El Ministerio de Trabajo pondrá fin a la remuneración variable del sector público
La ministra Ivonne Nuñez dijo ya estar trabajando en un reglamento que prevé tener listo en octubre
El Ministerio de Trabajo tiene previsto emitir el reglamento para la Ley de Empresas Públicas, en octubre próximo. Uno de los objetivos, según explicó Ivonne Núñez, ministra de esta cartera de Estado, es poner fin a la remuneración variable que se paga en entidades públicas.
Esta ley fue promulgada en el 2009, pero desde ese entonces no ha existido un reglamento para establecer la correcta aplicación y cumplimiento de la norma. "A nuestro criterio no es posible pagar este tipo de remuneración y eso está en los contratos colectivos. En el contrato de CNEL está el pago de remuneración variable, que no es otra cosa que la rentabilidad, una utilidad en el sector público. Pero eso no se puede hacer, se paga utilidad solo en el sector privado", dijo en entrevista para Radio Centro.
Esto se da en la línea de control que esta cartera de Estado ejecuta sobre los contratos colectivos. El pasado 1 de julio de 2024, se solicitó a la Contraloría General del Estado que revise y proceda a anular los contratos colectivos de cuatro empresas públicas: Cnel (Corporación Nacional de Electricidad), Petroecuador, CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones) y Celec (Corporación Eléctrica del Ecuador). Núñez señaló que la Contraloría ya notificó el inicio de este examen.
El mismo Ministerio había detectado antes que empleados públicos que ganan por sobre el sueldo del presidente de la República de 5.072 dólares. Una de las razones es que si bien los salarios están por debajo que el del primer mandatario, beneficios suscritos en los contratos hacen que estos se eleven por hasta los 13.000 dólares, en algunos casos.
La funcionaria explicó que este tema se viene impulsando desde marzo pasado, pues en ese mes la cartera de Estado fue llamada a comparecer en una acción de protección de segunda instancia del caso Celec, que buscaba el traslado de 1.080 trabajadores desde la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) al Código del Trabajo, para poderse acoger a los beneficios de la contratación colectiva, lo que representaba un costo de $ 200 millones para el Estado.
"Nosotros litigamos y ganamos porque demostramos que la Corte Constitucional, en anteriores ocasiones, ya se ha pronunciado que no es posible el traslado porque tienen régimen laboral propio y naturaleza propia de la actividad", dijo la funcionaria, quien señaló que fue este hecho lo que lo llevó a preguntarse qué sucedía con las otras empresas.
"Fue así que descubrimos que en el caso de CNT ya habían hecho traslado y para evadir un dictamen obligatorio del Ministerio de Finanzas, se habían acogido a una decisión administrativa del Ministerio de Trabajo", señaló.
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