Ecuador: 46 años de subsidiar campañas electorales

En las organizaciones políticas se habla de aportes, rifas y cocteles para financiar la promoción electoral, más allá del subsidio estatal, que ayuda a pagar espacios en medios de comunicación, rumbo a febrero del 2025. Pocos recuerdan que en 1998, cuando en Ecuador aún circulaba el sucre, Fernando Aspiazu aportó 3.1 millones de dólares para la campaña de Jamil Mahuad.

En medio de la crisis que vive el país, con desempleo e inseguridad, directivos de partidos mencionan la injerencia del poder económico en la política. Pero, con 16 binomios presidenciales, buena parte con rostros y nombres que le resultan extraños a la mayoría de ciudadanos, una pregunta se repite:

¿Por qué mantener este ‘subsidio electoral’? En Ecuador, desde 1978, con el retorno a la democracia, los ecuatorianos costean las campañas. A partir de entonces, las organizaciones han contado con fondos públicos y privados. Hasta el 2008 ese ‘subsidio estatal’ se llamaba Reposición del Gasto Electoral, según la Ley de Partidos Políticos. Lo recuerda Fausto Camacho, exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los recursos se entregaban a los partidos que hayan cumplido con el requisito de haber obtenido al menos el 4 % de los votos válidos en elecciones pluripersonales, es decir representantes ante la Cámara Nacional.

En julio de este año, el CNE proyectó un Fondo de Promoción Electoral de 13’760.259,81 dólares, para las elecciones del 9 de febrero del 2025. Ese monto se distribuirá entre todos los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, Asamblea Nacional y Parlamento Andino. E incluye la segunda vuelta.

En Ecuador, el nombre de Fondo de Promoción Electoral nació en el 2008, en la Constitución de Montecristi, que estableció un subsidio equitativo para los participantes. El objetivo: financiar la propaganda en prensa escrita, radio, televisión y en vallas publicitarias.

Camacho apunta que en 1978 no había Ley de Control de Gasto Electoral, que rige desde el 2000 y que fija límites. Él recuerda un hecho “bochornoso”: en julio de 1999, Fernando Aspiazu, propietario del Banco del Progreso, fue apresado y declaró que había aportado 3,1 millones de dólares a la campaña del entonces presidente Jamil Mahuad. 

“El Fondo de Promoción Electoral se supone que se creó para que las elecciones no sean una compra en las campañas, por parte de grupos de poder económico”, señala Gustavo Larrea, presidente de Democracia Sí, movimiento que surgió en 2015. Aunque él critica la falta de control electoral, “hay campañas multimillonarias”.c

Según Larrea -quien fundó Alianza PAIS y en 2009 se separó del correísmo- la única forma de financiamiento de Democracia Sí son las cuotas de militantes. “Cada proceso electoral es un gasto enorme de recursos de afiliados y de candidatos. Tres elecciones seguidas de 2023 a 2025 son un problema. No podemos competir con chequeras millonarias. Subsistimos con el aporte voluntario”. En concreto, dice, que en esta campaña la militancia organizará eventos, para recaudar fondos como peñas, cocteles, rifas y venta de ‘souvenirs’ (gorras y camisetas).

El 17 de agosto, el CNE aprobó el Límite del Gasto Electoral, para los comicios de febrero del 2025. El cálculo se basa en el número de electores habilitados: 13’736.314. Así, por ejemplo, serán 5’494.525,60 dólares. Eso equivale a 0,40 por elector.

Según los artículos 230 y 232 del Código de la Democracia, los responsables económicos de las campañas tienen 90 días, desde los comicios, para presentar un balance, con el listado de contribuyentes, con los montos y justificativos, ingresos y egresos. Hasta dos años después, la presidenta del CNE reportará al Pleno el análisis de las cuentas.

El control del gasto no preocupa a Analía Ledesma, presidenta de la Izquierda Democrática. En su partido, con 46 años de historia, los militantes no contribuyen con cuotas. Ella y otros directivos ponen plata y personal. Ni siquiera el edificio, en litigio porque fue construido por la militancia en un terreno que el Municipio reclama, puede ser abierto todos los días. No hay conserjes, los anteriores demandaron por no pago de haberes. Ledesma saca de su bolsillo “hasta para la compra de papel higiénico”.

¿Cómo financiarán los gastos de promoción? “A Carlos Rabascall le he sido clara, nosotros no tenemos dinero. Tendrá que afrontar la campaña. El CNE financia la presencia en medios, pero no entrega en efectivo como tal. Él tiene aportantes”.

Para Virgilio Hernández, de la Revolución Ciudadana, “es adecuado que se entregue un subsidio, para que no solo las grandes empresas electorales puedan financiar campañas”. Dice que debería volverse más efectivo, incentivando las alianzas en la primera vuelta.

En la región también hay subvenciones

Con excepción de Estados Unidos, en varios países de la región, es común la entrega de subvenciones estatales a las campañas electorales de los partidos. La polémica se mantiene sobre el escaso control a los aportes de donantes en Estados Unidos. Así, en el 2020, los entonces candidatos Joe Biden y Donald Trump habrían gastado un total de 5.700 millones de dólares, según Deutsche Welle.

Para las elecciones presidenciales de México, en junio pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un financiamiento público para los partidos políticos de 10.444 millones de pesos (526.7 millones de dólares). Fue la mayor bolsa que han recibido. Según la prensa local equivalió al presupuesto del Senado y de algunas secretarías de Estado, como la de Economía. En 2018 fueron 6.700 millones de pesos. Además, los partidos podían captar 175 millones de pesos, cada uno, de otras fuentes privadas.

En Colombia, al igual que en Ecuador, hay una contribución con recursos públicos al financiamiento de las campañas. Un porcentaje se reparte en partes iguales y otro, según el caudal de votos obtenidos. También entidades privadas pueden dar dinero.

En Brasil, en 2022 fue polémica la decisión de otorgar 859,6 millones de dólares para la campaña, en la que ganó Luiz Inácio Lula da Silva. Se triplicó el monto entregado en 2018, cuando ganó Bolsonaro.

En Perú, el financiamiento es público y privado, según la Ley de Organizaciones Políticas. Se les asigna un monto solo para quienes tienen representantes en el Congreso. Este año recibirán 15,6 millones de soles (más de 4 millones de dólares).

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