Petroecuador: la millonaria póliza que se acusa por corrupción

En los últimos tres meses, Petroecuador volvió a entrar en el radar de la polémica, en medio de un proceso de adjudicación de una póliza que, a un costo cercano a los $ 99 millones, busca cubrir de todo riesgo a sus bienes valorados en más de $ 10.000 millones. En ese tiempo salieron a la luz actos de corrupción que apuntaban a ‘echar abajo’ el concurso, que finalmente terminó adjudicándose a Seguros La Unión, pero desencadenando consigo un nuevo escándalo: el inicio de una investigación por peculado.

Lo último que el país conoció sobre este caso fueron los allanamientos de cinco inmuebles pertenecientes a Petroecuador y Seguros La Unión, una diligencia que se cumplió el pasado 5 de octubre y que fue hecha pública por la propia Fiscalía. Un remezón que apenas seis días después coincidió con la renuncia de Ramón Correa a la gerencia general de la petrolera estatal. ¿Pero qué hay detrás de este tema? EXPRESO conoció que al menos tres razones fueron las que motivaron a la Fiscalía a abrir una investigación contra esta contratación que, según Petroecuador, cumplió con todos los parámetros legales.

La primera apunta a la forma antitécnica en la que la compañía petrolera habría establecido su presupuesto referencial de $ 99 millones para contratar una póliza de seguros de todo riesgo petrolero y responsabilidad civil marítima y no marítima. Según conoció este medio, para fijar ese monto se habrían tomado en cuenta cotizaciones facilitadas por aseguradoras del mismo mercado (incluyendo a Seguros La Unión, única oferente en este proceso) y no un inventario como base para determinar una valoración técnica de los bienes, tal como dispuso la Contraloría General del Estado (CGE) en un examen especial en el 2021.

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Aún la estatal tiene que explicar por qué los $ 99 millones fijados para este nuevo contrato distan de los $ 80 millones del presupuesto fijado en los dos años anteriores.

La segunda causa está relacionada con los parámetros establecidos en el concurso y la experiencia que habría demostrado Seguros La Unión para ganar esta licitación. Según los pliegos de los procedimientos de contratación del seguro, publicados en la página del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), las firmas participantes del concurso debían presentar copias simples de carátulas de las pólizas que acreditaran una experiencia general adquirida en cualquier ramo por el valor mínimo acumulado de $ 5,4 millones, así como una experiencia específica por $ 2,1 millones.

Pero si bien La Unión adjuntó documentos para cumplir con este requisito, lo presentado no habría estado relacionado a la experiencia de cobertura en el área petrolera, con la que se relaciona gran parte de los activos de Petroecuador, pues solo entre campos petroleros y sus tres refinerías el valor de sus bienes supera los $ 6.000 millones.

Entre los documentos que La Unión presenta como sustento (a los cuales tuvo acceso este Diario) están las copias de 19 pólizas que, entre otras áreas ajenas a la petrolera, demuestran su gestión en el ramo de responsabilidad civil o daños a terceros.

EXPRESO contactó el pasado 23 de octubre a Ramón Correa, exgerente general de Petroecuador y quien dio paso a la adjudicación de este concurso, pero él se excusó de hablar del tema alegando que su intervención no era “necesaria, por ahora”. Las actuales autoridades de la estatal, en cambio, se negaron a dar una entrevista señalando que este tema está en reserva, pues aún se encuentra en etapa de investigación previa. Igual argumento tuvo Homero Cepeda, actual representante legal de Seguros La Unión.

Está pendiente conocer si Petroecuador cumplió o no con la orden de Contraloría de revalorizar sus activos antes de la contratación del seguro y sobre los mecanismos que empleó para garantizar una cobertura en caso de que sus bienes se vieran expuestos a una emergencia.

Analistas, más allá de evaluar la baja cuantía impuesta para probar la experticia de la aseguradora ($ 5 millones ante los $ 10.000 millones por cubrir), creen que es imprescindible que la petrolera pueda aclarar el nivel de respaldo que La Unión demostró tener con empresas reaseguradoras, pues es la única forma de garantizar un servicio eficiente. “Esto porque ninguna empresa ecuatoriana podría cubrir la eventualidad de una catástrofe en la refinería de Esmeraldas, en Shushufindi, etc. Aquí es indispensable conocer el alcance de los reaseguros”, explica Luis Calero, experto petrolero.

