Sacha enciende los roces entre Ejecutivo y Asamblea

Los adjetivos y las advertencias saltaron luego de que trascendió de que el campo Sacha se hubiera concesionado al consorcio Sinopetrol. Pese a que la ministra de Energía, Inés Manzano, enfatizó que no había firmado, por lo menos hasta el sábado 1 de marzo.

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Adoptándolo como una certeza de que el campo Sacha pasó a manos de la empresa privada, la Asamblea Nacional emitió un comunicado. Allí indicó que el Parlamento ecuatoriano advierte a la ciudadanía que el Gobierno Nacional “aprovechó el feriado de Carnaval para entregar el campo Sacha a una empresa privada, contraviniendo la ley de Hidrocarburos”.

Ante esa opinión de la Asamblea, la ministra Manzano respondió en su red social X: “Primero, lean la ley de hidrocarburos y el Reglamento. Y lean con atención lo resuelto. Segundo, no he firmado el contrato. En caso de hacerlo, lo haremos pensando en lo que necesitan los ecuatorianos: producción e inversión social. Con sus agendas no nos distraerán. Por lo demás, seguimos trabajando para nuestros ciudadanos en territorio”, escribió la autoridad.

Pero en el comunicado la Asamblea destacó que la Comisión de Fiscalización de esta Legislatura ha convocado en reiteradas ocasiones a autoridades del Gobierno a comparecer y explicar sobre este tema que perjudicaría al Estado en más de 8.000 millones de dólares, pero no obtuvo respuesta, indicó el comunicado.

Por eso la Asamblea señaló que dentro sus atribuciones y competencias van a fiscalizar “este procedimiento irregular para salvaguardar los intereses económicos de todos los ecuatorianos.

La candidata a la presidencia, Luisa González, también cuestionó la supuesta concesión. “El Gobierno debe dar la cara. Sacha fue entregado a dedo”, escribió. Pero no se quedó ahí. La candidata también señaló que, con esa adjudicación, el consorcio se llevaría el 87,5% y el Estado ecuatoriano el 12,5%. “A pesar de la oposición de todo borde político, el gobierno entrega nuestro mayor campo petrolero a un consorcio privado”.

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. Manzano citó el mensaje en X con lo siguiente: “Cínica e ignorante (según la RAE dícese de quien ignora o desconoce algo…o se hace)”. Entonces le recordó a González lo relacionado con los campos Auca y Sushufindi.

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Para ambos hubo la firma de contratos para la prestación de servicios específicos con la francesa de servicios petroleros Schlumberger. En 2022, el Ministerio de Energía solicitó un examen a 22 contratos pertroleros, entre ellos, los relacionados con esos campos. Pero, en el caso de Auca, el contrato se hizo con Shaya Ecuador, de la cual el principal accionista era Schlumberger.

“Que tal si cuentas lo de Auca y Shushufindi. A dedo”, escribió Manzano. Después de eso, la ministra señaló: “Nosotros lo hacemos bajo la ley y a favor de los ecuatorianos. Se llama patriotismo y gestión”.

Otra entidad que está cuestionando la supuesta concesión de Sacha es la Comisión Nacional de Anticorrupción. La entidad mediante un comunicado, publicado en la red social X dijo que el campo Sacha, el de mayor producción petrolera del país, “ha sido adjudicado -en medio de toda opacidad- al consorcio privado Sinopetrol. Esta decisión del gobierno reducirá los ingresos económicos del país para atender los requerimientos fundamentales de los ecuatorianos”.

Para la Comisión el deber en este momento es reguardar los intereses de la Patria al margen de todo objetivo eleccionario, pensando en el destino del Ecuador.

El proceso de concesión

Manzano entregó al Ministerio de Economía y Finanzas el 24 de febrero de 2025 el informe fiscal para seguir con el proceso de licitación del campo Sacha.

En esos días se supo que el consorcio, conformado por las empresas Amodaimi Oil Company S.L. (subsidiaria de la estatal china Sinopec) y Petrolia Ecuador S.A. (subsidiaria de New Stratus Energy Inc. de Canadá), presentó al Gobierno ecuatoriano una propuesta de hacerse cargo del campo por 20 años con una inversión total de 3.500 millones de dólares durante ese período. Además, las empresas entregaran como anticipo 1.500 millones de dólares al Estado ecuatoriano, tal como lo ha publicado EXPRESO.

La polémica al parecer hasta le costó el puesto al anterior ministro de Economía. En días atrás, se mencionaba que la salida del exministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, obedecía a la falta de agilidad en el informe para la licitación del campo petrolero. Con la llegada del nuevo titular de la cartera de Estado, Luis Alberto Jaramillo, y el nuevo equipo de viceministros, el trámite se agilizó.

Otros intentos para concesionar

La intención del Gobierno de Daniel Noboa de entregar el campo petrolero con mayor producción a un consorcio ha puesto en disputa a trabajadores del sector y a asambleístas.

No obstante, no es un problema nuevo. Desde el gobierno del expresidente Rafael Correa se ha buscado entregar el campo a otras manos para su manejo y conseguir liquidez para el gasto público. Por ejemplo, entre 2009 y 2016 estuvo en manos del consorcio Río Napo, conformado por la venezolana PDVSA y la desaparecida Petroamazonas. El convenio se rompió debido a incumplimiento de la petrolera venezolana en las inversiones. El mismo Correa buscó entregar al campo a una empresa china en 2016.

Otros gobiernos, como los de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, también han intentado concesionarlo, pero no han tenido éxito, tal como contó Diario EXPRESO en otro reportaje.

La controversia actual inició en diciembre de 2024. En ese entonces, el Ministerio de Energía y Minas emitió un Acuerdo Ministerial que declara la excepcionalidad en la delegación del Bloque 60, conocido como Campo Sacha, para actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Según el documento, esta decisión “se sustenta en el interés del Estado ecuatoriano y establece que dicha delegación podrá realizarse a empresas estatales o subsidiarias de países que forman parte de la comunidad internacional”. Los detractores del proceso señalan que es una entrega “a dedo” del campo petrolero, al no haber otros concursantes.

Después de las reacciones que hubo el sábado 1 de marzo de 2025, ante la supuesta firma de la concesión, las autoridades y grupos que se oponen a la acción han estado en silencio.

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