La Superintendencia conocía de las irregularidades de Ecuagran desde el 2018

La Superintendencia de Compañías ha anunciado ya la intervención de Delcorp y Ecuagran, pero en el proceso de investigación para determinar las causas de los incumplimientos de ambas empresas en bolsas, el ente de control también debe aclarar el contexto en que se dio esta irregularidad y su nivel de responsabilidad. Entre las interrogantes está por qué en el 2019 decidió aplicar (por primera vez) una intervención solo a Ecuagran y no a Delcorp, aún cuando se descubrió que ambas empresas, entre sí, emitieron y aceptaron facturas, sin transacciones comerciales reales, para negociarlas en el mercado de valores a cambio de financiamiento, un movimiento que hoy tiene a inversionistas como el Biess y el Isspol entre los principales afectados.

Documentación a la que EXPRESO tuvo acceso, desvela cómo desde el 2018 las autoridades habrían conocido estas maniobras, pues indicios de alteración de estados financieros de Ecuagran obligaron a la entidad a auditar las facturas emitidas entre julio y diciembre de ese año. Los resultados, que se empezaron a divulgar en febrero y marzo del 2019, concluyeron que este cruce de facturas habría hecho que esta firma, a diciembre de 2018, solo en su línea de negocio de fertilizante reportara un incremento de ingresos por 643 %, en relación al año previo, alterando también sus activos y pasivos. Por lo que, se observó, “los estados financieros del emisor no reflejarían la real situación económica y financiera de la empresa”, un hecho que, de estar vinculado a la falsificación de datos, desembocaría en un delito penal.

El detalle aparece en una decisión de la Intendencia Nacional de Mercado de Valores tomada en abril del 2019, para declarar la intervención de Ecuagran, una acción que, después de un pedido de corrección de balances, se levanta en septiembre; seis meses después y un mes antes de que a esta compañía y a Delcorp se les autorizara una nueva emisión de obligaciones de largo plazo por $ 30 millones ($ 15 millones cada una). La primera, bajo la promesa de utilizar los recursos, para sustituir pasivos.

Este Diario volvió a consultar ayer a la Superintendencia sobre este tema, al que ha clasificado en reserva, pero no hubo respuesta. No obstante, el martes pasado, en el ente se aseguraba que hasta abril del 2019 no tenía información contundente y probatoria de la presunta irregularidad en las facturas. Ante esto quedan interrogantes en el aire.

Una de ellas es la pregunta que tienen varias fuentes que prefieren no ser citadas, respecto a por qué, tras descubrirse la sobrevaloración de los ingresos, activos y pasivos, las acciones del ente se limitaron a una intervención y no se optó por cancelar a estas firmas del catastro público, como dispone la Ley de Mercado de Valores en estos casos.

Tampoco se entiende, dicen, por qué tras la intervención, la Superintendencia permitió que ambas empresas, en mayo de 2019, constituyeran a Fertisoluble para que esta, junto a Delcorp, empezara a colocar desde junio facturas comerciales negociables. Según una resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, firmada en noviembre de 2019, a partir de esa fecha solo se admite a negociación bursátil las facturas comerciales negociables cuyo aceptante “tengan una antigüedad no inferior a un año”. Una disposición que, según la Disposición Transitoria, también aplicaba para los emisores “que actualmente mantengan en circulación facturas comerciales negociables”.

Pero las facturas comerciales no son los únicos títulos valores que hoy ambas empresas mantienen impagas. Tal como lo publicó este Diario, a inicios de septiembre, a Delcorp y Ecuagran también se les reclama haberes por el concepto de emisión de obligaciones que, según el Decevale, el ente que custodia los títulos valores del mercado bursátil, solo en agosto sumaban más de $ 1 millón en impagos. El pasado lunes 14 de septiembre, la Superintendencia reconoció el problema e informó que, terminadas las primeras investigaciones, se han encontrado presuntos delitos de defraudación bursátil contra los administradores de Ecuagran y Delcorp (cuyas principales cabezas ya se han ido del país) y que esto ya ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público. No obstante, la pregunta aquí sigue siendo qué tan diligente fue el ente de control en este tema.

Marco López, representante del presidente ante la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, aclaró que una vez creadas las normas, las Superintendencias son las llamadas a auditar y controlar todas las transacciones del mercado. “El problema mayor es el de Isspol (esta institución también reclama por el impago de millonarios bonos) y de ahí se deriva todo. La Superintendencia de Bancos es la que desde hace mucho tiempo debió haber revisado los portafolios de la entidad... pero han pasado 4 años y no se ha revisado eso”. En el caso de la Superintendencia de Compañías, se ha anunciado ya una intervención y denuncias en Fiscalía, pero si eso se hizo a tiempo o no, dice, eso es algo que se deberá definir.

López advierte, no obstante, que la alteración de balances no necesariamente implica un delito penal. “Existen muchas empresas que podrían alegar, por ejemplo, que no le fue posible hacer la toma física de su inventario, por lo cual no pudieron constatar el total de ese rubro... pero eso no quiere decir que se falseó la información. Eso habría que probarlo”.

El funcionario se excusa de dar más opiniones, pues estaría entrando en un ámbito del que, asegura, no conoce detalles. Sin embargo, adelanta que, como Junta, estarán obligados a tener nuevos acercamientos con las autoridades para ajustar las regulaciones necesarias. “Cuando hay colusión los controles dejan de funcionar", concluye.