En Ecuador, el 43 % de las audiencias judiciales terminan diferidas
Casos iniciados en pandemia llevan desde 2021 sin avanzar. Procesos como Triple A motivaron un proyecto para corregir abusos
La famosa frase se palpa cada día en el Ecuador: “la justicia retrasada es justicia denegada”. Las causas son varias, desde la falta de jueces y fiscales, el escaso presupuesto, la mala ejecución y los abogados que han hecho costumbre litigar con mala fe.
El 43 % de las audiencias de 2023 no se realizaron. Anualmente, en promedio, se convocan 180.000 diligencias, significa que más de 77.400 no se dieron. Las cifras se desprenden de los considerandos del proyecto de Ley Talón de Aquiles, con la que el gobierno propone corregir unas tácticas judiciales que llevan años aplicándose.
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Cambio de abogados de último momento, abogados que presentan pasajes aéreos para hacer supuestos viajes al extranjero sin que los jueces verifiquen después los movimientos migratorios; durante la pandemia el pretexto más recurrente fueron los certificados médicos de tener la COVID-19 y durante la crisis energética argumentaron la falta de luz.
Los mejores ejemplos para demostrar la gravedad de la falta de justicia están en los casos iniciados durante la pandemia. Una serie de funcionarios públicos aprovecharon la enfermedad para comprar con sobreprecio. Se hicieron procesos legales, pero hasta ahora no hay sentencias.
Nueve convocatorias en dos años
Un caso es la causa N° 09284-2022-00738, por peculado en contra de cinco personas entre las que se encuentra Luis Enrique Jairala Zunino, exdirector del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Desde 2023 se han realizado nueve convocatorias, pero la audiencia de juicio no se ha podido instalar. La última convocatoria fue para el 14 de marzo, pero no se dio y fue diferida para el 26 de junio.
El caso por delincuencia organizada que tiene como centro el Hospital Teodoro Maldonado y que tampoco ha llegado a una sentencia es el de Daniel Salcedo, Jacobo Bucaram Pulley, Xavier Jordán y otros. La audiencia que se ha diferido 67 veces desde octubre de 2021. El abogado de Salcedo es Diego Córdova Raza, abogado también del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuya audiencia de vinculación en el caso Triple A tampoco se ha podido realizar desde el 28 de febrero pasado.
De hecho, Petroecuador, quien presentó una acusación particular pidió al juez que se declare la defensa de Aquiles como “mala fe”, porque el alcalde contrató al mismo abogado del juez para forzar una excusa y evitar que la audiencia se dé.
Otras audiencias que no se instalaron
En la lista de audiencias que no se pueden instalar está el proceso por lavado de activos contra la abogada Bibian Hernández. La audiencia preparatoria de juicio se ha postergado desde agosto de 2024.
La última convocatoria fue para el 16 de marzo pasado, pero Hernández solicitó tiempo para que su abogado estudie el proceso. “Es necesario que mis defensores técnicos tengan acceso directo y físico a los expedientes en audiencia, sumado a la utilización de medios tecnológicos adecuados que llevarán para cumplir a cabalidad con su cometido, no solo facilitará la interacción directa con su autoridad, sino que permitirá una mejor presentación de los argumentos de mi defensa, conllevando a una mayor claridad”.
Carlos Ortiz Bonilla, otro de los procesados y socio de Hernández, pidió también un diferimiento porque su abogado tenía reposo médico del 17 al 20 de marzo del 2025. Adjuntó un certificado de un médico privado.
Para el gobierno, estos problemas facilitan la impunidad deben arreglarse con una ley que sancione cuando los abogados cuya estrategia es el uso de las leguleyadas.
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