusulas en algunos tratados bilaterales de inversión que reconocen a los inversionistas la capacidad de recibir indemnización en contextos de crisis de guerra y de otras situaciones especiales.
Esto, afirma, podría permitir que los inversionistas recurran al arbitraje internacional para recibir indemnizaciones o compensaciones debido a pérdidas en contextos de crisis.
Aterrizando este asunto a la realidad ecuatoriana, Baptista dice que los métodos alternativos de resolución de disputas están pensados para resolver conflictos de forma pacífica y son la forma ideal de hacerlo, en un contexto de transición como el ecuatoriano.
Se requieren reformas
Para Mónica Heller, presidenta de la CCQ, es importante entender que “el mundo está viviendo momentos terriblemente complejos. Tenemos una serie de guerras, una guerra arancelaria. Han cambiado los esquemas de negocios, la normativa y las reglas internacionales de comercio y de apoyo”.
Agrega que esto obliga al país a actualizar el marco legal, incorporando lo que está pasando en el mundo para tener un sistema legal ágil y dentro de ello incluir métodos alternativos de resolución de conflictos, que garanticen “celeridad, transparencia, equidad y confidencialidad”.
En Ecuador, ha habido un crecimiento sustantivo de la confianza en los métodos alternativos de resolución de conflictos, de acuerdo con Gonzalo González, presidente del Centro de Arbitraje y Mediación de la CCQ. En los últimos 20 años, de tres centros de este tipo, pasaron a funcionar más de 15 en el país y cada vez se crean más.
“Cada vez se ha hecho más accesible porque los centros están capacitando a los profesionales del derecho en la necesaria y útil aplicación de estos métodos para resolución de conflictos, que tienen particularidades y virtudes porque, por ejemplo, son confidenciales, de tal forma que mantienen la relación confidencial cuando se presentan entre dos pares que ejecutan actividades del comercio”.
Se usan, afirma González, no únicamente entre entidades privadas sino también en el sector público, arbitraje y mediación en temas familiares, conflictos laborales, conciliaciones colectivas, etc. “La ley fundamentalmente acepta que las controversias que sean susceptibles de arbitraje son aquellas que tienen carácter patrimonial y de naturaleza transigible (acuerdo voluntario)”. La mediación, aclara, tiene un espectro más amplio.
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