Ley que afecta inversiones en España fue aprobada
El país ibérico dio paso a la Ley por el Derecho a la Vivienda. Se advierte que la nación será menos atractiva para los capitales
Este 27 de abril de 2023, el Congreso español dio luz verde a la Ley por el Derecho a la Vivienda, la primera norma en esa materia de la democracia en España que, entre otros puntos, permitirá poner topes a los precios de alquiler, un asunto que ha entrado de lleno en la precampaña para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.
La Ley, calificada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como “un hito para la mayoría social y en especial para los jóvenes” y muy criticada por la oposición conservadora, fue aprobada por 176 síes, 167 noes y una abstención, de un total de 350 diputados que tiene el Congreso.
El texto, pactado por el Ejecutivo español de coalición de izquierdas (Partido Socialista y Podemos), con sus socios independentistas catalanes (ERC) y vascos (Bildu), tuvo el voto en contra de la oposición conservadora (PP), la ultraderecha (Vox) y varios partidos nacionalistas y regionalistas.
La ley incluye nuevos conceptos que hasta ahora no habían formado parte de ninguna normativa, como la limitación del precio de los alquileres en zonas tensionadas, es decir aquellas en las que los precios están disparados, y prevé recargos de entre el 50 y el 150 % en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) para las viviendas vacías durante más de dos años.
Desde el lado de los inversionistas, se teme que la norma pueda afectar el apetito para inyectar capitales en el país ibérico. Como lo reportó EXPRESO, la nueva ley plantea mayores ventajas para los okupas, el movimiento de personas que acostumbran invadir propiedades que no les pertenecen, de forma temporal o permanente. Se ha mencionado que lejos de ayudar a los necesitados, esta es una norma que vulneraría los derechos de propiedad privada de muchos inversores, incluyendo a los ecuatorianos.
La propuesta de ley plantea nuevos requisitos que vuelven engorroso el desalojo de estas personas, pues ahora no solo se exigirá que el denunciante acredite su condición de gran propietario, sino que demuestre que quien ha invadido o no quiere desalojar su bien (en caso de no poder pagar rentas de alquiler) usa la vivienda como domicilio habitual y si este está o no en situación de vulnerabilidad económica.
La ley aprobada puede afectar de lleno a inversionistas de la región. Por ejemplo, de las solicitudes de inversión inmobiliaria que recibe Remax en un año, al menos el 50 % proviene de países como México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina y Chile.
Solo en Ecuador, señala la firma especializada en bienes raíces, llega a recibir hasta 1.000 propuestas por mes, de las cuales hasta un 15 % proviene de inversores cuyo perfil encaja en el de ‘grandes propietarios’.
