Ecuador, con medidas parches para evitar crímenes contra candidatos
En 2023 cuatro aspirantes fueron asesinados. Se analiza reforma electoral, expertos observan propuesta
Cuatro candidatos a cargos de elección popular han fallecido en las dos últimas campañas electorales de Ecuador. Todos ellos perdieron la vida en el 2023: dos competían para alcanzar una alcaldía, otro buscaba una curul en la Asamblea y el último, la Presidencia de la República en elecciones anticipadas.
En total se registraron 90 agresiones, entre asesinatos, atentados terroristas, amenazas, secuestros y asaltos, según el Observatorio Ciudadano de Violencia Política que siguió de cerca las agresiones registradas entorno a los dos últimos procesos democráticos.
Y, a menos de tres meses de que inicie oficialmente la campaña electoral, se registró un ataque armado a un hijo del candidato presidencial Jimmy Jairala, quien corre en la lid por Centro Democrático. Un día después, el Ministerio del Interior presentó un equipo de protección exclusivo para los binomios presidenciales de las elecciones de febrero de 2025.
Guido Núñez, viceministro de Seguridad Pública, expuso que “cada uno de los 16 candidatos dispondrá de una cápsula de seguridad, dependiendo del nivel de riesgo. Esta incluye también la asignación de 64 vehículos” para dichos trabajos de custodia.
Sin embargo, ¿qué pasa con los demás participantes de la contienda electoral, como los candidatos a la Asamblea? Ellos deberán solicitar y alertar por escrito sobre las amenazas que enfrenten para ser sometidos a una evaluación y, a partir de ahí, recibir su equipo de protección por parte de la Policía Nacional.
El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, apunta que “lamentablemente la Policía tiene escasez de personal y el acompañamiento por seguridad lo determina con base en el análisis del perfil de riesgo de cada individuo”.
Por lo tanto, cree que sería posible pensar en un futuro cercano en una reforma electoral que permita al menos tratar de proteger la democracia dentro de sus competencias legales como organizadores de los comicios en Ecuador.
La alternativa que se ha pensado para atender los problemas de seguridad
Una variable podría ser que se fijen recursos para la seguridad de los participantes para evitar más casos de ataques armados o muertes violentas de los participantes. A su criterio, si no se toman medidas se desencadenará en los ciudadanos el miedo a participar en la política.
“Considero que es una buena iniciativa, lo que permitiría que el CNE cuente con el presupuesto y pueda coordinar con Policía y Fuerzas Armadas los temas relacionados. Cabe destacar que cualquier reforma del Código de la Democracia será aplicable para el proceso del 2027”, resaltó.
En el 2022 y 2023 no se pudo aplicar una reforma electoral porque el artículo 219 del Código de la Democracia establece que no se pueden realizar cambios dentro del año previo a la celebración de elecciones. No obstante, el experto en seguridad pública y defensa del Estado, Diego Pérez, considera que las garantías de seguridad pueden llegar solo con cambios administrativos.
“Es exagerado, pero no innecesario, creo que hay varios puntos intermedios que se deben de orientar. Un tema es la gran cantidad de candidatos que se presentan, que aún no están ni contabilizados ¿Y cómo se podrá priorizar objetivamente para definir a qué candidato y a quién no? Y luego de ello, viene el principio de igualdad y de democracia, que al ver que se protege a uno, hasta el último de la lista va a querer protección y está en todo su derecho por la regla de equidad e igualdad de condiciones”.
Para Pérez, debe existir “mucho cuidado” por el tema del financiamiento de esos rubros y la justificación que se deba presentar a la Contraloría General del Estado ecuatoriano.
Cambios que se necesita en la democracia ecuatoriana
Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, manifiesta que el problema de seguridad de los participantes en los comicios de Ecuador no puede ser tratado de forma puntual porque se conecta con otras variantes, como la crisis de representación que tiene el país.
Expone que no se puede aplicar el principio de igualdad, porque hay organizaciones políticas y candidatos de alquiler. “Con parches no se logrará nada. Se debe pensar en una cirugía mayor porque si se va a entregar seguridad a los que nacen de la compra-venta de los espacios, no será ¿más importante restaurar la democracia interna de las organizaciones políticas para no tener tantos candidatos?”. Afirma que los cambios deben ser en la Constitución sobre los fondos partidistas para eliminar el exceso de movimientos políticos.
