Isspol: Extradición de Chérrez, dentro de la cancha política

México da un nuevo soplo al caso Isspol. La confirmación oficial de que Jorge Chérrez, el principal urdidor de las inversiones fallidas del seguro policial, reside en ese país, motivó a la jueza Gianella Nortiz disponer el inicio del proceso de extradición en su contra, el pasado 22 de noviembre de 2022.

Así se conoció ayer luego de que la providencia, emitida por Nortiz, dispusiera elevar el pedido a la Corte Nacional de Justicia para que encamine esta diligencia. Según se explica en el documento, el 11 de octubre de 2022, el país norteamericano dejó constancia de que Chérrez ingresó a México, desde Panamá, en calidad de “residente por unidad familiar”. Lo hizo el 16 de enero del 2021, a través de un vuelo comercial.

La respuesta de ese país se da tras la difusión roja solicitada por la Fiscalía de Ecuador y que fue aceptada por Interpol, en el marco del caso Decevale, una de las investigaciones que por falsedad de información se siguen en contra de Chérrez, quien tiene dos órdenes de prisión.

Al él se le atribuye gran parte de la desaparición de los fondos del Isspol. Según investigaciones, de los $ 950 millones que hoy pugna la entidad por recuperar, casi $ 700 se habrían gestionado a través de tres empresas de Chérrez: $ 327,3 millones se destinaron a la compra de bonos de deuda interna, conocida como operación swap, $ 216 millones a bonos con pactos de recompra y la supuesta compra de $ 162 millones en bonos de deuda externa.

Renato González, director del Isspol, advierte el giro que da el caso al entrar a la cancha política, pues la Corte deberá extender el pedido de extradición a través de Cancillería. De ahí que este proceso podría avanzar según la voluntad de las autoridades, no solo locales, sino las del Estado mexicano.    “Aquí ya está entrando un factor político, porque ese país podría como no podría aceptar este pedido”, anota González.

Paúl Córdova, especialista en derecho constitucional, sostiene que, en efecto, hecha la solicitud formal de Ecuador, será México el que dirima sobre este tema. “Lo primero que hará es revisar que la petición de extradición cumpla con los requisitos establecidos en instrumentos y tratados internacionales, así como también que se cumpla los requisitos en materia de extradición del país requerido”.

Córdova señala que este pedido puede ser concedido o negado, pero que ambas decisiones pueden ser recurribles, tanto por la defensa del reclamado como por la Fiscalía de México.      ¿Pero qué factores pueden dar paso a una negativa? El experto señala que una de las alegaciones que más se citan está relacionada al incumplimiento de normas previstas en instrumentos internacionales, como cuando se constata que el pedido de extradición es motivado por una persecución política.

“En caso de que el Estado reclamante no garantice las condiciones de un debido proceso en caso de interferencia política en procesos judiciales, podría evaluar una negativa. Tiene que ver con que se pueda poner en riesgo los derechos de la persona que ha sido solicitada”, señala.

Al no haberse constatado aún una vinculación directa de Chérrez con alguna agrupación política, es menos factible que México pueda rechazar la solicitud, opina Mauricio Gándara, exministro de Gobierno. “Debería ser un trámite legal, ordinario. El señor Chérrez no está en la misma calidad de exautoridades que ya han pedido asilo en ese país. No es una figura que tenga    tantas implicaciones políticas, como sí las tiene el expresidente Rafael Correa, por ejemplo; se trata de alguien que aparentemente administró mal una entidad del Estado que maneja fondos privados”.

Chérrez debe enfrentar procesos en EE. UU. La justicia de ese país abrió una investigación por una supuesta participación en un esquema de soborno y lavado de dinero en suelo americano,    con dinero del Isspol. En este caso, tanto Luis Álvarez Villamar, exgerente de Operaciones del Depósito Centralizado de Valores de Ecuador (Decevale), como Jhon Luzuriaga, exdirectivo del Isspol, confesaron haber recibido coimas millonarias por parte de Chérrez, a cambio de facilitarle transacciones.

• ELECCIÓN DE CONSORCIO JURÍDICO 

González señaló ayer que el Instituto de Seguridad Policial está por iniciar una nueva etapa de recuperación de valores. Hoy está previsto que el Consejo Directivo del Isspol se reúna para seleccionar, de entre 10 propuestas, el consorcio jurídico con el que se realizará la fase contractual. “Elegiremos un régimen especial, que es el más ágil. Será una contratación directa con base en las necesidades del Instituto. Luego de la selección, estimamos que en unas cuatro semanas podamos firmar el contrato”.

• VENCE EL PLAZO PARA EL BCE

Hoy vence la extensión del plazo que el Banco Central del Ecuador (BCE) solicitó a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Por ello la expectativa es que esta entidad pueda desembolsar $ 291 millones a las cuentas del Isspol. De esos recursos, $ 263 millones se deberán transferir en bonos de deuda interna; el resto, en efectivo. El dinero es un remanente de la llamada operación swap.