Moreno envía nuevamente el proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización a la Asamblea
El pasado 10 de febrero, la propuesta fue rechazada por el Legislativo por errores de redacción.
La noche de este 23 de febrero de 2021, el Ejecutivo volvió a enviar el proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización a la Asamblea Nacional. La propuesta es uno de los objetivos a cumplir dentro del programa suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el año pasado y que brinda al país $ 6.500 millones en financiamiento, de los cuales, $ 4.000 millones ya se han desembolsado.
El pasado 10 de febrero, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), con siete votos a favor, decidió no calificar y devolver al Ejecutivo el proyecto de ley, que busca dar mayor independencia al Banco Central del Ecuador (BCE). Según legisladores, el motivo de la devolución del documento fue errores de redacción.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la propuesta de Ley para la Defensa de la Dolarización, que reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero, busca proteger su sistema monetario al fortalecer la independencia del BCE. En este sentido, uno de los objetivos del proyecto es dotar de autonomía técnica al BCE para evitar manejos políticos e irresponsables que busquen utilizar las reservas internacionales para financiar el gasto del Estado.
Según la propuesta, las funciones del BCE se centrarán en formular e implementar la política monetaria, proteger la estabilidad financiera, elaborar la programación macroeconómica, entre otras.
Además, con esta Ley se recuperarán los cuatro sistemas del balance de la entidad, para garantizar y transparentar el debido respaldo de las reservas internacionales a los depósitos que se tengan en el BCE.
La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera pasará a ser la Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF). Será un órgano independiente, encargado de emitir el marco regulatorio prudencial, al que deben sujetarse las entidades financieras, de valores y seguros, así como de formular políticas y expedir regulaciones que fomenten la inclusión financiera. La reforma legal busca implementar mejoras en la supervisión del sistema financiero y de la economía popular y solidaria, en beneficio de los depositantes y la estabilidad del sistema financiero nacional.
