Caso Telconet: El gremio de internet fijo pide seguridad jurídica
La asociación demanda de que se siga el debido proceso, para no ahuyentar la inversión extranjera
La Asociación de empresas proveedoras de servicios de internet, valor agregado, portadores y tecnologías de la información (Aeprovi) expresó su opinión sobre el caso de la extinción del título habilitante a la empresa Cable Andino S. A. Corpandino, que proveedor de Telconet.
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"Con relación a la resolución de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), expresamos nuestra preocupación y exhortamos que cualquier actuación se realice en estricto cumplimiento del principio de seguridad jurídica en el país", dijo Francisco Balarezo, director ejecutivo de Aeprovi, mediante un comunicado.
Balarezo agregó que la estabilidad jurídica es un pilar fundamental para el desarrollo de la industria de telecomunicaciones, un sector estratégico para Ecuador, "y acciones como esta generan incertidumbre no solo para las empresas locales, sino también para los inversionistas extranjeros, quienes pueden percibir un entorno inestable y poco confiable para invertir".
Además, las repercusiones de decisiones que no siguen el debido proceso afectan directamente a los servicios que dependen de una infraestructura crítica como los cables submarinos, generando riesgos innecesarios para usuarios finales, empresas y emprendedores que necesitan la conectividad en su día a día.
La razón del fallo de Arcotel
El ente rector de las telecomunicaciones en Ecuador indicó haber adoptado dicha medida tras detectar "una serie de irregularidades" en la concesión del título habilitante a Cable Andino, otorgado el 30 de junio del 2015, y que representa el principal instrumento legal para que esa empresa ofrezca sus servicios.
Según Arcotel, Cable Andino "no demostró capacidad financiera que sustente el otorgamiento de título habilitante de Registro de Servicios a través de cable submarino", requisito exigido en forma obligatoria en la solicitud que presentó la firma.
La agencia estatal expuso que la empresa no atendió la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento sino hasta el 7 de noviembre del 2017. Asimismo, existe un examen especial por parte de la Contraloría General del Estado con varias observaciones.
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