Inquieta la ley de EE. UU. para bajar inflación
La UE está preocupada porque la norma afecte la producción de carros eléctricos. Las potencias crean grupo de trabajo
La Comisión Europea ha trasladado a Estados Unidos las cuestiones que más le preocupan dentro de la Ley de Reducción de la Inflación estadounidense, que ha levantado alarmas en Bruselas al considerar que afectará negativamente la producción de vehículos eléctricos europeos y para la que ambas potencias han creado un grupo de trabajo conjunto.
La primera reunión del grupo, entre el gabinete de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, tuvo lugar el pasado viernes y, según un documento al que ha tenido acceso EFE, el Ejecutivo comunitario trasladó a los estadounidenses las “preocupaciones serias” que le genera el que será uno de los proyectos estrella del presidente Joe Biden.
“Pese a sus intenciones loables, la UE no puede sino advertir de preocupaciones serias sobre la forma de diseñar los incentivos financieros bajo esta legislación, tanto en lo que se refiere a las provisiones específicas, notablemente con su naturaleza discriminatoria, como en sus efectos acumulativos y potencialmente adversos en la industria europea”, apunta el documento.
Con esta legislación, Washington espera destinar 400.000 millones de dólares en nuevas inversiones, centradas principalmente en impulsar la industria de la energía verde en el país y reducir las emisiones de gases contaminantes.
La Comisión Europea, en cambio, cree que los planes estadounidenses para impulsar el vehículo eléctrico, con créditos de impuestos a los compradores de ese tipo de automóviles, discriminan a los productores extranjeros.
En concreto, a Bruselas le alarman nueve disposiciones de crédito fiscal que incluye la legislación propuesta, entre ellas para el combustible de aviación sostenible, la producción de hidrógeno limpio, la producción manufacturera avanzada o los vehículos impulsados por energía limpia.
También le preocupan los incentivos a la producción e inversiones en electricidad limpia o en combustibles limpios y a las extensiones y modificaciones de electricidad procedente de ciertas fuentes renovables.
El documento explica en profundidad las preocupaciones de Bruselas y sus propuestas para paliarlas y advierte a Washington que la ley “arriesga causar no solo daño económico a Estados Unidos y sus socios comerciales más cercanos”, sino también “activar una carrera global a la baja en subsidios a tecnologías claves y activos para la transición verde” y “crear tensiones que podrían llevar a medidas recíprocas y de represalia”.
