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Tecnología. El Gobierno de Ecuador asegura el servicio de internet fijo.Archivo/Expreso

Caso de Telconet: Arcotel garantiza el servicio de internet en Ecuador

La aclaración de Arcotel es después de fallo de la extinción del título habilitante a Cable Andino S. A. Corpandino

Ecuador se despertó con la noticia de que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) retiraba el título habilitante a l empresa Cable Andino, que es proveedor de Telconet. A partir de ello circularon varios comentarios de los ciudadanos, de que eso ponía en riesgo el servicio de internet en el país.

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Frente a todos los comentarios publicados hasta en las redes sociales, Arcotel publicó un nuevo boletín donde segura que se garantizan la continuidad de los servicios de internet fijo en el Ecuador.

Telecomunicaciones Arcotel Cable Andino

¿Por qué Arcotel resolvió extinguir el título habilitante a Cable Andino?

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El comunicado señala que el Gobierno del Ecuador, a través de Arcotel, garantiza la continuidad de los servicios de internet fijo a los usuarios en el país.

Explica que la resolución adoptada desde Arcotel, debido a las irregularidades durante el otorgamiento del título habilitantes a la empresa Cable Andino S.A. y la posterior extinción del mismo, no interrumpirá la prestación del servicio a sus usuarios.

Lo que determina la Ley y en lo que se basa Arcotel

En el comunicado también se citan leyes, para demostrar que detrás de la acción hay un respaldo legal. Según el artículo 314 de la Constitución de la República y el artículo 4 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; así como en el libro IV del Reglamento Orgánico de Títulos Habilitantes, la empresa está obligada, como delegada del Estado ecuatoriano, a continuar brindando el servicio hasta que se realice la reversión de bienes que correspondan.

El escrito sigue diciendo: Cable Andino S.A. y su accionista mayoritario Telconet S.A., están obligados a continuar brindando el servicio de internet fijo, e aplicación del artículo 348 del Código Orgánico Integral Penal, que establece: "La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años".

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