La reforma tributaria, a puertas del ‘congelador’ por un año
El Gobierno vetará la derogación y el tema no puede ser tratado nuevamente en 12 meses. No es la primera vez que el Legislativo realiza cambios en impuestos.
El Gobierno analiza alternativas. Luego de la aprobación con 100 votos a favor por parte de la Asamblea Nacional de la Derogación de la reforma tributaria, el Ejecutivo analiza qué alternativas legales le quedan para evitar que aquello ocurra.
Tanto el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, como el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Francisco Briones, han señalado que se vetará la propuesta de la Asamblea.
Briones aseguró que se analiza el mecanismo más conveniente para el veto. En caso de que el presidente Guillermo Lasso vete completamente la derogación de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, la Asamblea no podrá tratarla sino en un año, de acuerdo con el artículo 138 de la Constitución.
Si aquello ocurre y 365 días la Asamblea vuelve a votar y cuenta con el apoyo, la ley será derogada definitivamente.
Actores políticos de diversas tendencias han hablado sobre la legalidad de lo aprobado por la Asamblea Nacional. Desde el Gobierno, que es una propuesta “inconstitucional y demagógica”, bajo el argumento que solo el presidente puede presentar proyectos en materia de impuestos, señaló Arosemena.
Sin embargo, hay un caso reciente en el que la Asamblea hizo modificaciones en materia tributaria: el denominado impuesto verde, explicó Mauricio Alarcón-Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que está al frente del Observatorio Legislativo.
En 2019, la Asamblea derogó el impuesto verde, que gravaba a vehículos con cinco o más años de antigüedad y cilindraje superior a 1.500 cm3. El transporte público, productivo y autos clásicos estaban exentos. Además, en 2022 la Corte Constitucional señaló su inconstitucionalidad.
Para el tributarista Javier Bustos, lo actuado por la Asamblea no incide en ningún aspecto en materia tributaria. Si la Asamblea buscaba un cambio real, debió hacer cambios puntuales y no derogar el proyecto de ley, dijo el especialista.
La situación, dijo Bustos, agrega más inseguridad jurídica al país porque la reforma también contenía ciertos incentivos para inversiones y con la derogatoria esos cambios podrían quedar sin efecto.
La reforma tributaria inyectaba al fisco unos $ 1.900 millones en dos años por contribuciones temporales y cambios en el impuesto a la renta. Además, era uno de los puntos críticos del acuerdo entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Para el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, la situación puede complicar negociaciones de un nuevo acuerdo con el organismo, que ha mencionado que el Gobierno busca. En ese contexto, el régimen deberá presentar medidas alternativas, como ajuste de gastos, en caso de un posible archivo.
