Proyecto de ley plantea que trabajadoras sexuales tengan un seguro social
El borrador de la norma fue entregado en la Asamblea Nacional
En la Asamblea Nacional, en esta semana, se entregó un proyecto de ley que busca que las personas que ejercen el trabajo sexual reciban protección social y que sus labores no se realicen en condiciones precarias. El borrador de la norma tiene 24 artículos. El plan lo debe conocer el Consejo de Administración Legislativa (CAL), luego deberá pasar a una comisión de la Asamblea, para luego ser debatido por el pleno.
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El proyecto de Ley Orgánica que Dignifica el Trabajo Sexual, en el artículo 2, indica que el Ministerio de Trabajo será responsable de la implementación del respectivo registro nacional del trabajo sexual.
Este borrador de ley propone crear el Consejo para la Protección y Garantía del Trabajo Sexual, para dictar políticas y regulaciones del sector.
En la propuesta se indica que deben ser protegidos por la seguridad social. En el artículo 23 se señala: "Las personas que realizan trabajo sexual en relación de dependencia están protegidas por el régimen de Seguridad Social Obligatorio de los demás trabajadores contemplado en la Ley de Seguridad Social".
E incluso las personas que realizan trabajo sexual autónomo deberán afiliarse al Seguro Social para acceder a todos los beneficios. El proyecto determina una base según los ingresos del trabajador autónomo, por ejemplo cuando los ingresos obtenidos sean inferiores al 50 % de salario básico del trabajador en general, el aporte se realizará sobre la base del 25 % del salario básico del trabajador en general.
El documento denuncia que las mujeres y personas transfemeninas que ejercen trabajo sexual, especialmente quienes captan a sus clientes en las calles y espacios públicos, así lideresas de las organizaciones o grupos, reportan que cada día enfrentan situaciones de inseguridad, desprotección, abuso policial, intervención de bandas delincuenciales vinculadas con narcotráfico que les extorsionan, obligan a vender droga, explotan, las amenazan a ellas y a sus familias.
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Esta dura realidad se expone en este proyecto de ley, que describe cómo personas vinculadas con redes de delincuencia empadronan a las mujeres y a personas transfemeninas que ejercen trabajo sexual, a los dueños de los locales, a los vendedores del sector para cobrarles. "A quienes ejercen trabajo sexual les obligan a pagar entre 10 a 30 dólares por día, el valor varía según las ciudades. Cuando no salen a trabajar también deben pagar, si no tienen para pagar les obligan a vender droga".
La ley busca que este grupo de personas tengan las garantías que dan los derechos humanos. El documento recuerda que en Ecuador el trabajo sexual no es ilegal; sin embargo, no ha sido reconocido como trabajo, por ende existe una falta de regulaciones y mecanismos de protección que colocan a las personas que ejercen el trabajo sexual, en condiciones de vulnerabilidad, violencia, discriminación, riesgo de explotación y abuso de autoridades.
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