Transparencia recomienda declarar “ilegítima” la deuda de Ecuador con el FMI
La comisión legislativa pide además que se abra un juicio político contra el ministro de Economía, Juan Carlos Vega
La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, recomienda al Pleno declarar como ilegitima la deuda por Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF), contraída, en abril pasado, por el Gobierno de Daniel Noboa con el Fondo Monetario Internacional (FMI); declarar dicho acuerdo como inconstitucional y abrir un juicio político en contra del ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega.
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Este miércoles, 4 de diciembre, la Asamblea Nacional ha establecido, como su cuarto punto del orden del día, analizar ese “Informe de Fiscalización respecto de la Firma del Acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el Estado Ecuatoriano”, que consta de 169 página y que fue desarrollado por Transparencia. En dicho documento, la Comisión hace un análisis de los compromisos que adquirió el país, del proceso del acuerdo y del contexto económico ecuatoriano en el que se firmó.
Ampliar la ayuda social a 50.000 nuevas familias cada año, otro ofrecimiento al FMI
Leer másEl acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) que oficializó Ecuador con el FMI dio acceso al país de un financiamiento por parte del organismo multilateral por 4.000 millones de dólares, en cuatro años. En junio pasado se dio el primer desembolso de 1.000 millones de dólares.
Los objetivos del financiamiento
Como ya lo publicó EXPRESO, como parte de los compromisos que adquirió Ecuador, para obtener este acuerdo, estaban, según el Acuerdo de 122 páginas, crear una economía más dinámica, sostenible e inclusiva que beneficie a todos los ecuatorianos, y que gira en torno a cuatro pilares: promover la competitividad y la creación de empleo; afianzar la sostenibilidad fiscal y los fundamentos institucionales de la dolarización en Ecuador; proteger a los pobres y los más vulnerables; y mejorar la transparencia y apuntalar la lucha contra la corrupción.
Además, el documento destacaba la ayuda a alrededor de 50.000 nuevas familias cada año (unas 200.000 familias para fines de 2028), en condición de pobreza.
“Esta Asamblea Nacional tiene la obligación (de saber) en qué se está invirtiendo los montos de esta deuda”, dijo la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, en su rueda de prensa previo a dar paso a la acción del Pleno de este miércoles.
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