En vilo contratos petroleros y telefónicos por las elecciones
Se esperan los informes del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay incertidumbre en los sectores
¿Las demoras en contratos y licitaciones quedarán para el próximo gobierno? En los sectores petrolero y de telecomunicaciones crece la preocupación por la lentitud en la firma de acuerdos clave para la gestión de recursos estratégicos para el país.
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Las elecciones presidenciales parecen haber paralizado los procesos, en medio de la creciente incertidumbre sobre si Daniel Noboa logrará la reelección o será reemplazado por Luisa González, cuyo partido ha expresado su oposición a una de las negociaciones en curso.
Tres acuerdos en negociación podrían generar más de 1.900 millones de dólares para el Estado. La concesión del espectro a Conecel (Claro) y Otecel (Movistar) aportaría unos 410 millones, mientras que el consorcio formado por Amodaimi Oil, filial de la estatal china Sinopec, y Petrolia Ecuador, de la canadiense New Stratus Energy, ha ofrecido un adelanto de 1.500 millones por la licitación del campo petrolero Sacha, el más importante del país.
“Ante la necesidad del Estado de obtener financiamiento sin recurrir a más deuda, dado que el pago de capital e intereses ha alcanzado niveles altos, la concesión de activos, la monetización y la venta de empresas se vuelven alternativas relevantes”, aseguró Juan Carlos Alarcón, experto en manejo de activos y catedrático del IDE Business School.
Actores del sector petrolero y de telecomunicaciones mencionaron a EXPRESO que el cuello de botella está en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que debe aprobar informes para que se suscriban los contratos. De hecho, tras la salida del extitular de la cartera de Estado, Juan Carlos Vega, el pasado jueves 13 de febrero de 2025, se rumoró que uno de los motivos era las trabas para suscribir los contratos. Este Diario buscó su versión vía telefónica y WhatsApp, pero no ha obtenido una respuesta.
Horas después de la salida de Vega, el expresidente Rafael Correa escribió en su cuenta de X: “La concesión de Sacha es un saqueo a la República. Si gana la RC (Revolución Ciudadana), aténganse a las consecuencias judiciales”.
El campo petrolero Sacha, el más productivo de Ecuador, opera desde 1972 y aporta el 16% de la producción nacional. El Gobierno mostró interés y, mediante un Acuerdo Ministerial del 26 de noviembre de 2024, la ministra de Energía, Inés Manzano, autorizó su concesión a empresas estatales internacionales o sus subsidiarias.
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“Correa no debería opinar sobre esto, ya que en su gobierno también entregó operaciones bajo esquemas similares de financiamiento y nadie cuestionó esa decisión”, dijo Gonzalo González, presidente de la Comisión Petrolera del Ecuador.
En el caso del sector de telecomunicaciones, se espera también definiciones de Finanzas y el ministro de Telecomunicaciones, César Martin señaló en enero que se espera la firma de los acuerdos el primer trimestre de 2025. “Es evidente que la coyuntura política influye en este retraso. Actualmente, el panorama es incierto y hay dos posturas opuestas en juego. Por un lado, el gobierno actual, con un enfoque más neoliberal y orientado a la desregulación, probablemente establezca ciertas condiciones para las operadoras. Por otro, un eventual gobierno de corte progresista podría imponer mayores exigencias, incluyendo tarifas más altas”, aseguró Hugo Carrión Gordón, experto en materia de telecomunicaciones.
Opción para que sea ingreso para el país
El presidente de la República, Daniel Noboa, ha mencionado que una de las opciones de ingresos que tiene el país para 2025, para dinamizar la economía luego de la recesión de 2024, es la concesión de activos del Estado.
El largo historial
No es la primera vez que se busca concesionar el campo Sacha y tampoco es la primera vez que tiene problemas. Desde el correísmo se ha buscado entregar el campo a otras manos que no sean las de la estatal Petroecuador, pero no se ha tenido éxito.
El diálogo con las telefónicas dilatado
Las negociaciones con las telefónicas se han dilatado más de lo previsto. Las conversaciones se han extendido casi cinco años. En principio, se esperaba que las negociaciones se extiendan hasta 2023, pero aquello no ha ocurrido.
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