Riesgo de estafa: Conozca el listado actualizado de financieras ilegales

La Superintendencia de Bancos del Ecuador ha emitido una nueva alerta a la ciudadanía tras identificar veinticinco entidades que operan ilegalmente en el sistema financiero nacional durante lo que va del 2025. Estas instituciones realizan actividades financieras sin contar con la autorización correspondiente, lo que representa un grave riesgo para los usuarios.

Entre las entidades detectadas que operan al margen de la ley se encuentran empresas con nombres como Presta Mayor, Avancréditos, Jiigo S.A.S., Préstamos PersonalRápido y Finanweb, entre otras. Estas organizaciones suelen atraer a usuarios desesperados por obtener créditos rápidos, muchas veces con promociones engañosas y requisitos mínimos.

Crecimiento preocupante

El número de entidades no autorizadas identificadas en los primeros meses de 2025 pasó de 13 a 15, evidenciando un incremento acelerado en este tipo de operaciones ilegales, situación que ha encendido las alarmas en el organismo de control bancario del país. 

Expertos en el sector financiero señalan que el aumento de estas organizaciones irregulares podría estar vinculado a la creciente digitalización de los servicios financieros, que facilita la creación de plataformas virtuales difíciles de rastrear y que operan sin cumplir con la normativa establecida.

Muchas de estas entidades utilizan nombres y logotipos similares a instituciones financieras reconocidas para generar confianza en los usuarios, cuando en realidad no cuentan con ningún respaldo legal. 

Marco legal y prohibiciones

De acuerdo con el artículo 254 del Código Orgánico Monetario y Financiero, ninguna persona natural o jurídica ajena al sistema financiero nacional puede realizar captaciones de dinero del público ni efectuar actividades exclusivas del sector financiero. La normativa también prohíbe expresamente el uso de publicidad o documentos que sugieran que estas entidades operan legalmente dentro del sistema financiero.

Las sanciones para quienes incumplen estas disposiciones pueden incluir multas significativas e incluso penas privativas de libertad, dependiendo de la gravedad de las infracciones cometidas.

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