La reactivación laboral rebrota, pero también las denuncias laborales

Llegó a trabajar como estibador hasta 24 horas al día sin recibir horas extras o días de descanso. Eso es lo que Elio Figueroa, cuenta, tuvo que aguantar el año pasado por tener ingresos que le permitiesen mantener a su familia. Pero el cansancio lo llevó a renunciar y, la impotencia, a recibir apenas $ 40 de indemnización por un año de trabajo, cuando por ley, mínimo le correspondía recibir al menos $ 300. “Ya no quería seguir regalando mis pulmones”, dice.

Figueroa, como miles de ecuatorianos, no aparece en las cifras positivas que presentó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) que afirman que el 2021 cerró con una leve mejora en el mercado laboral, con una tasa de desempleo que en un año cayó del 4,9 % al 4,1 % y con una de empleo pleno que alcanzó 33,9%, por encima del 30,4% de 2020, año en que inició la pandemia. Él, con 51 años de edad, ha preferido convertirse en vendedor ambulante y, aunque no tiene los ingresos suficientes, prefiere eso a seguir realizando un trabajo forzoso y con maltrato.

El Ministerio de Trabajo no lo califica así y habla de “atropellos laborales” que, admite, cada vez se reflejan en sus cifras. Solo el año pasado recibió cerca de 2.000 denuncias por incumplimientos patronales, lo que equivale a un 18 % más. Están vinculados al no pago de horas extras, el incumplimiento de salarios y la no afiliación al IESS.

Desde el sector empresarial se rechazan esta vulneración de derechos, pero Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG) señala que no son la generalidad. “Hay un sector formal, empresas que hoy son las grandes aportadoras a la seguridad social. Si hay estos casos se deben denunciar y el Ministerio controlar y sancionar”.

Igual criterio tiene el presidente de la Federación Nacional de las Cámaras de industrias del Ecuador, Pablo Zambrano, quien señaló que no existe tal esclavitud moderna, como algunos trabajadores denuncian. Lo que hay es una violación a los derechos de los trabajadores, quienes pueden poner acciones administrativas en el Ministerio de Trabajo e incluso acciones judiciales ante la Función Judicial, si es que existe maltrato, resaltó. 

Maximina Salazar, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, relató dos casos donde dos trabajadoras fueron obligadas a quedarse más de un año sin salir día libre y trabajando más de 8 horas, si es que querían mantener el empleo. “Durante la cuarentena eso era comprensible, pero después no. Trabajar desde el amanecer hasta muy en la noche de lunes a domingo, eso es esclavitud. Cuando reclamaron las despidieron sin pagar indemnización”, dijo Salazar.

El aumento de las denuncias en el Ministerio no revela la total realidad, porque apenas llegan a denunciarse entre un 30 a 40 % de los abusos patronales, indicó la abogada laboral Tania Zambrano. Un punto de vista con el que está de acuerdo el abogado Pedro Cruz.

Zambrano contó que llevó 16 casos de personas obligadas a trabajar 14 horas diarias, sin pago de horas extras y que les indicaron que si querían seguir laborando allí debían firmar una renuncia voluntaria, para volver a firmar otro contrato cuando mejore la situación del coronavirus.

El Ministerio aún no ha dicho como controlar el tema, pero analistas creen que a la par de crear más plazas de empleo, otro desafío es controlar que no se den esta vulneración de derechos. Los abogados relatan que han tenido que defender casos, en los que hay trabajadores que, teniendo más de 20 años de labores, llegaron a recibir 100 dólares como compensación por año aun sin ser renuncia voluntaria, cuando lo que deben recibir era el monto del último salario multiplicado por los años de servicio. Para Zambrano ha habido empresas que han abusado de la flexibilización laboral dictaminada en la reciente Ley Humanitaria. “Se creó esa ley para que muchas empresas puedan resistir a la crisis económica generada por el coronavirus, pero dentro de esto se han violado muchos derechos laborales”, mencionó Zambrano.

Juan Carlos Díaz-Granados, director de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), recuerda que aunque el país tenga un Código de Trabajo obsoleto, es una ley en vigencia que garantiza los beneficios y derechos del trabajador: décimos, vacaciones, días de descanso, horas extras, etc. Puntualizó que la gran mayoría de las empresas se apegan a la norma pese a las enormes limitaciones que tiene. Sin embargo, admite, que hay una minoría que no respeta la ley y que deben ser sancionadas por el organismo público competente, "porque no hacerlo, perjudica a los comercios que sí respetan el Código de Trabajo", manifestó Díaz-Granados.

Para algunos analistas económicos, el gran reto de Gobierno está en seguir trabajando en la reactivación del empleo de calidad. David López, directivo de la Cámara de Comercio de Quito, prefiere analizar con prudencia la supuesta recuperación que señalan las cifras. “En porcentajes de la PEA en diciembre de 2021 tenemos un 33,9%, mejor al 30,4% del 2020, pero aún estamos muy lejos de llegar a los niveles prepandemia. Eso aún es un 4,9 puntos menos que el 2019”, dice. Lo mismo pasa con la tasa de desempleo, si bien esta llegó al 4,1% el año pasado, esta aún es superior a la del 2019 (3,8%), año prepandemia.