Isspol: la investigación sigue sin tocar a los entes de control
La revelación de un nuevo soborno reactiva el pedido de acelerar los procesos judiciales a nivel local. Desde la Asamblea Nacional se encamina por primera vez un juicio político
La confesión de Luis Álvarez, exgerente de Operaciones del Decevale (Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores), de haber recibido $ 3,1 millones como soborno a cambio de simular una custodia de las negociaciones impulsadas por Jorge Chérrez, presidente de Ibcorp Investments, es un nuevo motivo para que los directivos del Isspol, dueños del dinero, exijan mayor celeridad en la investigación y los procesos judiciales que en el país se llevan a cabo. Un caso que todavía no termina por incluir el nivel de responsabilidad que habrían tenido las autoridades de control.
Después de esta revelación, que se ha conseguido gracias al trabajo que realiza el Departamento de Justicia de Estados Unidos, “lo que esperamos es que la justicia ecuatoriana haga su parte. Álvarez lo que hace es aceptar haber recibido $ 3,1 millones y un departamento, pero eso es dinero que ha llegado a suelo estadounidense. Sabemos que acá en Ecuador varias empresas de los hijos de Álvarez también recibieron transferencia de valores del Isspol”, dice Renato González, director del Seguro policial, que desde agosto del año pasado pugna por recuperar $ 950 millones de su portafolio, $ 693 millones de ellos tomados por Chérrez para ser invertidos en supuestos bonos externos.
La deuda en este tema, señala González, está en los juzgados. Aún están a la espera de que la Corte Provincial de Justicia de Pichincha se pronuncie sobre el recurso de hecho presentado por Chérrez, el cual dificulta su vinculación en la instrucción fiscal que se inició a finales del 2020 para determinar si hubo un delito de peculado. “Esperamos que se instale la audiencia de vinculación para que la Fiscalía pueda realizar la formulación de cargos contra varias personas. Una de ellas es el señor Chérrez”, sostuvo el directivo, quien añadió que igual expectativa existe con los procesos iniciados en Guayaquil. En esta ciudad existen dos investigaciones que ya pasaron la instrucción fiscal y que ahora se encuentran en etapa procesal.
No obstante, los intentos por recuperar el dinero no terminan en el caso Chérrez. El Isspol también exhorta iniciar procesos en contra de los responsables que participaron en el trámite y colocación de títulos valores en bolsas que hoy tienen comprometidos más de $ 200 millones, incluyendo a las mismas autoridades de control, como la Superintendencia de Compañías (Supercía), llamada a velar por las acciones del mercado bursátil y el Decevale.
Uno de los hechos que se siguen cuestionando, y que fue dado a conocer por EXPRESO en septiembre de 2020, es la omisión o laxo control que habría tenido la Supercía con Ecuagran y Delcorp, dos de las empresas que en el 2019 lograron emitir $ 30 millones en obligaciones, aun cuando previamente la autoridad ya había tenido conocimiento de las dificultades económicas que tenían. Una de ellas, Ecuagran, estuvo intervenida un mes antes de la emisión.
Lo cierto es que casi a un año de que estallara este caso, aún no hay autoridad responsable. El juicio político en contra de funcionarios de control, ofrecido por la anterior Asamblea, nunca se dio. Ahora, tras el inicio de un nuevo periodo legislativo, el asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC) Luis Almeida dice abanderar la investigación de este tema, cuyos resultados, adelanta, ya ponen en entredicho la actuación del actual superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, a quien le anuncia un juicio político. Diario EXPRESO ayer pidió a la Superintendencia una entrevista al respecto, pero hasta el cierre de esta edición esta no se dio.
- ENTREVISTA: Luis Almeida, asambleísta por el PSC
EL JUICIO POLÍTICO ESTÁ CERCA
¿Cómo reacciona la Asamblea ante este tema?
La justicia debe hacer lo suyo, pero desde el Legislativo creemos que es hora de iniciar un juicio político, sobre todo en contra de quien dirige la Superintendencia de Compañías, el ente llamado a velar por las actuaciones del mercado de valores y el Decevale. Eso no se hizo.
¿Cómo encaminan este proceso?
La investigación la inicié hace unas semanas y he pedido información a la Superintendencia para concatenar e hilvanar toda la información que tenemos y que Diario EXPRESO ha venido denunciando, para con ello iniciar un juicio político y sacar a los malos funcionarios. Esperamos una respuesta de la Superintendencia, pero la próxima semana empezaremos a recolectar las firmas. Estamos listos para iniciar las acusaciones respectivas.
¿Cuántas firmas se requerirían?
Es lamentable que este tema haya tenido que llegar a la justicia extranjera para que el país actúe. Serán 35 firmas de respaldo que se requieren para esto. Tras la acusación, estimamos que el proceso se iniciará en mes y medio.
