Las ocho razones que acorralan a las finanzas ecuatorianas

No se puede señalar a un solo culpable. La compleja situación económica que rodea al Ecuador es fruto de varios factores. Un peligroso coctel de errores internos, un panorama mundial en crisis, falta de decisión política y una mala gestión social arrinconan al Gobierno que, para colmo de males, está en un año de salida.

El Gobierno del presidente Lenín Moreno terminará funciones en mayo de 2021. Aunque falta poco más de un año para ese plazo, el escenario electoral impide que se puedan planificar soluciones económicas a mediano o largo plazo. Las autoridades de Gobierno han sido claras al mencionar que tendrán un candidato para la Presidencia del siguiente periodo y, si esa es la meta, no pueden arriesgarse a perder más puntos de la ya gastada popularidad de la administración.

EXPRESO resume otros factores internos y externos que cercan al Gobierno y complican los números del país.

1. Salidas en falso. La caída del precio del barril de crudo afecta a todos los países productores. A Ecuador, sin embargo, el golpe lo sacude más. Una de las razones es que, al menos en materia económica, tuvo varias salidas en falso durante 2019. La primera, y más dolorosa, fue la fallida eliminación de subsidios para los combustibles diésel y extra. La propuesta nació en el primer día de octubre y, once días más tarde, Ecuador pasó por un paro nacional que dejó pérdidas totales por más de 2.500 millones de dólares. Las manifestaciones violentas, lideradas por el movimiento indígena y grupos opositores al Gobierno de Moreno, desgastaron la figura presidencial, evitaron la propuesta de reformas laborales que solicitan los empresarios y desecharon cualquier variación en los precios de las gasolinas. 
2. Reformas sin debate. El Plan B del Gobierno, luego de fracasar con la idea de eliminar subsidios, fue enviar una ley extensa que reformaba tributos, normas económicas y pagos a favor del Estado. El documento, por la premura, no fue socializado previamente entre los asambleístas y para cuando llegó al Legislativo tenía detractores hasta en las filas del movimiento de Gobierno. El documento fue devuelto y, días más tarde se presentó una propuesta más tibia que tuvo los votos justos para su aprobación. 
3. Política adversa. La falta de diálogo entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional provocó casi de inmediato el siguiente problema. La frágil mayoría que conformó el Gobierno de Moreno se desbarató cuando el Presupuesto General del Estado y otras alternativas llegaron sin mayores consensos. CREO abandonó la alianza con PAIS y, en ese escenario, ninguna ley propuesta por Lenín Moreno sería aprobada. En la Asamblea hay, además, otro problema. En febrero de 2021 se elegirán a nuevos legisladores y ningún aspirante a la reelección o una agrupación política tomará una decisión de ajuste económico sin pensar antes en el número de votos que se pueden perder. 
4. El precio falló. El Gobierno ecuatoriano realizó la proforma de este año con un precio de barril de petróleo de $ 50,30. Debido a la caída, el déficit fiscal, es decir, el hueco de recursos que se genera debido a que los ingresos del Estado no alcanzan a cubrir todos sus gastos, se haría más grande. Para este año se estimaba un monto equivalente al 3 % del Producto Interno Bruto (PIB).
5. Poca credibilidad. Uno de los factores que ha complicado al actual Gobierno es la poca credibilidad de Ecuador en los mercados internacionales. Si bien Moreno ha buscado ser más cercano a Wall Street, el estigma de ser un mal pagador o ‘serial defualter’, en la jerga financiera, también ha jugado en contra. Las malas señales que pueden surgir del Gobierno se amplifican por la mala fama. Esa también ha sido una de las razones para el crecimiento del riesgo país o la reducción de las calificaciones crediticias de Ecuador. Ayer, el riesgo país cerró en 2.792 puntos básicos, la cifra más alta desde junio de 2009, época de la crisis ‘subprime’ o de las hipotecas que golpeó al mundo y del último ‘default’ o impago de deuda que incurrió Ecuador. 
6. Desembolsos del FMI. Como si fuera poco, el derrumbe de los precios del petróleo surge tras un escenario que no está todo claro con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La semana pasada, se conoció que el organismo suspendió la cuarta revisión del programa para el desembolso de $ 348 millones. Para Santiago Mosquera, director de USFQ Business School, el Gobierno se deberá sentar con el Fondo a replantear el programa, debido a la actual situación económica adversa. Mosquera cree que el acuerdo con el organismo multilateral no se cortará y más bien es probable que, tanto el FMI y otras entidades, estén dispuestas a ampliar sus líneas de crédito ante la situación adversa que atraviesa el mundo. El director de USFQ Business School, señaló que el Fondo puede ser más flexible. 
7. Pocas Fuentes. El Gobierno ha calculado para este año que las necesidades de financiamiento alcanzan los $ 6.665 millones. Si la cifra ya estaba en duda antes del colapso del precio del petróleo, ahora ese número debe ser completamente superior. Para Mosquera, la primera tarea del Gobierno debe calcular el tamaño del déficit fiscal con mayor precisión. Según cálculos de Mosquera, el déficit llegó a febrero de este año a $ 500 millones, cuando el año pasado llegó a $ 22 millones en el mismo período. Tras ese cálculo se debe buscar cuáles serán las opciones de financiamiento. Por ahora, según Mosquera, los organismos multilaterales aparecen como la opción más viable. El Gobierno también ha señalado que actualmente se encuentra renegociando la deuda bilateral que el país mantiene con la China. Analistas de bancos internacionales han señalado que el Gobierno podría estar considerando también crédito con el gigante asiático.
8. Monetizar activos. El Gobierno ecuatoriano tenía sus esperanzas en monetizar activos del Estado. En principio, conseguir $ 2.000 millones por esa vía. Eso también ha sido otro factor de desconfianza entre los tenedores de deuda del país. Sin embargo, en la última revisión que realizó el FMI, la cifra fijada es más conservadora:$ 700 millones. Dado el alto riesgo país y la situación económica global, monetizar activos del Estado puede ser una tarea casi imposible.