En 2011, el ministerio implementó el programa ‘Advance’, cuyo objetivo era modificar el pénsum de inglés para estandarizarlo en el sistema público y que se midiera con índices internacionales.

La educacion bilingUe, una utopia llena de traspies

4.000 docentes faltan para llenar las vacantes de inglés en el sistema fiscal.

En el escalafón de la enseñanza de inglés, Ecuador a duras penas roza lo aceptable; 55 en un total de 80 países. Así determinó la calidad del idioma en diciembre el English Proficiency Index, una de las evaluaciones más prestigiosas a nivel mundial.

Para el ministerio de Educación, la cifra no demuestra nada. “La prueba no evalúa la enseñanza del idioma inglés, sino el dominio del idioma entre la población; por lo tanto no puede decirse que este sea el nivel de inglés del país”, señaló la cartera estatal a EXPRESO.

Sin embargo, la institución admite que, en el largo camino hacia el bilingüismo, los avances han llegado a cuentagotas.

Solo un 34% de los maestros en el sistema público cuentan con el nivel B2 (que demuestra el dominio de la lengua) y que, tres años después del decreto que convirtió la enseñanza de este idioma en obligatoria desde segundo año de educación básica, aún hay un déficit de 4.000 docentes de inglés.

A lo largo de una década, los intentos por mejorar el aprendizaje han sido múltiples.

En 2011 se introdujo el programa ‘Advance’, que instauró un nuevo currículo para la enseñanza del idioma y que incorporaba estándares internacionales. María Verónica Morales, entonces directora del área pedagógica del ministerio, señaló en una entrevista que el programa buscaba dotar de uniformidad al sistema público en cuánto a los métodos y formas de enseñanza que, hasta ese entonces, no existían. “Faltaba que el país logre alinearse a un estándar internacional para saber exactamente cuál era nuestro nivel en el idioma y qué medidas tomar. No había uniformidad académica de niveles, por lo que resultaba urgente alinearse a algo”.

El bajo índice de estudiantes fiscales que aprobaban el programa de Bachillerato Internacional, instaurado en los planteles públicos desde 2006, también hicieron saltar las alarmas. El problema, señalaban expertos y docentes estaba en que el idioma no era obligatorio en las escuelas.

Pero con la introducción de la obligatoriedad de la enseñanza a los más pequeños, llegó una evaluación al personal docente, que en 2014 que mostró que solo el 10% de los maestros del idioma lo dominaban o contaban con un nivel B2. De este 10% original, señala el ministerio, se ha logrado incrementar el porcentaje a 34%.

A la par, y con el fin de mejorar la calidad de profesores, se instauraron los programas ‘Quiero ser maestro’, ‘Go Teacher’, y el proyecto de docentes extranjeros, que últimamente fracasó (ver subnota).

“Quiero Ser Maestro ha incluido 746 docentes con nombramiento, todos ellos con nivel B2. Mientras que con el programa Go Teacher se han incluido a 1.041 docentes para impartir clases en las instituciones educativas fiscales del país”, informó a EXPRESO la cartera estatal.

Para expertos en la enseñanza de idiomas, como el catedrático Robert Dawson, a más de las estrategias aplicadas, aún hay mucho por hacer desde el plano estatal. “Se debe tratar de implementar, como política pública, actividades bilingües para los estudiantes que fuera de la escuela o del colegio no practican el idioma o están expuestos a él de formas no académicas”, aseveró.

Al momento se ha puesto en marcha otra iniciativa; un programa de educación a distancia del inglés para los maestros.

Cierre

Un programa plagado de ilegalidades

Como publicó EXPRESO en una serie de artículos la semana pasada, el ministerio cerró el programa ‘It’s time to teach’, tras presentarse una serie de irregularidades en el transcurso del mismo. Este consistía en la contratación, a través de la fundación Edificar, de 762 docentes angloparlantes de más de 25 países. Los jóvenes, que empezaron a arribar a fines de 2016, ganaban un sueldo de $ 313 y en su mayoría no recibieron nunca su visa de trabajo. En una entrevista con este Diario, el viceministro de Educación, Álvaro Sáenz señaló que se encontraron gastos inexplicados, problemas en la firma del convenio y que el método de contratación era ilegal y caía en la tercerización.