El Ministerio de Energía depura el catastro minero

El Ministerio de Energía y Minas definió como prioridad la depuración del catastro minero, pero aún no tiene una fecha exacta de su apertura, pues, actualmente, se encuentra en la fase previa de su depuración, de acuerdo con la viceministra del ramo, Rebeca Illescas.

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Sin embargo, la funcionaria informó que hay avances, pues Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo suscribieron un contrato que permitió al Ministerio modernizar y ordenar la gestión minera, a través de la compra de un software nuevo para el sector, por un monto de $2 ,9 millones.

Este sistema integral “incorpora 33 procesos orientados a la apertura del catastro y a asegurar una gestión minera eficiente, transparente y ordenada”,    y actualmente se está implementando el software.

Mientras tanto, la semana pasada, en Quito, hubo dos manifestaciones relacionadas con el tema. La primera fue el jueves, en que las mujeres waorani realizaron un plantón para reclamar un fallo de la Corte Constitucional sobre el consentimiento previo, libre e informado, y la segunda fue una marcha de movimientos sociales el viernes, que incluía a la Conaie, que entre sus demandas expuso “la erradicación de la minería ilegal para salvaguardar el medio ambiente y las fuentes hídricas”.

El catastro se cerró en 2018, durante el gobierno de Lenín Moreno, y su apertura fue anunciada desde 2021, en el mandato de Guillermo Lasso. Incluso, se habló de que esto pasaría en 2023, pero no ocurrió. Para ese entonces, existían más de 600 solicitudes de exploración que quedaron en cola.

Los movimientos indígenas plantearon que eso no debía suceder sin que se aprobara la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada. De hecho, el anuncio de reapertura del catastro fue uno de los reclamos de grupos antimineros en el paro nacional que duró 18 días en junio de 2022 y que dejó graves pérdidas económicas para el país.

Tito Madrid, del Frente Nacional Antiminero, señala que ahora corporaciones mineras multinacionales, principalmente, manejan cerca de 1,8 millones de hectáreas de tierra de cultivos del país (el 15%) y “el catastro minero fue cerrado por demandas de la población, amenazada con el despojo de sus tierras (...). La reapertura del catastro pretende ampliar la entrega del país al interés de enriquecimiento de las empresas foráneas que dejan escasos beneficios para el Estado”.

En la Asamblea están tres proyectos en trámite sobre el tema a la espera de ser tratados, y fueron presentados por el expresidente de la Asamblea y actual candidato presidencial, Henry Kronfle, por la Defensoría del Pueblo y por asambleístas de Pachakutik en 2022.

Cuando Daniel Noboa asumió el poder, retomó los planos de reabrir el catastro. A inicios de marzo acudió, junto a la entonces ministra de Energía y Minas Andrea Arrobo, a la Prospectors & Developers Association of Canada, PDAC 2024, una importante cumbre de la industria minera celebrada en Toronto. Allí se suscribieron compromisos por cerca de $ 4.800 millones en inversión en el ramo. Arrobo anunció planes de facilitar el retiro de concesiones mineras que no estén utilizadas, no hayan sido pagadas o estén bajo explotación ilegal.

Luego, su sucesor, Antonio Goncalves, retomó el tema en la inauguración de la feria XVII Expominas, en julio, donde mencionó que la actualización de ese instrumento era parte de la política minera estatal. Y en agosto, el entonces viceministro de Minas, Diego Ocampo, le dijo al portal Primicias que el catálogo se reabriría en noviembre. Para entonces, dijo que quedaban pendientes 384 solicitudes y el objetivo del Gobierno es evacuar todo el próximo año.

Para María Eulalia Silva, presidenta Ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, el cierre del catastro minero marcó el crecimiento de la explotación ilegal y este es un fenómeno que no ocurre solo en este campo. “Cuando una industria necesaria tiene cortapisas para su evolución, rápidamente evoluciona su producción ilegal”.

Por eso ve con buenos ojos que el Gobierno planifique reabrir el catastro y considera que en el país “los ecuatorianos debemos discutir qué queremos hacer con nuestros recursos”. Según Silva, más allá del software y el mapa, es importante tener las reglas claras y el marco normativo bajo el cual se otorgarán las concesiones. “Se necesita que todo sea transparente y que seamos exigentes con quien venga. No podemos malbaratar los recursos. Debemos ser selectivos para discernir entre los mejores oferentes: compañías con trayectoria en minería, con buenas prácticas ambientales y sociales”.

En septiembre hubo un remezón, pues la Fiscalía y la Policía allanaron las oficinas del Ministerio de Energía y Minas y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) para continuar con una investigación por supuestas inconsistencias en la entrega de más de 600 concesiones mineras otorgadas entre 2018 y 2024. De acuerdo con la Fiscalía, se buscaban indicios sobre un presunto “crecimiento en las plantas de beneficio, las cuales se encontrarían procesando material aurífero sin verificar la trazabilidad y procedencia del mineral”.

Un nuevo comité y la disposición de actualizar el catastro

El 23 de octubre, el presidente Noboa emitió su decreto ejecutivo 435 mediante, el cual creó el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim), que está presidido por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia y debe encargarse de la coordinación interinstitucional para evaluar riesgos y oportunidades en este sector. Está formado por once instituciones del Estado, cuatro de las cuales no tienen voto. Constan siete ministerios, incluidos los de Energía, Ambiente, del Interior, Defensa, Gobierno, entre otros, dos secretarías y otras entidades como el SRI, la Aduana, el CIES y la UAFE.

En el decreto, el presidente también dispuso a los ministerios de Ambiente y de Energía y Minas y al Arcom la actualización inmediata del catastro “y de los riesgos correspondientes a las autoridades administrativas ambientales, en un plazo no mayor a seis meses”, y que debe incluir concesiones, autorizaciones, licencias, registros, certificados y permisos otorgados, revocados y cancelados para facilitar las acciones de control.

Este es un paso para frenar el avance de la minería ilegal. Aunque desde el Frente Antiminero, Tito Madrid señala que existe “una falsa dicotomía”, porque “ambos procesos de extracción minera son ilegales. Por ejemplo, las grandes corporaciones mineras extranjeras no respetan el derecho al consentimiento de las comunidades. Simplemente desplazan a la población”. Él señala que no existe tecnología inocua, pues existen casos como la silicosis, “una enfermedad típica de los obreros de las minas que es degenerativa e incurable”.

Por su parte, la viceministra Illescas señala que “el nuevo sistema integral para la gestión minera permitirá tomar mejores acciones de política pública que ayudarán a mitigar la extracción ilegal de minerales y los delitos derivados a partir de esta práctica”, y ese control es una carga del nuevo Conim y de las instituciones de seguridad.

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