Reparos a una ley “que excluye la inversión y limita la gasificación”

La Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición hacia Energías Renovables, que pasó el lunes al Registro Oficial sin objeciones, si bien facilita la venta de energía al Estado desde el sector privado, como era su objetivo, trae consigo la exclusión de la inversión en infraestructura energética desde las empresas privadas y limita la gasificación en el país, según analizan expertos y actores económicos.

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El propósito principal de esta normativa ha sido elevar la generación eléctrica del sector privado, para que este pueda producir más energía y vendérsela al Estado.

Por ello, a través de la ley aprobada, el Gobierno les facilita procesos de contratación y habla de precios preferentes ya no solo para las empresas que puedan venderle al Estado hasta 10 megavatios de energía (MW), sino para quienes pueden venderle hasta 100 MV.

Además, otro de los puntos claves de esta ley fue la autorización de un fideicomiso con una prelación de pago, para garantizar que las empresas distribuidoras estatales puedan pagar a las compañías privadas generadoras de energía cuando le compren la electricidad.

Sin embargo, no todo ha sido positivo. Luis Alberto Salvador, vicepresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, cuestiona el hecho de que la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional no haya tomado en cuenta el pedido del gremio de industriales sobre permitir en esta ley la oportunidad del sector privado para invertir en transmisión y distribución de energía.

Es algo que, desde su criterio, complementaría la ayuda desde las privadas al Estado para mitigar el problema energético en el país. Ya que esto significa, ejemplifica, que las empresas podrán generar más energía para venderle al Estado, pero si no hay redes de transmisión para hacer llegar esa energía, no se podrá lograr entregar el producto.

La comisión tampoco incluyó, añade Salvador, la libertad de que las empresas puedan invertir en mantenimiento o repotenciación de las infraestructuras energéticas ya instaladas.

“El Gobierno invirtió entre 700 y 800 millones de dólares en mantenimiento (de la infraestructura eléctrica). Y es evidente que no fue una inversión oportuna porque lo hizo cuando tuvo la plata, no cuando debía hacerlo. ¿Por qué no dejar invertir en ello al sector privado, que lo habría hecho rápido?”, cuestiona.

En este sexto proyecto económico urgente del Gobierno de Daniel Noboa, además se creó “con intencionalidad” una limitación al desarrollo de la industria del gas en Ecuador, explica el analista económico Alberto Acosta. Pues la Asamblea incluyó un párrafo que indica que la importación de gas natural se puede dar, pero solo para autoconsumo de las empresas.

“Esto significa que una empresa individual, si quiere utilizar gas, tendrá que importar su propio gas, algo muy difícil de hacer porque tendría que invertir en la construcción de infraestructura de acopio, de transporte, de almacenamiento, etc.; algo que a una sola empresa no le es rentable”, argumenta.

Con esta limitación, las empresas no podrán sustituir el diésel por gas, por ejemplo. Algo grave ya que, de acuerdo con Acosta, el gas natural es un combustible limpio y que puede llegar a costar hasta un 60 % menos que el diésel. Además de que con esta sustitución se construye competitividad para el sector productivo, se diversifica la matriz energética y trae beneficio para el Estado, porque el gas natural no es subsidiado como el diésel, explica el analista.

Otros puntos de la ley

Renovación

En la normativa se dispone a las empresas eléctricas distribuidoras la ejecución del plan de renovación de alumbrado público, para el reemplazo de las luminarias públicas actuales por luces de tecnología led y solares.

Impacto

La nueva ley energética también establece que las empresas privadas que se dedican a la generación térmica deberán presentar planes de transición hacia tecnologías de menor impacto ambiental y tendrán que desarrollar proyectos híbridos.

Gobiernos

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán implementar sistemas de gestión de residuos que incluyan el procesamiento de basura para la generación de energía, que podrán vender al Sistema Interconectado.

Diversificación. A nivel de la región, el gas natural ya representa el 30 % del consumo energético, mientras que en Ecuador no llega ni al 2 %.