¿Qué hace Ecuador para proteger a los candidatos de la violencia política?

Colombia, México y Ecuador tienen más cosas en común de lo que podría imaginarse. En estas naciones han muerto siete candidatos a la Presidencia de la República en los últimos 37 años.

Esta situación puso en tela de juicio las estrategias de seguridad para garantizar la democracia en sus territorios y el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos.

Este 5 de noviembre, Pedro Granja, candidato presidencial del Partido Socialista Ecuatoriano anunció su retiro de las actividades de campaña electoral porque aseguró que no puede visitar ningún espacio público debido a las amenazas a su integridad y a su círculo cercano, como lo que ocurrió con compañero Joselito Arguello, aspirante a la legislatura nacional por la misma tienda política. 

También está, la denuncia del presidenciable de Centro Democrático, jimmy Jairala quién alertó de un ataque armado en su contra. Ahí resultó herido su personal de seguridad. En esa ocasión, él no estaba en el interior del vehículo perjudicado, sino su hijo mayor y unos amigos. 

En el presupuesto de las elecciones generales de Ecuador no se contempló, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), la seguridad de los candidatos que participarán en los comicios de febrero de 2025.

Desde el organismo se indicó que el convenio de seguridad es responsabilidad obligatoria de la Policía Nacional, conforme lo establecido en el Acuerdo Ministerial 150 del Ministerio del Interior.

Fausto Camacho, Coordinador Observatorio Ciudadano Electoral, sostiene que el panorama general de violencia en el país no ha cambiado en los últimos años. “Lo que se debía hacer es realizar cambios en el escenario electoral para garantizar la vida de los candidatos… Ecuador no dimensiona la gravedad de las elecciones pasadas ni de la seguridad. Están siguiendo el mismo libreto”, afirmó.

En el caso de Colombia, se creó la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de proteger a los políticos, así como a otras personas en situación de riesgo.

El objetivo era generar un “ambiente seguro para todos” los participantes de la contienda electoral, dado que los esquemas de protección no eran efectivos, especialmente por la infiltración del crimen organizado.

Rafael Padilla, experto en estrategia y seguridad tecnológica en Colombia, explicó a EXPRESO que el punto de partida fue entender que, para el crimen, la consolidación de un atentado, incluso si no hay víctimas mortales, ya es un logro o éxito en sus planes de obtener poder en determinado sector.

“Es mucho más valioso generar un entorno seguro para todos, que contemple una amplia vigilancia, el uso de tecnologías y, sobre todo, un control centralizado para optimizar los recursos de la fuerza pública”.

Padilla también destacó la importancia de las acciones para así poder celebrar procesos democráticos sin víctimas que lamentar. Sin embargo, subrayó que, debido al avance de las comunicaciones y a las tácticas criminales, la UNP se ha visto afectada por filtraciones de elementos inadecuados y el uso indebido de los equipos que dispone la entidad.

“Si hay algo que recomendar a Ecuador, es que por ahí no es el camino. Es un derroche de dinero de los contribuyentes. Hoy debe pensarse en una alianza con la empresa privada bajo estrictos controles, ya que, si el crimen no se ha vencido, una nueva entidad es otra ventana que tendrían los grupos delincuenciales”, afirmó.

Finalmente, Padilla indicó que en su país aún no se acepta esta propuesta, lo que atribuye a los intereses de ciertos grupos que no desean un control y transparencia en las acciones de la UNP.

En México, hubo un cambio en las competencias para la protección de los perfiles de alto riesgo. Antes de 1994 (ver gráfico), la policía de cada estado o provincia se encargaba de la custodia de los aspirantes presidenciales y otros perfiles en riesgo.

Después de esa fecha, esta responsabilidad pasó al Ejército, debido a su capacidad de planificación, estrategia y servicios de inteligencia. No obstante, aún se reconoce la necesidad de mejorar la protección en los procesos democráticos para las alcaldías y gobernaciones.

Según el Mapa de riesgos de intervención del crimen en las elecciones locales de 2024, en México se registraron 32 víctimas de atentados, de las cuales siete fueron asesinadas antes del día de las votaciones.

Ramón Celaya Gamboa, exvicefiscal de México, explicó a este periódico que es la autoridad electoral quien debe alertar sobre estos riesgos, ya que entiende la problemática de la violencia política, algo que muchas veces “no comprende la Policía”.

Así, el CNE debería establecer protocolos de protección y actuación como una iniciativa para exigir a la Policía o a las Fuerzas Armadas una protección efectiva.

• “Se trata de un complemento en la lucha contra el crimen organizado, para demostrar que el Estado previene y reacciona. ¿Cuál es el problema? Hay diagnósticos de seguridad deficientes y falta de medios suficientes para enfrentar a grupos criminales muy poderosos”, concluyó.

Para más noticias, visite el siguiente enlace.