El sector minero pide a la Corte Constitucional negar consultas populares
Tras las consultas hay intereses políticos, aseguraron los gremios empresariales
Este 18 de febrero de 2020, el sector minero pidió a la Corte Constitucional (CC) "actuar en derecho" y negar los pedidos de consulta popular que buscan impedir el desarrollo de proyectos mineros.
En rueda de prensa, las autoridades del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), Cámara de Comercio de Quito (CCQ), Cámara de Minería del Ecuador (CME), Cámara de Industrias y Producción (CIP), Cámara de Industrias y Producción de Cuenca (CIPEM) y la Asociación de Ingenieros en Minas del Ecuador (AIME), junto a organizaciones no gubernamentales realizaron la solicitud.
Los representantes gremiales señalaron que la intención de promover consultas de este tipo responde únicamente a intereses políticos en período pre electoral y amenaza la seguridad jurídica necesaria para que exista inversión extranjera en el país.
Roberto Aspiazu, director ejecutivo del CEE, expresó el apoyo del sector empresarial a una minería responsable de manera ambiental, social y económica. “Se debe apoyar el desarrollo de todas las actividades que beneficen al país, y que se desarrollen en un marco de legalidad como lo hace la minería formal”, señaló.
“La inversión extranjera es necesaria para que el país se reactive económicamente y las garantías jurídicas resultan indispensables, por eso respaldamos y defendemos a una minería bien hecha, que no puede ser usada como bandera de campaña”, aseguró Patricio Alarcón, presidente de la CCQ. Agregó además que sectores como el minero promueven un empleo adecuado.
Por su parte, David Larenas, vicepresidente de la CME, manifestó que la minería a gran escala es ahora una realidad positiva, con el inicio de operaciones en 2019 de las minas Mirador y Fruta del Norte los beneficios son tangibles, una clara muestra es que en el mes de enero de 2020 el Servicio de Rentas Internas reportó que el 77% de impuestos recaudados en la provincia de Zamora, provienen de la minería.
“Dar paso a consultas populares promovidas con intereses particulares atenta contra los derechos de todos los ecuatorianos, en este contexto los jueces constitucionales deben pronunciarse acatando su razón de ser como procuradores de la Constitución de la República del Ecuador”, dijo Pablo Zambrano, presidente de la CIP.
Durante el evento y en representación de organizaciones pro mineras, Cecilia Tepan del Frente Intercultural de mujeres del Azuay (FIMA) y María Isabel Aillon de la organización Women In Mining Ecuador (WIM), expusieron los beneficios que está dejando la minería en las comunidades.
El 7 de enero pasado, Yaku Pérez, prefecto del Azuay, presentó un nuevo pedido de control constitucional en la CC sobre dos preguntas: La primera tiene que ver con ampliar los sectores en donde se prohíba las actividades mineras como en fuentes de agua y zonas de carga y descarga. La segunda es revertir concesiones mineras.
La Corte Constitucional tiene 20 días hábiles, desde el 3 de febrero, para pronunciarse sobre el tema.