Telefónicas abogan por un nuevo modelo de contrato

Quince años después, las formas de comunicarse han cambiado y las condiciones del mercado telefónico no son las mismas. Bajo esta premisa, los representantes de las operadoras privadas del país, Claro y Movistar, regresaron ayer a la mesa de negociación para intentar, junto    con el Gobierno, firmar un nuevo contrato de concesión de uso del espectro radioeléctrico.

Las negociaciones fueron suspendidas en mayo del 2023, y en la dificultad de retomarlas, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), entidad adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel), se vio    en la obligación de prorrogar los contratos de ambas empresas que en agosto y noviembre del año pasado caducaron.

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La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asotel), que representa a este mercado, confirmó que la negociación se retomó este 6 de junio de 2024; no obstante, prefirió no emitir un pronunciamiento sobre lo que se espera, debido a que la vocería de este proceso está a cargo de la cartera de Estado. Pero ya, de vuelta al ruedo, el desafío de las autoridades es poder renovar los contratos, que según la anterior administración del Mintel ascienden a $ 1.300 millones. En juego está lograr una mejora del servicio existente, que genera    la queja ciudadana y la expansión de la conectividad en áreas remotas.

Vianna Maino, exministra de Telecomunicaciones del gobierno de Guillermo Lasso, quien estuvo en la primera etapa de negociación,    recordó que su gestión    definió la necesidad de que ambas operadoras inviertan más en la optimización y estabilidad de la señal, y en la ampliación de la cobertura en zonas rurales. En ese sentido, añadió, “sería pertinente que los diálogos mantengan ese enfoque integral en beneficio de la población. Este proceso debe procurar asegurar un servicio de calidad para los próximos 15 años de concesión”, dijo.

Ayer, en diálogo con Teleamazonas, César Martín, actual ministro de esa cartera de Estado, no dio detalles sobre los valores que el Estado aspira, pero dijo que un aspecto clave en la negociación será la migración de las tecnologías 2G y 3G a otras más avanzadas. “El poder tener el 4G como punto de inicio hacia nuevas tecnologías como el 5G que es algo inminente en nuestro desarrollo”, manifestó. Otro aspecto a tratar en las mesas de negociación es el roaming nacional. “Nos va a permitir utilizar la infraestructura de una operadora dentro de otra. Y tiene toda una serie de ventajas, como por ejemplo el tener o evitar que a un sitio o localidad lleguen las tres operadoras con tres antenas. Si podemos usar el roaming, simplemente las otras dos se pueden conectar en el sitio donde llega la primera. Todo eso está contemplado en este plan de expansión... la idea es que la meta máxima sea dentro de los primeros cinco años posteriores a la firma del contrato”.

El valor del espectro

Sin embargo, el principal escollo para retomar esta negociación es la caída global del precio del espectro radioeléctrico, estimada en un 30 %, pues esto es lo que está llevando a las empresas a presionar a los gobiernos de la región a flexibilizar los modelos de concesión.    “Lo que se está buscando es cambiar el modelo recaudatorio que se ha llevado por años. La idea es bajar    los valores (que se pagan directamente al Estado), a cambio de empujar una mayor expansión de infraestructura en áreas remotas y alejadas de zonas urbanas”, explica a EXPRESO José Otero, vicepresidente de 5G Américas, la empresa que aboga por facilitar el avance de 5G en todo el continente americano.

Y esto se origina, explican actores de este mercado, por la menor rentabilidad que vienen registrando las industrias.    Antes las operadoras móviles obtenían más ingresos por llamadas telefónicas, mensajes de texto y el uso de aplicaciones que ofrecía el mismo proveedor de servicio móvil, hoy, en cambio, la demanda está en más datos para usar plataformas de terceros (Telegram, WhatsApp, etc), lo que ha hecho que las operadoras    empiecen a percibir menos ingresos en los últimos años.    “Y con este cambio    se    empiezan a utilizar frecuencias más altas de espectro que obligan a las empresas a tener más antenas. Entonces por un lado se requiere más infraestructura, más inversión, pero por otro se tiene menos ingresos por los usuarios”, dice Otero.

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Sin embargo, Maino, en una entrevista concedida el año pasado, aclaró a este Diario que ese cambio no    necesariamente debe implicar una revisión de contratos a la baja.    Para la exfuncionaria,    “se tendría una visión muy corta    al creer que, porque    el espectro vale menos, hoy la transacción va a valer menos... Hoy tenemos un mercado mucho más grande. Uno requiere más datos, mucha más conexión en apps, en redes, esa es la diferencia”, dijo.

No obstante, hoy la exfuncionaria coincide con Otero al exponer la forma en cómo en otros países se llega a consensos. Acota que dentro de este proceso de negociación, organismos internacionales como la ONU, Certal y CAF aportaron al proceso criterios de prestaciones y valoraciones alineado con el contexto internacional. “La valoración del contrato consiste, ya no, en un solo pago en dinero para el Estado, como eran las figuras en el pasado, sino en el pago de recursos al Estado y en las inversiones obligatorias que deben hacer los operadores”.

Más flexibilidad

Alfonso Gómez Palacio, CEO de Telefónica Hispanoamérica, en una carta pública, difundida    en varios países de la región, incluyendo a Ecuador, ha expuesto la necesidad de que los gobiernos se embarquen a esta tendencia, en aras de conservar la sostenibilidad de la industria de telecomunicaciones. Cita las diversas reformas normativas que han hecho    varios países como Chile y Colombia, al respecto. “En Colombia, a lo largo del 2023, las autoridades han entendido la necesidad de ajustar el precio del espectro a las exigentes condiciones del mercado actual como medida imprescindible para sostener la inversión y la competencia”, dijo.

Otero añadió que en ese país se logró que el 30 % del precio que    deben pagar los operadores sea dirigido a infraestructura. En Brasil, en cambio, ese porcentaje en la última asignación llegó al 95 %.

Según los estados financieros recientemente publicados por la Superintendencia de Compañías, Conecel S.A. (Claro) obtuvo en el 2023 $ 1.036 millones de ingresos y    $ 160 millones de utilidades netas; mientras que Otecel (Movistar y Tuenti) registró    ingresos por $ 552 millones y beneficios por $ 27 millones. Si bien las utilidades de ambas crecieron un 13 %y un 38 %, respectivamente, Otero señala que habría que analizar cuánto de este resultado responde al nivel de ingresos y cuánto a eficiencias. “Medir este tema en la cantidad de utilidades que obtienen las empresas es medir un pequeño detalle de una foto que es mucho más amplia, porque son empresas que están generando también a cambio mucha inversión, valor, empleo, dinero al gobierno en diferentes fases de operación”.      

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