Pero estas no son las únicas irregularidades que se estarían investigando. A esto se suma también la verificación de las mismas pólizas que la aseguradora presentó como parte de los requisitos. De las 19 presentadas en el ramo de la responsabilidad civil, 12 fueron emitidas este año. Todas estas registran pagos al contado con altos valores frente al monto total asegurado, que según expertos en seguros que prefirieron no ser identificados está fuera de la lógica que normalmente se maneja en este mercado.

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Javier Freile, abogado experto en seguros y administración pública, cree que el resultado de las investigaciones marcarán el futuro del contrato ya adjudicado. Y en ese sentido, señala que si se establece que durante el proceso se cometieron irregularidades en la presentación de información, si hay información falsa o imprecisa o incumplimiento de requisitos, Petroecuador tiene todas las prerrogativas legales para declarar por terminado el contrato.

No obstante, aclara que la empresa estatal, hoy comandada por una nueva gerencia, no necesita esperar resultados de la justicia. “Al tener ellos conocimiento de lo que se ha hecho, ellos podrían, deberían, iniciar un proceso de control autónomo, para poder concluir si efectivamente se actúa conforme a la ley”.

Calero lamenta que una nueva denuncia de corrupción vuelva a darse en el sector petrolero y que esta vez trascienda al ámbito de los seguros. Señales que, para él, alertan de la necesidad de depurar el sistema de contratación, con la recalificación de contratistas. “Las credenciales de las contratistas de Petroecuador comienzan a ser el real problema”.

• El Proceso

Una denuncia anónima dio paso a una investigación por presunto peculado

EXPRESO conoció que la investigación por peculado que la Fiscalía abrió contra La Unión Compañía Nacional de Seguros se originó a través de una denuncia anónima, una diligencia judicial que por su condición no aparece en los registros públicos de la misma institución. ¿Pero qué tan común es que el nombre de quien denuncia pueda acogerse al anonimato?

Pedro Jerves, máster en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, señala que usar ese recurso “es posible cuando existen indicios de corrupción. Hay reformas al Código Penal (art. 427) que así lo determinan, pero no por eso es una condición que resta crédito a una denuncia, porque la denuncia no es una prueba, es el punto de partida para abrir un proceso que incluso Fiscalía puede hacerlo por oficio”.

Con él coincide Estefany Alvear, abogada penalista que añade que ese anonimato incluso podría permanecer aun cuando la investigación haya pasado a instrucción fiscal.

Consultados sobre si en este caso cabía un proceso de allanamiento, aun cuando el pedido de información sobre pólizas y otros documentos pudo haberse hecho mediante un trámite regular a la propia aseguradora o la Superintendencia de Compañías, Jerves opina que por la propia reserva del caso es difícil saberlo.

El 90 % de los allanamientos que se llevan a cabo con el fin de recabar elementos, afirma, “suelen hacerse de forma desproporcionada. Y aunque deben justificarse, generalmente eso no se hace”.

No obstante, se aclara que si la autoridad tiene indicios de que en el lugar donde se produce el allanamiento hay evidencias que permitirían establecer que se ha cometido un delito, no es descabellado realizar esta diligencia, con la finalidad de preservar dichas evidencias antes de que desaparezcan. Suele darse también cuando la Fiscalía ha solicitado información y esta no ha sido entregada.

• CRONOLOGÍA

• 31/07/2023

Petroecuador llama a concurso para contratar una póliza que cubra sus bienes de todo riesgo petrolero y responsabilidad civil marítima y no marítima.

• 02/08/2023

Hispana, la aseguradora de bienes de ese entonces, denuncia inconsistencias en el proceso de licitación por la falta de respaldos técnicos en la valoración. Su reclamo fue archivado.

• 14/08/2023

Se viralizan videos en los que representantes de Hispana ofrecen hasta $ 1 millón para mandar abajo el concurso, que ya tenía como único oferente a Seguros La Unión.

• 28/08/2028

Un juez ordena declarar desierto el concurso por la falta de valoración de bienes a asegurar.

• 30/08/2023

Petroecuador adjudica el contrato a La Unión, alegando tener un informe de pertinencia emitido por la Contraloría.

• 05/10/2023

La Fiscalía allana La Unión y oficinas de Petroecuador por investigación de presunto peculado. Son intervenidos cinco inmuebles.

• 11/10/2023

Ramón Correa renuncia a la gerencia de Petroecuador, tras seis meses de gestión.

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