El veto a la reforma del Código del Ambiente recibe críticas
El acceso de Ecuador al mercado mundial de carbono se ve truncado con los cambios del Ejecutivo
La alegría duró muy poco para quienes veían abrirse una ventana para que Ecuador accediera al mercado mundial voluntario de carbono. El 7 de septiembre del 2024, la Asamblea Nacional había aprobado una reforma al Código Orgánico Ambiental (COA) para regular el acceso a estos mercados voluntarios. Entonces, quienes impulsaban el mecanismo abrigaban la esperanza de que su lucha de dos años llegara a un final feliz.
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Pero no fue así. El presidente de la República, Daniel Noboa, acaba de vetar totalmente el proyecto de ley reformatoria al Código, y en lo correspondiente al mercado de carbono lo justifica por conflictos con la jerarquía legislativa, el principio de descentralización, la duplicidad de funciones, la protección de áreas naturales, y el impacto fiscal que generarían las reformas propuestas.
En el documento devuelto al Legislativo, el Ejecutivo argumenta, entre otras cosas, que “la reforma del Código Orgánico del Ambiente requiere una ley orgánica, no una ley ordinaria; que el requerimiento de un informe científico anual sobre biodiversidad es innecesario, dado que esta información ya se genera y se publica a través del Ministerio del Ambiente y el Instituto Nacional de Biodiversidad; que las reformas otorgan a los Consejos Ciudadanos Sectoriales y los Consejos Consultivos atribuciones que exceden sus competencias; que las modificaciones a los límites de áreas protegidas contravienen el principio de intangibilidad de estas áreas, lo que podría llevar a la reducción de su extensión y afectaría los derechos colectivos de comunidades indígenas; y que las propuestas sobre incentivos y compensaciones para servicios ambientales tienen un impacto fiscal considerable”.
Marcelo Salame, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Carbono, quien ha sido una de las cabezas visibles en el impulso para que Ecuador sea parte del mercado mundial voluntario de carbono, lamentó la decisión del Mandatario. “Después de mucho tiempo se había logrado un concenso desde varios frentes para tener una normativa que podía atraer unos 2.000 millones de dólares anuales para el país y generar alrededor de 150.000 empleos. Se había logrado un documento con cosas buenas para el país y el Presidente las tumba de un plumazo, sin importarle nada el bienestar de la naturaleza y de la gente. Acaba de matar una industria que quería nacer”.
Las opiniones de los cambios
Para el líder shuar, Tuntiak Katan, el veto presidencial tiene efectos negativos para los pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador. “Esto restringe el papel que podrán haber tenido las comunidades indígenas en la toma de decisiones ambientales que afectan sus territorios y recursos, limitando su voz en los procesos clave. Aunque el veto protege ciertos derechos colectivos, también podría demorar o complicar el acceso a compensaciones por servicios ambientales.
Al requerir la formalidad de títulos de propiedad registrados, el veto puede excluir a las comunidades indígenas que no cuentan con títulos formales sobre sus tierras, afectando su capacidad para participar en proyectos de servicios ambientales o de compensación por conservación. Esto puede agravar la situación de comunidades que dependen de la posesión ancestral de sus territorios, reconociendo la propiedad solo bajo criterios formales”.
