Incentivos para contratar: un ‘parche’ para la crisis laboral

Una solución a medias. Expertos económicos concuerdan en que históricamente el empleo adecuado ha sido una arista complicada de resolver en los últimos años y el gobierno de Daniel Noboa no está exento de tratarlo en los 18 meses que tiene de gestión.

El mandatario ya ha dado los primeros pasos con políticas laborales que buscan dar incentivos a las empresas para así generar plazas, por medio del proyecto de Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, donde también se habla de facilitar la contratación de las generaciones más jóvenes y económicamente activas.

Pues la situación no parece mejorar con el pasar de los años tras la pandemia de COVID-19. De acuerdo a cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a escala nacional, el sector informal (quienes no pagan impuestos y no tienen seguro social) representó para octubre de 2021, un 52,1 % de la población trabajadora. Mientras que en este mismo mes en 2022 este valor fue de 53,7 %; y para octubre de 2023, la cifra alcanzó el récord de 55,1 %.

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El porcentaje del sector informal a nivel nacional creció gradualmente. Los números implican que 55 de cada 100 trabajadores en el país están en la informalidad. Del otro lado, los trabajos en el sector formal no se han dinamizado.

En el período de octubre de 2021, un 41,4 % de la población tenía empleo formal, mientras que en la misma fecha para 2022 este valor fue de 42,3 %, y en octubre de 2023 llegó a 41,3 %.

En esa misma línea, el empleo adecuado casi no ha variado desde el inicio de la pandemia en 2020, y esto se ha evidenciado en las ferias laborales, donde cientos de ciudadanos hacen filas largas para presentar su currículum.

Expertos en el tema difieren en cuanto a las propuestas del proyecto de ley presentado por el mandatario. Unos consideran que el rumbo es el correcto, pero agregan otras ideas; y otros que consideran que estos planes no son suficientes para generar el empleo adecuado.

Para el analista económico Alberto Acosta, la apuesta del Gobierno por incluir reformas tributarias de generación de empleo para jóvenes y mujeres, no es suficiente para reducir el sector informal.

“La razón es que la creación de plazas laborales depende de la inversión, y la clave de esto radica en destrabar los procesos que causan bloqueos a la hora de invertir”, dice.

Acosta comenta que uno de estos muros es la consulta ambiental. “Esto tiene bloqueado más de 200 proyectos, por el inmenso número de trámites y trabas que se presentan, lo que causa que muchas empresas desistan de seguir con estos procesos”, detalla.

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Explica que las empresas no contratan por la simple existencia de incentivos, sino porque el mercado presenta un atractivo y un mercado por atender.

Pero estos muros legales que dificultan a las empresas el llegar al mercado local, son una razón que los ha ahuyentado y que debe solucionarse agilizando los requisitos solicitados por el Gobierno, para así crear plazas formales de trabajo.

Aporta también que el adoptar una legislación laboral moderna es otra necesidad, pues “la que tenemos es desactualizada a la era actual”, y que los varios empleos que existen han modificado las formas de trabajar y necesidades de trabajadores, para crear competitividad.

Marcela Arellano, del Frente Unitario de Trabajadores, no concuerda con varias de las propuestas de esta proyecto de ley. Considera que la generación accesible y barata de crédito a campesinos daría espacio para la creación de empleo adecuado.

“Una vez que existen desastres naturales, los campesinos se ven obligados a ir a la ciudad. Si los créditos otorgados son baratos y accesibles, esto lograría que el ciudadano se quede en el campo, asegurando la soberanía alimentaria y empleabilidad”, comenta.

Sin embargo, esta propuesta se ve obstaculizada, a decir de Arellano y de los gremios de los trabajadores, por la amnistía tributaria que plantea la reforma tributaria. “Esto daría perdones tributarios a grandes grupos económicos, pero no contiene garantías, seguros de que se oferte empleo o empleo adecuado”, asegura.

A esto agrega que la preocupación por la propuesta que contempla la existencia de zonas francas (áreas geográficas con beneficios tributarios y aduaneros).

“Lo que ocurre en las zonas francas en varios países del Tercer Mundo es que en muchos casos son violentados los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, el salario de Bangladés está entre 200 dólares, pero quienes están en suelos francos es una décima”, dijo la representante gremial.

Explica que si se sigue el proyecto de ley para generar empleo de Noboa, todas las empresas, a excepción del sector financiero, minero y petrolero, podrían declararse como zona franca, lo que Arellano destaca que, implicaría la exención de impuestos y pagos de los mismos y, consigo, la posible violación de derechos laborales.

Sin embargo, para Diego García, director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Técnica Particular de Loja, las propuestas no son malas. Considera que los incentivos tributarios son un buen primer paso para atraer la inversión extranjera.

Pero lo que frena este desarrollo y creación de plazas laborales formales, es la actual situación de inseguridad que se vive. Considera que primero debe solucionar esta arista, para poder dar los siguientes pasos para garantizar el empleo digno.

CIFRAS

• Subempleo representado por edades

El subempleado se define como aquellas personas que perciben ingresos inferiores al mínimo, y es una problemática que afecta a miles de ecuatorianos de los distintos grupos etarios del país.

De acuerdo a las cifras del INEC, la población que predomina en este panorama son aquellos entre los 45 y 64 años, representando el 32,8 % de trabajadores en situación de subempleo.

Y detrás de este grupo, están las personas entre las edades de 25 y 34 años, representando el 22,8 %.

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