La prórroga de la que habla Daniel Noboa puede ser necesaria, pero es contradictoria
En campaña electoral, Noboa se mostró a favor de dejar el petróleo bajo tierra. Aseguraba que el impacto económico sería mínimo.
Daniel Noboa ha abierto la posibilidad de plantear una moratoria de dos años de la puesta en práctica del resultado de la consulta popular de agosto de 2023, en la que una mayoría de ecuatorianos decidió que se dejara bajo tierra el petróleo que está en el parque nacional Yasuní. Su argumento es que, bajo el actual estado de conflicto armado interno, se necesita financiar el operativo militar que está en marcha por el estallido de la violencia y la inseguridad propiciado por las mafias del narcotráfico.
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Leer másEl problema con el anuncio del presidente es que desconocer el resultado de una consulta es un pésimo precedente, no solo para el débil sistema democrático, sino para la seguridad jurídica del país. Es bastante evidente que el país necesita y va a necesitar de los fondos que salían de los campos petroleros ubicados en el Yasuní, no solo por el tema del estado de conflicto interno, como dice el Gobierno, sino por lo que realmente tiene apisonado al país: el déficit de casi 6 mil millones de dólares que debe ser cubierto en menos de dos meses y que, si no se lo logra, pondrá en estado comatoso a la dolarización. Sin embargo, las reglas democráticas están ahí y hay que cumplirlas: sería grave que Noboa no cumpla lo dicho en las urnas.
Desconocer la consulta también tiene otras aristas: Noboa dijo durante la campaña que estaba a favor de la propuesta del grupo de colectivo de los Yasunidos, que impulsó la consulta, y fue precisamente ese hecho el que le ayudó muchísimo a capturar el voto joven, que fue determinante en su victoria electoral. La campaña de Noboa tuvo un antes y un después luego del debate presidencial para la primera vuelta en televisión, cuando aseguró estar a favor de mantener el petróleo bajo tierra luego de hacer un cálculo en vivo y en directo de los ingresos que produce esa explotación petrolera. Esos cálculos, hechos al paso y con una contundencia que impresionó a millones de jóvenes que se decidieron por la opción Noboa. Ahora resulta que, según lo dicho por Noboa en Teleamazonas, recién están los datos y sería conveniente, según él, seguir contando con esos recursos al menos durante dos años más.
Pero no es únicamente la respuesta de Noboa sobre la posible moratoria del resultado de la consulta de agosto de 2023 lo llamativo y polémico de la entrevista a Teleamazonas. También lo fue que, en medio de esta coyuntura, no haya dicho una sola palabra contundente sobre la eliminación o focalización de los subsidios a los combustibles fósiles que le cuestan al Estado algo más de 3 mil millones de dólares anuales, es decir, prácticamente la mitad del déficit. En realidad, sí habló de la focalización, pero lo hizo de tal forma que quedó muy en claro que se los mantendrá indefinidamente. Que va a focalizar mientras “vaya mejorando la eficiencia energética en transmisión eléctrica y refinación”, dijo. Es decir, nunca.
En realidad, Noboa habló sobre este tema más como un candidato a la reelección que como un estadista que tiene la obligación de tomar decisiones, aunque sean impopulares si es que son para el bien de la nación.
El no eliminar o al menos focalizar el subsidio de los combustibles es evidencia de al menos dos cosas: la primera que no es un ambientalista coherente como se presentó en el debate presidencial, ya que es partidario de mantener el crudo bajo tierra, pero, al mismo tiempo, ve con buenos ojos incentivar su consumo con subsidios que le cuestan a todos.
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Leer másLa otra es que habla de la necesidad de financiar la guerra contra el narcotráfico y al mismo tiempo mantiene un subsidio que es esencial para ese negocio, porque abarata la gasolina que se necesita para el procesamiento de la hoja de coca. Ayer mismo, el ejército encontró en el Tiputini, es decir, en pleno Yasuní, 458 galones de combustibles líquidos escondidos listos para su exportación. No hay, entonces, guerra sincera contra el narcotráfico mientras el Estado les abarate con fondos públicos el proceso de refinación.
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