Un subsidio para los ricos
Escoger políticas que atiendan a los más necesitados, aun si son impopulares, es lo correcto
El subsidio a la gasolina lo pagan los pobres en beneficio de los ricos. Para 2023, los subsidios a los combustibles sumaron $ 3.316 millones, beneficiando a todos, pero principalmente a los ciudadanos de más ingresos. Se estima que solo $ 352 millones llegaron a una parte de la población más pobre (apenas al 20 % de los más pobres). Al menos otros $ 100 millones se desvían por contrabando, no solo para consumo de los ciudadanos fronterizos en Colombia y Perú, sino también para la industria de la droga.
Este subsidio es altamente ineficiente frente a los beneficios que podría dar a la población más vulnerable. Por ello, es clave separar la política social de la política de los precios de los combustibles para poder construir un sistema de protección social focalizado en los más vulnerables, más aún cuando el 60 % del subsidio se concentra en el diésel y es precisamente este producto el que genera mayor sensibilidad política.
Más de 3.300 millones de dólares que se dejan de invertir en la construcción y equipamiento de escuelas y hospitales; en la contratación de médicos especialistas; en capacitar y equipar a policías y militares para el combate a la inseguridad; en mejorar la atención de los servicios públicos o en ampliar redes de agua potable. Más de 3.300 millones de dólares que nos obligan, año a año, a contratar deuda y perder aún más recursos a futuro en el pago de intereses y el enorme costo de oportunidad por el alto riesgo país.
La buena noticia es que el Ecuador tiene opciones. Las tendencias mundiales hacia la descarbonización y la sustitución de combustibles fósiles liberarían capacidad de refinación en todo el mundo. Por ejemplo, la Agencia de Información de Energía de los Estados Unidos estima que la participación de biodiésel en el consumo de combustibles cerrará 2024 en 9 % frente al 5 % de 2021. Con ello, la reforma legal para la maquila petrolera cobra fuerza. En lugar de exportar crudo se pagaría a un socio para su refinación, sustituyendo importaciones. El ahorro se estima entre el 20 % y el 30 %, pudiendo sumar incluso entre $ 900 y $ 1.200 millones si se sustituyen todas las importaciones de gasolina (NAFTA) y diésel.
Otra alternativa es habilitar la importación de combustibles para empresas privadas. El precio para el usuario sigue definido por el presidente (conforme a la ley), pero Petroecuador pasa a arrendar de su infraestructura de distribución y a reconocer la diferencia entre el precio de importación y el doméstico directamente al operador contratado. Esto implica menos costos para la firma estatal, que se centraría en extraer crudo y gestionar su infraestructura (incl. refinerías). Si bien ya se ha avanzado en la normativa y algunas pruebas, aún resta resolver la cobertura de la brecha tarifaria.
Desde una perspectiva de demanda, se han venido ensayando distintos esquemas de incremento de precios paulatinos con compensaciones de distinto tipo, incluyendo el ejercicio de bandas de precios y compensaciones que actualmente impulsa el Gobierno Nacional.
La opinión pública comúnmente percibe estas medidas como causa de una espiral inflacionaria: “Si suben los combustibles, sube todo”. Sin embargo, el efecto de un incremento del combustible sería marginal en los precios de la canasta básica; por el contrario, si se incrementa el subsidio, es decir, si se reducen los precios de los combustibles, los precios no bajarán. Es la oferta y la libre competencia lo que permitirá a los ciudadanos acceder a bienes de mejor calidad y a mejores precios.
Por ejemplo, un camión mediano, con capacidad de 10 toneladas de carga (22 mil libras), que se traslada ida y vuelta (en una ruta larga) de Quito a Guayaquil, tendría que recorrer alrededor de 900 kilómetros en total, con un consumo de 0,3 litros de diésel por km. Es decir, tendría que consumir 71 galones. Esto implicaría un gasto adicional de 82,36 dólares, tomando 1,16 dólares de subsidio actual (junio-2024), con lo cual el “impacto” por cada libra del producto subiría $ 0.004.
Es decir: el problema no es el combustible, sino la especulación.
Los precios subsidiados son solo una cara de la moneda. Desde una perspectiva de oferta, hay que partir de una evaluación del sector, revisando en profundidad los gastos de Petroecuador. Por ejemplo, entre 2022 y 2023, se gastaron cerca de $ 320 millones solo en indemnizaciones y costas judiciales, lo cual equivale al 20 % del déficit en diésel para 2023. Esto también implica menos ingresos para el fisco y los gobiernos locales, pues el cálculo de cuánto reciben prefecturas, municipios y juntas parroquiales depende precisamente de estos ingresos.
En la práctica, no hay soluciones únicas y puede haber varias combinaciones. Como sociedad debemos definir quiénes deben ser protegidos y cuáles deben ser nuestras prioridades. Escoger políticas que permitan atender a los más necesitados, aun si son impopulares, es lo correcto y la única manera de generar empleo, crecimiento y bienestar.
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