En Ecuador, menores siguen siendo "vendidas" por sus padres para unirse con adultos

A los 19 años, Martha ya tenía una rutina que muchos no pueden imaginar a esa edad. Vivía en un pequeño recinto del cantón Rioverde, en la provincia de Esmeraldas, donde su día comenzaba retirando a su hijo de seis años de una escuela unidocente. Su vida era cumplir con su familia: preparar el almuerzo, cuidar a su esposo de 37 años, y por las tardes, se relajaba jugando bingo. Pero, Martha nunca terminó la primaria.

Según un estudio de Plan International, UNICEF y UNFPA, en Esmeraldas el 35,7 % de las mujeres entre 18 y 49 años se casaron o unieron antes de los 18 años. Martha es parte de esa estadística. Aún más triste, su vida dio un giro inesperado cuando se quedó viuda, con dos hijos pequeños que dependían completamente de ella. La historia de Martha es un reflejo de realidades muy duras que muchas mujeres enfrentan en ciertas regiones de Ecuador. 

Una realidad que se asocia a graves formas de violencia

Para Rocío Rosero Garcés, representante de la Coalición Nacional de Mujeres y exviceministra de Inclusión Social, estas cifras son alarmantes y preocupantes, ya que se asocian con graves formas de violencia.

“Esto se ha normalizado porque se invocan costumbres, valores religiosos y valores socioculturales. Es decir, a la gente no le escandaliza”, explica.

Garcés, junto con otras activistas y organizaciones, logró que en 2015 se estableciera en el Código Civil que la edad mínima para casarse fuera de 18 años. “Fue un logro, pero si bien las niñas no se casan formalmente, aún existen uniones precoces y forzadas”.

Según la exviceministra, esto también se debe a que persiste la idea del amor romántico y se sigue encasillando a las mujeres en los roles de esposa y madre. “Estos patrones culturales legitiman este tipo de vulneración de derechos”, sostiene.

El estudio, publicado en octubre de 2023, señaló que la provincia con más niñas y adolescentes pobres y con el mayor porcentaje de mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años es Morona Santiago, en la región Amazónica. Sin embargo, Guayas, Pichincha, Manabí, Chimborazo y Esmeraldas también presentan altos porcentajes.

Las niñas como transacción en Ecuador

Rosero explica que uno de los factores más importantes para perpetuar las uniones precoces es la pobreza. “En comunidades indígenas y de la Amazonía aún existen padres que entregan a sus hijas por 4.000| o 5.000 dólares. Dentro de este contexto, está la naturalización de la servidumbre de las mujeres. Son los mismos padres los que hacen este tipo de transacciones para conseguir recursos”.

Recuerda un caso en La Concepción, una comunidad en la que una mujer que no tiene novio, marido o hijos es mal vista. “Aunque en los últimos años las cosas han cambiado. Las chicas ahora tienen más información y saben que esto no es natural, ni normal, ni deseable”, explica.

Esta práctica lleva muchos años. “Yo tengo un caso muy cercano. Ella fue vendida, pero ha roto este patrón. Ahora tiene a sus hijas en la universidad y es muy crítica de su madre”, relata. Era una jovencita expuesta al maltrato de una familia de la que escapó para salvarse.

“Son condiciones graves de un cúmulo de violencias que comienzan por la pobreza, la naturalización de la violencia en los hogares y que se reproduce intergeneracionalmente”.

Para Sybel Martínez, activista de derechos y expresidenta de la Junta de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, otro escenario es que las adolescentes buscan irse del hogar empobrecido para “dejar de ser una carga”. “Las niñas se sienten una carga y están dispuestas a unirse, principalmente a hombres mayores que ellas. La unión entre adolescentes es la excepción”, asevera.

Puntualiza también que este fenómeno no solo se presenta en el ámbito rural, sino también en el urbano. “En los barrios se pueden ver estos casos. Hay que desmitificar la idea de que esto solo sucede en el ámbito rural. Tenemos una sociedad incluso incestuosa”, expone.

