Ecuador: Los $400 millones de planificación para seguridad que no aparecen en gastos
EXPRESO analizó el presupuesto de gastos de varias instituciones. Hay un boquete entre lo planificado y el uso de recursos
Un análisis de los datos presupuestarios del Ministerio de Finanzas revela una brecha en la ejecución de los recursos destinados a las instituciones claves de la defensa nacional y de la seguridad ciudadana en Ecuador.
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A pesar de la planificación inicial y las reformas presupuestarias, no se han gastado aproximadamente 400 millones de dólares, lo que podría evidenciar problemas en la disponibilidad de ingresos o fallos en la gestión.
Un vistazo a los datos recopilados para este reportaje
Los datos recopilados muestran los gastos previstos tras los ajustes necesarios, ya sea porque cambiaron las prioridades de las entidades o eventualidades, y los montos devengados, es decir lo que se tiene que pagar a proveedores y otras obligaciones, por ejemplo.
La ejecución presupuestaria es un indicador clave de la capacidad del Gobierno para traducir recursos en acciones concretas. Los resultados muestran que aunque instituciones como la encargada de la inteligencia del país lograron ejecutar casi la totalidad de su presupuesto, entidades ligadas a las operaciones de seguridad en campo presentan un rezago, al menos en los papeles.
Las cifras de gastos analizadas corresponden al Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Centro de Inteligencia Estratégica (CIE), la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
En total, el presupuesto de gastos codificados, es decir el presupuesto inicial más las modificaciones más recientes, ascendía a 3.610 millones de dólares al 20 de diciembre pasado. Mientras que la cuenta del gasto devengado, o sea los gastos que se han realizado pero todavía no se han pagado, sumaba 3.230 millones de dólares a esa fecha.
La diferencia entre esos dos valores es de $ 380 millones. Esto quiere decir que ese monto, que había sido considerado entre los gastos planificados, no es parte de las obligaciones asumidas por el Estado. Se podría entender que hubo una gestión deficiente de recursos de ciertas instituciones o que hubo falta de liquidez, según expertos.
Por ejemplo, el SNAI registraba en gastos devengados (comprometidos a pago) $ 107 millones de los $ 182 millones presupuestados, es decir que un 58 % estaba atado a pagos. El Ministerio del Interior, en cambio, reportó $ 84 millones de gastos comprometidos de $ 105 millones. Y el Ministerio de Defensa, $ 1.532 millones de $ 1.728 millones.
Este Diario solicitó entrevistas con representantes de estas instituciones. Solo el Ministerio del Interior pidió más detalles del requerimiento, pero sigue pendiente la confirmación de la cita.
La seguridad ciudadana es una de las prioridades más apremiantes en Ecuador, dada la ola de violencia que han generado la delincuencia común y el crimen organizado.
Entre los principales problemas que se derivan de esa situación están las muertes violentas (asesinatos, homicidios, femicidios, sicariatos). El año pasado, de enero a noviembre de 2023 se registraron 7.482 hechos de ese tipo. En este año, en ese mismo periodo, se reportaron 6.275, según los registros oficiales. Aunque los números demuestran que ha habido una reducción de ese tipo de crímenes, Ecuador está lejos de tener los niveles de hace varios años.
Voces que fiscalizan el presupuesto del Estado
La Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) presentó hace pocos días el informe ‘De Correa a Noboa, presupuesto en seguridad en Ecuador’.
Marcelo Espinel, subdirector de la FCD, indicó que identificaron “algo que es constante en todos los gobiernos (...) No existe una adecuada planificación presupuestaria, que se traduce en una subejecución presupuestaria”.
El directivo de la fundación agrega que esto se debe en gran medida a las complejidades de la ley de contratación pública, en la identificación de nuevas prioridades en el transcurso del año o temor a ser glosados.
“Este tipo de cosas ponen en evidencia que la falta de planificación y las trabas burocráticas terminan afectando la satisfacción del derecho ciudadano a la seguridad ciudadana”, sostuvo.
En efecto, esa falta de planificación afecta al agente policial y al agente fiscal, quienes son parte de la cadena investigativa de delitos, por ejemplo.
“Hace falta un cambio de parque automotor. Sin vehículos no se puede trabajar. Las computadoras están obsoletas. Uno tiene que utilizar sus propios equipos para hacer los informes”, develó un investigador de la Policía sobre las deficiencias del día a día en el oficio. Él prefirió no dar su nombre.
Por otro lado, un agente fiscal, quien también pidió que se omita su nombre, manifestó: “Queda una investigación a medias, por falta de presupuesto o mal uso del mismo no se puede ahondar en los casos”.
La subejecución de recursos no es solo un problema administrativo; es un síntoma de un sistema que necesita una reforma profunda. Si Ecuador no ajusta sus mecanismos de planificación y ejecución presupuestaria, la seguridad seguirá siendo un objetivo esquivo para sus ciudadanos. Aunque también hay que tomar en cuenta que el Estado debe invertir en proyectos sociales y productivos sostenibles para dar oportunidades a la población más vulnerable.
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