Ecuador pide perdón, pero no acepta su responsabilidad

El Estado ecuatoriano hizo ayer un mea culpa contradictorio en la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Paola Guzmán. En la sede de la Corte -en San José, Costa Rica- María Fernanda Álvarez, directora de derechos humanos de la Procuraduría General, pidió disculpas a Petita Albarracín, madre de Paola, por las “acciones y omisiones del Estado” que permitieron los abusos de la menor y su posterior muerte, pero no asume la responsabilidad total por el esclarecimiento de los hechos.

Paola se suicidó ingiriendo 11 diablillos (fósforo blanco) en 2002, luego de ser acosada y abusada sexualmente por Bolívar Espín, entonces vicerrector del colegio público Miguel Martínez Serrano de Guayaquil, donde ella estudiaba. Espín, quien tenía 64 años, le había ofrecido modificar sus calificaciones a cambio de relaciones sexuales. Por casi dos años la acosó y abusó de ella. Luego empezó a violarla y ella quedó embarazada. Espín la obligó a abortar, enviándola donde el médico del colegio, quien le puso como condición tener relaciones sexuales con él.

Los hechos han permanecido en la impunidad durante 17 años, en los que Albarracín ha buscado justicia. En esta cita, el Estado -que no acudió a la audiencia de fondo del caso en 2015- reconoció que no implementó las medidas adecuadas y efectivas para investigar y sancionar a los responsables.

Asimismo, admitió que un mal manejo de la Fiscalía permitió que prescribiera, en 2008, el proceso penal contra Espín, quien recibió una orden de detención cinco años antes. La Corte criticó la falta de coherencia del Estado ecuatoriano en cuanto a su responsabilidad y le pidió aclararlo en sus alegatos escritos.

Esta es la primera vez que la Corte asume un caso de violencia sexual contra niñas y adolescentes en el contexto educativo. En los testimonios de ayer, Petita Albarracín, las abogadas, las expertas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitaron a la Corte que reconozca que la autonomía y el consentimiento son parte fundamental de los derechos sexuales y reproductivos y que los vicios directos o indirectos al consentimiento son violencia sexual.

“De esta corte espero lo que no ha hecho mi Ecuador. No me dieron protección, no hicieron justicia”, dijo Albarracín. La médica Ximena Cortés, quien realizó la autopsia psiquiátrica y psicológica de Paola, fue una de las convocadas a declarar. Allí, dijo que se trata de un caso emblemático o prototípico del abuso infantil en las instituciones educativas. Además, explicó el modus operandi de un predador en una relación asimétrica, como la que existió entre Paola Guzmán y su agresor, Bolívar Espín. “Lo que busca el predador es una presa, no una novia”, indicó.

En el ámbito educativo, aclaró, el rol del profesor es un rol sucedáneo al paterno. Así, cuando un profesor aborda sexualmente a una niña o adolescente estudiante, replica una dinámica incestuosa. Además, aclaró que el abuso sexual es un modelo de dominación.

Para el colectivo de mujeres adolescentes, este caso irradia el mensaje de que la mujer está llamada a complacer y de que las adolescentes deben pagar por la educación con su cuerpo, dijo Cortés. Por eso urge una reparación. Según Catalina Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, el caso creará estándares regionales que los estados deben cumplir para garantizar los derechos de las niñas y adolescentes en el colegio y protegerlas de la violencia sexual. La Corte debe dictar sentencia en el lapso de un año.

Detalle. Según Unicef, en América Latina 1,1 millones de adolescentes entre 15 y 19 años ha sufrido violencia sexual al menos una vez en la vida y 1 de cada 3 estudiantes entre 13 y 15 han sufrido acoso sexual en el contexto educativo.