“La ley animal atenta contra la formalidad y la producción”

El pasado 1 de agosto, el Pleno de la Asamblea Nacional debatió el primer informe del proyecto de Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales, realizados por la Comisión de Biodiversidad, que eliminaba polémicos artículos de la propuesta original que dio la Defensoría del Pueblo como prohibir que se exhiban animales recién faenados, colgados o cocinados en el espacio público, vitrinas o locales comerciales. Los legisladores respaldaron los cambios.

Rodrigo Gómez de la Torre, vocero del colectivo Bienestar Animal y uno de los voceros de los sectores de la producción como la Asociación de Productores de Alimentos Balanceados del Ecuador (Aprobal), la Corporación de Avicultores, Agricultores, Asociación de Ganaderos y la Cámara de Industrias y Producción, conversó con EXPRESO sobre el debate de la propuesta legal. 

- ¿Ustedes, desde el sector productivo, estuvieron 100 % de acuerdo con el informe aprobado en el primer debate en la Asamblea?

- Este informe es bastante mejor que la ley que propuso la Defensoría, pero todavía guarda un sinnúmero de indefiniciones. No estamos 100 % de acuerdo. Pensando en términos transversales, todavía se guardan prohibiciones absolutamente innecesarias cuando ya existen otras normas como la ley de Bienestar Animal, la ley de Sanidad Agropecuaria, la ley de Pesca y resoluciones de Agrocalidad.

- ¿Qué es lo que aún consideran que está de más en la ley?

- Cuando tenemos una definición clara de los destinos que se les da a los animales, sean para consumo, para compañía, para trabajo o para experimentación, tener Prohibiciones Generales no vienen al caso. También está pendiente analizar el capítulo de acuicultura y pesca    (que prohíbe mantener en cautiverio a animales de mar, lo que imposibilita la maricultura y apicultura como piscinas de peces y camarones).

- ¿Por qué no deben existir prohibiciones?

- Esas prohibiciones (el proyecto aún establece 150 prohibiciones y 182 sanciones), no deben existir porque la Corte Constitucional determina que los derechos de los animales tienen que estar supeditados a la especie y al tipo de animal.

- ¿Cómo es que una ley que protege los derechos de los animales, puede afectar la alimentación de los ecuatorianos?

- La normativa que se planteó desde la Defensoría del Pueblo atentaba a los sectores de la economía. Cuando hacemos referencia a la alimentación particularmente, si no se puede exhibir carcasas de animales como el pollo en el asadero, ya hay un problema. Se pretendía imponer regulaciones antitécnicas. Para quienes podían cumplir con las exigencias, tenían que ingresar a costos adicionales que derivaban a un precio final que lo pagaba el consumidor. De igual manera, cuando se restringen ciertos procesos de innovación como mejoras genéticas, la productividad baja (el proyecto prohibía el suministro de antibióticos o antimicrobianos subterapéuticos, aditivos o promotores de crecimiento en los animales, así como el hacinamiento de pollos y pavos para la producción de carne y prohibía la comercialización de leche extraída directamente de la vaca). Al bajar la productividad también se incrementan los costos. Si se incrementan los costos en la fase productiva, se complica la comercialización, la cocción y expendio y afecta directamente la alimentación de los ecuatorianos.

- Todo lo mencionado ya fue eliminado en el primer informe, ¿qué piden para el segundo informe?

- Además del capítulo de fauna marina y acuática, del que no se han hecho los cambios; creemos que el Consejo Interinstitucional de Protección y Defensa de los Derechos de los Animales no tiene razón de existir. Si ya tenemos claro que los animales de compañía están siendo regulados por los gobiernos municipales, los de trabajo, oficio, experimentación y consumo están regulados por el Ministerio de Agricultura y Agrocalidad y acuerdos internacionales; los de fauna silvestre por el Ministerio de Ambiente; los de fauna Marina por Ministerio de la Producción y los animales plagas tienen que ver con el Ministerio de Salud, ¿para qué crear ese consejo?...Ya tenemos un sinnúmero de normas y resoluciones que tenemos que cumplir.

- La Defensoría ha mencionado que los productores solo quieren defender sus intereses económicos y no mejorar...

- Tanto el sector industrial como productivo han venido mejorando sus prácticas en base a las normas que vienen direccionadas desde Agrocalidad. Yo le garantizo que de los casi 4 millones de reses que hay en el Ecuador que producen carne y leche, al menos el 98 % están perfectamente bien tratadas, por pequeños, micros, medianos y grandes productores.

- ¿Cuáles cree que serán las consecuencias de esta ley en la que ahora trabaja la Asamblea?

- No podemos tener una norma que afecte negativamente a los sectores económicos. Cuando a los pequeños y medianos productores se les plantean exigencias y prohibiciones excesivas, simplemente se van a la informalidad o dejan la producción. La gran industria podría asumir los costos de la nueva inversión, pero los trasladará al consumidor final.

- ¿Por qué está seguro de que la aplicación de leyes como estas, subirían los costos?

- En el caso de España donde esto ya se aplicó, en el ámbito del sector productivo el costo de los alimentos subió sustancialmente y el 30 % de la producción se acabó.

- ¿Según su intervención en la Asamblea, esta propuesta de la Defensoría tendría influencia extranjera?

- Una ley similar se quiso aplicar en Colombia hace un par de años. También se parece a una ley que se está tratando en Argentina y en Chile. Es difícil creer que sea una coincidencia que todos estos países hayan pensado simultáneamente en la misma ley.

- ¿De aprobarse leyes como estas, en qué tanto afecta la facturación del sector productivo?

- Dentro de la producción bruta nacional, la cadena agroalimentaria vinculada a proteína de origen animal representa casi el 15 %, sobre ese porcentaje tendríamos una afectación directa.

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