La ministra de Trabajo pide anular contratos colectivos de empresas públicas
Ivonne Nuñez acudió a la Contraloría para que se realice un examen especial a los acuerdos de empleo en 4 entidades públicas
La mañana de este 1 de julio de 2024, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, acudió a la Contraloría General del Estado para pedir que se anulen contratos colectivos de algunas empresas públicas.
El mismo Ministerio de Trabajo había detectado empleados públicos que ganan por sobre el sueldo del presidente de la República de 5.072 dólares. Una de las razones es que si bien los salarios están por debajo que el del primer mandatario, beneficios suscritos en los contratos hacen que estos se eleven por hasta los 13.000 dólares, en algunos casos.
Además, Nuñez presentó una solicitud para que se realice un examen especial a los contratos. La cartera de Estado señaló que esta medida busca identificar posibles responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, así como declarar la nulidad de contratos en los que se hayan infringido las normas legales, conforme al artículo 26 de la LOEP.
Los contratos bajo escrutinio son:
- CNEL: Primer contrato colectivo de trabajo con el Comité de Empresa de los Trabajadores, suscrito el 18 de mayo de 2021.
- Petroecuador: Primer contrato colectivo de trabajo con el Comité de Empresa de los Trabajadores (CETRAPEP), suscrito el 15 de noviembre de 2017.
- CNT: Tercera revisión del contrato colectivo de trabajo con el Comité de Empresa Nacional de Trabajadores, suscrito el 10 de noviembre de 2023.
- Celec: Segundo contrato colectivo de trabajo con el Comité de Empresa de los Trabajadores (CETRACELEC), suscrito el 10 de enero de 2018.
La Contraloría, dijo el Ministerio de Trabajo, en su papel fiscalizador, deberá examinar esos contratos, ya que fueron aprobados sin los dictámenes previos del Ministerio de Economía y Finanzas, y revisará el traslado de servidores desde la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) al Código del Trabajo, lo cual podría implicar un desconocimiento de las diferencias entre estos regímenes legales.
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