Ecuador registra el 89 % de crímenes sin resolver
Abogados explican que algunos no denuncian por miedo a represalias. Psicólogos sostienen que la situación de inseguridad puede llevar a la depresión
En Ecuador, de cada 100 muertes violentas ocurridas en 2022 hasta el amanecer del 26 de mayo, 89 no han sido resueltas por los investigadores, según se revela en un informe oficial al que Diario EXPRESO tuvo acceso.
¿A qué se debería el bajo nivel de esclarecimiento de estos sucesos? Para el abogado David Nicolás Bayona, socio fundador del estudio jurídico LitigiumLex, existen dos factores principales: “la desconfianza que tienen las víctimas en la administración de justicia y la corrupción sistemática del aparataje jurídico”.
El especialista precisa que las personas, por lo general, no denuncian a los criminales por temor a las represalias y sobre todo porque la “administración de justicia no busca la reparación integral de los derechos vulnerados”.
Además, aclara que en nuestro sistema “tenemos miles de denuncias al año y pocos fiscales, quienes no pueden realizar sus labores de investigación porque están llenos de expedientes que no llegan a nada”.
Por ese motivo, el jurisconsulto argumenta que se debe reformar, “de forma urgente”, la estructura del sistema judicial y que el Estado invierta también en sus mejoras, para que los criminales sean sancionados con celeridad y permanezcan en prisión, pues en la calle existen personas que caminan con gran cantidad de antecedentes penales.
En algunos casos, quienes cuentan con prontuario delictivo suelen ser víctimas de ajustes de cuentas, tal como ocurrió la madrugada de ayer con Édison Orlando Encalada Palma, de 39 años, asesinado a tiros en la cooperativa Ficoa de Montalvo, en el noroeste de Guayaquil.
Él registraba 20 detenciones a su haber, según confirmó Luis Muñoz, oficial de la Policía Nacional.
El uniformado precisó que, entre los delitos cometidos por la víctima, había robos, tráfico de droga y tenencia ilegal de armas.
El investigador señaló que, pese al extenso historial, Encalada Palma había recibido su libertad hace pocos meses. No obstante, aclaró que en la actualidad, al parecer, buscaba rehabilitarse, porque formaba parte de una clínica para personas con adicciones.
Violencia criminal
En el informe también se precisa que el 77 % de estos casos correspondería a hechos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes o amenazas de índole criminal (ver infografía).
Por eso, el abogado Steven Reyes, experto en Derecho Penal, cree que al haber bandas de por medio, estas probablemente se encargarían de amenazar o silenciar a familiares de las víctimas o a posibles testigos.
Eso provocaría que “no todos denuncien y tampoco sigan los procesos hasta su finalización (...) También hay personas que prefieren no hablar porque saben a qué se dedicaban las víctimas. Incluso, llegan a pensar que se lo tenía merecido, pero eso hace que la Fiscalía no consiga al autor de los crímenes y no se resuelvan los casos”, argumenta Reyes.
Indagación de oficio
César Peña, fiscal multicompetente de Guayas, explica que luego de cada caso, si hay alguna persona detenida, “se abre un proceso de inmediato”. Sin embargo, de no haberlo, el procedimiento consiste en iniciar una investigación previa.
El funcionario menciona que esta indagación puede arrancar con la presentación de una denuncia u oficio. “La mayoría empieza de oficio, porque no quieren denunciar”, enfatiza.
También añade otro motivo por el que no se resolverían los casos: “hay familiares que manipulan las escenas”. Para Peña, es un error grave, pues en ciertos casos se esconden indicios que podrían llegar a los asesinos.
El fiscal comenta que, en ciertas ocasiones, cuando se trata de agrupaciones delictivas, lo harían para buscar venganza por su cuenta.
Muertes por robos
De acuerdo con los registros oficiales, el 5 % de muertes violentas a nivel nacional corresponde a hechos relacionados con robos (ver infografía). En Guayaquil, en menos de 24 horas, ocurrieron dos: uno la tarde del miércoles 25 de mayo y otro al amanecer del siguiente día.
En el primer hecho falleció un guardia de seguridad, a quien le dispararon para robarle su arma de dotación, con la que custodiaba una gasolinera en el sector La Ladrillera, del noroeste porteño. El hecho quedó registrado en el sistema de vigilancia del negocio.
En las imágenes se observa que en el ilícito participaron al menos cinco delincuentes.
La segunda víctima, en cambio, fue un suboficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), identificado como Carlos Roberto Sigcha Moya, de 48 años. Él iba a bordo de un bus de la línea 131 que circulaba por la ciudadela Samanes 6 cuando dos delincuentes empezaron a robar las pertenencias de los pasajeros.
El militar, quien se dirigía a la Base Aérea Simón Bolívar, vestido de civil (con ropa deportiva), se habría opuesto a la acción de los pillos y uno de estos le habría descargado tres disparos. En consecuencia, el conductor del bus condujo hasta una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de la avenida Isidro Ayora, pero la víctima ya había fallecido.
Hasta el cierre de esta edición, ambos casos seguían sin ser resueltos.
