Eduardo Carmigniani: "No se logró acobardar a la libre opinión"

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) archivó este 18 de junio de 2024 la denuncia que la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, presentó en contra del periodista y cronista de EXPRESO, Roberto Aguilar, por supuesta violencia política de género.

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Con esta decisión, se ratificó la inocencia de Aguilar, al no identificar actos de violencia política de género, sino una crítica dirigida al accionar de Atamaint, en su calidad de presidenta del CNE. Tras el archivo de la denuncia el patrocinador legal de Aguilar, Eduardo Carmigniani, habla con este Diario sobre los alcances del fallo.

- La denuncia fue archivada, pero ¿qué otros elementos destacan del fallo del TCE?

Se confirman dos cosas fundamentales. Primero, que la protección de la libertad de expresión, la libertad de opinión y de crítica a los funcionarios públicos es un elemento esencial del sistema democrático. Segundo, que por más que los términos en contra de la señora Diana Atamaint hubiesen sido descomedidos o hasta groseros, el juez declara que ninguno estaba dirigido en su contra por ser mujer, ni estaban fundados en prejuicios de género. Tercero, que en el artículo de opinión de Roberto Aguilar no hay nada que indique que sus afirmaciones, independientemente de cómo se las considere, hayan tenido por finalidad restringir o impedir el ejercicio de las funciones públicas de la señora Diana Atamaint.

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- ¿Este fallo marca un precedente sobre el marco de la figura de violencia política de género?

Correcto. Concluir lo contrario, como pretendía la señora Atamaint, significaría que cualquier crítica, por dura que sea, a una funcionaria implica violencia política de género. Lo que llevaría a la conclusión de que las funcionarias no serían criticables, de que nunca se pudiera criticar a una funcionaria. Si yo digo que el funcionario hombre es idiota, puede ser que yo esté siendo grosero, pero lo mismo puedo decir de una funcionaria. Eso es igual para el hombre y la mujer. Distinto fuese si yo dijese que una funcionaria es idiota como todas las mujeres. Ahí habría una grosería que se funda en un prejuicio de género.

- Por otra parte, ¿qué alcances tiene este fallo para los medios de comunicación, para la opinión política?

Este es un magnífico precedente que reitera la regla bien conocida de que el estándar de protección a su honor que tienen los funcionarios públicos tiene que ceder frente al derecho a la libertad de expresión. El funcionario público al aceptar el cargo, ha aceptado estar sometido a un escrutinio mayor que una persona privada, porque va envuelto en su desempeño el irrefutable interés público de control social...

- ¿Se abre un camino?

Ojalá (el fallo del TCE) sirva para que la opinión no trate de ser acobardada con actuaciones como las de la señora Diana Atamaint, que posiblemente si el juez hubiese fallado en su favor, hubiesen tenido un efecto disuasivo respecto de otros opinadores. Lo importante de este precedente es ese, no la intención de coartar la libre opinión del señor Aguilar, sino del resto de periodistas de opinión. Al señor Roberto Aguilar se lo quiso usar de ejemplo para tratar de acobardar a otros. Lo importante de esta sentencia es que no se cayó en ese juego.

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