La transición de Cable Andino cierne dudas hacia el futuro
La inhabilitación no “desconectaría” al país, según expertos. El posible traspaso de infraestructura al Estado, inquieta
Otra de las preguntas de los ecuatorianos en estos días, tras la decisión de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) que dispuso, en forma unilateral, la extinción del título habilitante a la empresa Cable Andino S. A. Corpandino, que ofrece el servicio de cable submarino para proveedoras de internet en Ecuador es: ¿Qué pasará con el servicio de internet?
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La preocupación surgió, sobre todo, debido a que Cable Andino es la proveedora de Netlife y Xtrim, dos proveedoras de internet que ofrecen el servicio al 40 % de los suscriptores a escala nacional, según los registros de Arcotel.
Las alertas se encendieron también tras las declaraciones de Telconet, propietaria de Cable Andino, que aseguró que la resolución de la Arcotel “pone en riesgo el servicio de gran parte del internet del Ecuador”. La empresa aseguró que la acción puede afectar al 60 % del mercado de internet del país.
Más allá de los anuncios, expertos señalaron a EXPRESO que, por ahora, no existe riesgo de que haya problemas con el servicio de internet. Actualmente, en Ecuador hay cuatro sistemas de cable submarino en operación, garantizando que la salida internacional de datos no dependa exclusivamente de un solo proveedor.
Se trata de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), que está conectada al anillo del cable Panamericano; Telxius de Telefónica; Cable Andino S.A., propiedad de Telconet, que es parte del Pacific Caribbean Cable System; y Columbus Networks y Conecel (Claro), que está conectada al Cable Pacífico.
Sin embargo, Juan Carlos Solines, abogado experto en telecomunicaciones, recuerda que, a diferencia de otros servicios públicos como el agua o la energía, cuya disponibilidad puede verse afectada por fenómenos naturales, el internet depende de infraestructura tecnológica instalada, como cables submarinos y redes de fibra óptica.
“Esta infraestructura no está sujeta a las mismas limitaciones externas, por lo que no se prevén racionamientos ni interrupciones en el servicio de telecomunicaciones por este motivo”, explicó.
De hecho, esta es una de las alertas que levantó Tomislav Topic, gerente de Telconet, al señalar que afectar a su empresa “es un mal menor comparado con que el Estado opere este servicio expropiando un cable submarino moderno”, ya que no contaría ni con el conocimiento, la tecnología y ni la infraestructura.
Por otra parte, la resolución de Arcotel, según explica Hugo Carrión Gordón, consultor en telecomunicaciones, en caso de que se extinga el título habilitante de una empresa que presta este servicio, no se espera su interrupción, ya que la infraestructura y el acceso seguirían operativos bajo la administración del Estado.
“El Estado, como garante de los derechos humanos, tiene la obligación de mantener los servicios de telecomunicaciones, considerados esenciales y protegidos por la Constitución. En la resolución se menciona que, de extinguirse el título habilitante, se iniciarían procesos legales y regulatorios para la reversión de los bienes al dominio público, lo que implica un cambio de titularidad, pero no una afectación directa a los usuarios”, dijo Carrión.
Si bien los principales proveedores, como Netlife o Xtrim, utilizan directamente esta infraestructura, tendrían opciones para garantizar la continuidad del servicio, incluso en escenarios técnicos extremos, como la ruptura de un cable, concluyó el experto.
Incluso Solines precisa que las telecomunicaciones y el internet son considerados servicios públicos esenciales, al igual que el agua y la electricidad: “Por esta razón, la continuidad de estos servicios debe estar garantizada, tanto por el Estado como por los operadores privados que han recibido licencias para operarlos. No es legal ni factible que un operador suspenda unilateralmente el servicio o afecte a sectores de la población”.
Al igual que Carrión Gordón, Solines declaró que Telconet no es el único proveedor de servicios de cable submarino en el país. “Existen otras opciones que garantizan el sistema, por lo que incluso en el caso de un cambio en la administración del cable submarino, los usuarios no deberían enfrentar interrupciones”.
El escenario en el futuro
En cuanto al procedimiento, Solines sostuvo que si se extingue el título habilitante de Telconet, el Estado podría asumir la administración del cable submarino, posiblemente a través de CNT u otra entidad pública. Esto incluiría un proceso legal y regulatorio para garantizar la transición de los bienes e infraestructura. Sin embargo, este escenario no implicaría afectaciones inmediatas para los usuarios finales.
No obstante, pese a que el Estado tiene la potestad de revisar los títulos habilitantes en el ámbito de las telecomunicaciones, Carrión Gordón mira problemas de inseguridad jurídica debido al momento en el que se tomó la decisión, la cual puede ser considerada como una decisión política. Otra preocupación tiene que ver con la administración del Estado, en caso de que pase a CNT, por ejemplo, que ha demostrado no ser un buen administrador en los últimos años.
