Un Ecuador sin políticas de Estado no tiene estabilidad

En 1998, en el gobierno de Jamil Mahuad, se empezó a entregar el bono solidario, conocido también como ‘de la pobreza’, y desde la presidencia de Lucio Gutiérrez como Bono de Desarrollo Humano. Es una política pública de protección social que se ha mantenido ya 26 años.

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Hoy, el bono llega a más de 600.000 hogares en Ecuador, en especial a los que tienen a mujeres como cabezas de hogar. Al mes se entrega desde 55 a 150 dólares, según el número de hijos. En la región hay otros subsidios, como Hambre Cero, en Brasil, y Progresa, en México.

¿Cuán eficaz es esta transferencia económica? El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo ha evaluado y no ha podido confirmar, por ejemplo, que se cumpla con el componente de corresponsabilidad: los beneficiarios deben matricular a sus hijos en la escuela y llevarlos a centros de salud, con el objetivo de que dejen el círculo de pobreza.

Esa es una política de Estado que ha trascendido a siete presidentes y que cuenta con un presupuesto. Pero hay familias que llevan una década recibiendo el bono. ¿Ha servido? ¿Ha cambiado su realidad?, son preguntas sin respuestas aún. “Trazar una política pública implica haber analizado un sector e identificar una condición que afecta a la población y dar respuesta a la problemática”, explica Fander Falconí, profesor de la Flacso y ex secretario Nacional de Planificación.

El Estado puede generar “agencia” (capacidad de actuar), influir en la vida del ciudadano, con un conjunto de políticas, con acciones de gestión y presupuesto, que van en una dirección para alcanzar una transformación, dice.

La importancia de mantener las políticas de Estado

¿Cree que el rumbo del país puede mejorar si se trazaran políticas de Estado que se mantengan fijas, sin importar los cambios de Gobierno?, consultó una reciente encuesta de Ipsos. El 79% contestó que sí. Les interesa que se trabaje así en seguridad, economía, salud y educación.

Fernando Barragán, profesor del IAEN, está de acuerdo. Hacen falta políticas que logren posicionarse con una visión de largo plazo para alcanzar cambios estructurales en áreas como seguridad, empleo, desnutrición, desarrollo sostenible y cambio climático, detalla.

La prospectiva, los estudios de futuro, permiten aclarar esa visión y lograr que los diferentes actores se comprometan y se articulen, anota Barragán. También que sin políticas que trasciendan se pierden recursos. Eso pasa, advierte, no solo en el gobierno central, sino en los gobiernos locales. 

Políticas sociales que se eliminaron

La abogada Ana Cristina Vera, quien dirige Surkuna, una organización de abogadas, que defienden a víctimas de femicidio y derechos de las mujeres, reclama una falta de política pública en prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

De enero a junio se han producido más de 125 femicidios en el país. Los datos de la Alianza para el Mapeo indican que cada vez es más común el uso de armas de fuego. Hasta el 31 de mayo, en el 61% de estos crímenes contra las mujeres se utilizó pistolas; en el 20% cuchillos y otras armas blancas; y en el 7%, las manos.

Vera recuerda que Ecuador tuvo una política definida, en el Plan Nacional de Acción contra la violencia. “Hemos hecho varios intentos de construcción de política pública al respecto, pero con los cambios de ministerio no se puede; además es muy importante que la visión sea intersectorial para combatir este problema multicausal”, dice y también que extraña las campañas con las que se buscaba el cambio de patrones socioculturales. “El Estado se debilita más y más y no entrega presupuesto, por ejemplo, al Plan Nacional de Embarazo Adolescente ni se preocupa por las casas de acogida a víctimas de la violencia”. 

Vera lamenta que en el 2015 se haya dejado de lado la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, que garantizaba servicios en el embarazo, parto y en los primeros años de vida. Se desarticuló, en el 2015, al quitarle presupuesto, con la idea de que en todos los centros de salud se atendería estos casos.

La improvisación prevalece

Para Sybel Martínez, defensora de derechos de niños, niñas y adolescentes y Directora de Rescate Escolar, hacer política pública es casi un arte. Pero le parece que la improvisación gana y eso se refleja en que no existan programas a corto, mediano ni largo plazo, con resultados tangibles y medibles.

A Martínez le preocupa no contar con suficientes datos sobre embarazos adolescente o violencia escolar, por ejemplo. En cuanto a políticas de bienestar social, considera grave que se haya implantado la caridad.

En redes sociales es común leer pedidos de apoyo para costear tratamientos contra el cáncer de niños o el pedido de que se comparta un mensaje para que una autoridad de salud ayude a un paciente.

El catedrático y también exministro de Educación, Fander Falconí, recomienda ‘leer’ bien lo que un gobernante intenta hacer al aparentemente no tener una política en salud. Desde el gobierno de Lenín Moreno han escaseado las medicinas y se recortó el presupuesto para la educación, recuerda. ¿La ausencia de políticas sociales es solo improvisación?

“Carecer de políticas públicas es una definición. Hay que ser agudos cuando se analiza el aparente ‘desorden’, que favorece a determinados grupos económicos”, responde Falconí.

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