Las terribles consecuencias de las uniones tempranas

Al ser estas prácticas normalizadas, se transmiten por generaciones. Según las activistas, esto tiene como consecuencia la deserción escolar y, por ende, la reproducción de la pobreza.

“Una niña que no pudo estudiar, después no puede acceder a un trabajo bien remunerado. O depende de su pareja o tiene empleos mal pagados. No tiene una carrera”, advierte Rosero.

El estudio de UNFPA también apunta a que, a mayor acceso a la educación, existe un menor porcentaje de mujeres que se casaron antes de los 18 años. Además, a mayor ingreso económico, es menos probable que una mujer se case o se junte con una pareja antes de la mayoría de edad. Es un círculo que también empobrece a los niños que nacen de estas mujeres.

Se establece, además, que “pertenecer a un hogar cuyo jefe no tiene ningún nivel educativo quintuplica las posibilidades de que una niña o adolescente sea pobre, en comparación con un hogar cuyo jefe sí tiene instrucción superior”. Estas familias tienen menos posibilidades de ascender socialmente.

“La deserción escolar es del 10 %. No se sabe cuántos de esos casos son por embarazos. Con las uniones tempranas, simplemente se desvanece el proyecto de vida de las niñas”, lamenta Martínez.

Al no conocer otra realidad, muchas de estas jóvenes se quedan en hogares en los que también se reproducen ambientes violentos. “Incluso tengo una comadre que se quedó. Ella vive esa realidad. No todas pueden salir”, dice Rosero.

Entornos violentos

Sybel Martínez es enérgica al apuntar que existe abuso sexual en estos casos. “Hay que decir que lo que sucede con niñas menores de 14 años son violaciones. No existe consentimiento”.

También explica que si hay consentimiento en menores de 18 años, este está viciado, es decir existe un grado de aprovechamiento por parte de la pareja, que generalmente suele ser mayor. “Estuve cerca de un caso en el que una niña fue violada por su padrastro de manera reiterada y no tuvo protección de su madre. Terminó en una casa de acogida”.

Si bien las activistas apuntan a la pobreza, la falta de educación y la cultura que normaliza estas prácticas, también está la falta de protección tanto por parte de los padres o tutores como de las instituciones estatales, como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. “No reportan, aunque tengan la obligación de hacerlo. Eso perpetúa la impunidad”, indica Martínez.

En el caso de Martha, con quien empezamos esta nota, fue su marido quien la eligió como su pareja y se la llevó a su casa, donde vivía con sus hermanas y madre cuando ella tenía 13 años. En un incidente durante las fiestas del recinto, su pareja falleció. Ella quedó al cuidado de sus cuñadas. Regresar con su madre no era una opción.

Ecuador no tiene datos ni análisis de esta problemática

Uno de los principales hallazgos del estudio de UNFPA fue que no existen cifras consolidadas ni una metodología unificada para medir esta problemática.

Han sido las organizaciones de la sociedad civil las que han recopilado datos sobre este tema. El último reporte registrado al respecto es el de CARE de 2017.

“Esa es una obligación del Estado y no la cumple. Por eso nosotros aportamos, para desde ahí generar políticas públicas”, señala Rocío Rosero.

La aspiración de activistas como Rocío es contribuir a desmontar los discursos que perpetúan el rol de la mujer como madre y esposa, y que esta sea la única aspiración para las niñas.

Sin embargo, los cambios sociales toman tiempo. Para Rocío, ha habido logros importantes, pero estos tendrían más impacto si también se aplicara la política pública. “Hay cosas que están en el papel, pero no se cumplen. El mismo Ministerio de Educación, que es el ente encargado de la educación sexual y reproductiva, no está cumpliendo con su tarea”, sentencia.

Para Sybel Martínez, el hecho de que sean las organizaciones las que recopilan los datos ha dejado al Estado en una posición cómoda. “Como hay quien lo haga, el Estado no cumple. Ninguna institución encargada de la seguridad de niños, niñas y adolescentes está funcionando”, reclama.