El temor se instala en los colegios del Ecuador: violencia, extorsiones y drogas

Cuando Antonia (nombre protegido) estudió en el Colegio Manuela Cañizares, en Quito, nunca vivió algo así. Desde que empezó el año lectivo, en septiembre, no se queda tranquila al despedirse de sus hijos, que son la segunda generación en ocupar esas aulas. Los profesores de uno de ellos tuvieron que llamar al 911 y al padre de familia de otro alumno. Delante de él, la Policía revisó su mochila y encontró el cuchillo, que le puso en el cuello a su compañera.

El testimonio de los padres y madres de estudiantes

Varios padres y madres de familia de este y otros planteles comentan que los adolescentes que agreden y portan armas son llevados a la unidad judicial especializada. “Máximo pasan una noche encerrados y luego salen, ellos vuelven a las clases, en el mismo colegio, y los estudiantes agredidos deben pedir cambio de institución porque sienten miedo”, dice uno de los entrevistados, que también pide mantener su nombre en reserva.

En los colegios Mejía, Montúfar, Central Técnico, Sucre, Miguel de Santiago y Santiago de Guayaquil se registran robos, intimidaciones de estudiantes a sus pares y también a padres de familia, que reciben amenazas, con sus fotos con stickers o memes, en los que se ven armas. En las mingas se cubrieron los graffiti, con símbolos que identifican a grupos delictivos.

Con temor, padres relatan que saben que dentro de los planteles se ofrecen paquetitos con sustancias sujetas a fiscalización. En los alrededores hay locales, como farmacias inclusive, en donde presuntamente venden ‘pastillas’ a los alumnos.

Lo que dice el Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación respondió que, “en algunos casos, dentro de las instituciones pueden cometerse presuntas infracciones penales, que afectan a la convivencia escolar y al bienestar de la comunidad”. Por lo que es obligatorio poner en marcha el protocolo, que se construyó entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

Aunque, padres aseguran que profesores y Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) no siempre siguen protocolos porque tienen miedo. En el Mejía, dicen, que se organizan peleas, que se desarrollan, al salir de clases, cerca de la Prefectura de Pichincha o del Colegio Simón Bolívar. Los detalles se pueden observar en videos. El jueves, alumnos contaban que, al parecer, hubo un apuñalado.

Madres de esos planteles y de otros hablan de “extorsiones”. En este año, padres organizaron un plantón frente a un colegio, en el que denunciaron que a un alumno le querían obligar a vender droga o de lo contrario debía pagar USD 1.000.

La visión de la UNE

“Esta problemática no es educativa sino social”, apunta Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE). Y señal que asesinatos estilo sicariato se han dado alrededor de colegios de Guayaquil, Machala, Durán, Esmeraldas y Quito. “Usan armas, no solo venden pasteles de marihuana, hay microtráfico; hay reclutamiento. Un docente que laboraba en Quinindé fue ‘vacunado’ y tuvo que dejar el cantón; ahora el presidente de la UNE de Jipijapa es extorsionado”.

Según Educación, 548 de 215.000 docentes del país han sido víctimas de extorsión por parte de bandas criminales entre 2023 y 2024. La UNE pide que les aprueben el traslado inmediato, para que mientras, los profesores atemorizados no deban pagar un reemplazo.

El Ministerio trabaja en ‘Comunidades Educativas Seguras’, con brigadas de padres fuera de los colegios, “que se implementan en el país y con más ímpetu en 365 instituciones priorizadas (hay más de 16.000 planteles)”. Dicen que se registra una disminución del 30% de eventos peligrosos en ellas.

El delito de reclutamiento está tipificado

Verónica Pólit, experta en justicia juvenil y reclutamiento, anota que los colegios son un reflejo de una sociedad, que cada vez es más violenta y naturaliza esas conductas. Le preocupa que se crea que los chicos son el problema.

Para Pólit es fundamental que el Estado reconozca que existe esta violencia en el contexto escolar y eso no significa que la genera. “En las escuelas hay víctimas de violencia y requieren un abordaje integral”, dice y añade que todo se agrava por el desmantelamiento del sistema de protección de derechos, que ocurre desde hace décadas.

Según la experta no se comprende que los estudiantes son víctimas de estructuras criminales, que los captan con fines delictivos y de explotación. “Desde enero del 2023, el reclutamiento es un delito, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), pero hasta hoy no tenemos ni un sentenciado”.

La pena es de hasta 13 años de privación del libertad. La figura consta en el artículo 91, trata con fines de reclutamiento; en el 127, en medio de un conflicto armado y en el 369, en el contexto de delincuencia organizada. Pero, “no está siendo perseguido activamente, pese a que la Fiscalía aprobó una política criminal sobre reclutamiento en diciembre 2024 y se está formando a fiscales de adultos y justicia juvenil”, comenta.

Los padres de familia quisieran que los victimarios salgan de los colegios; recuerdan que en diciembre pasado, un alumno le pegó a un profesor en el Central Técnico. Quishpe detalla que en este mes, a una maestra en Paute, un alumno le dio varias patadas en el estómago; otra, en Ambato, también sufrió una agresión. El 11 de mes, en el cantón Rumiñahui, en Quito, un padre golpeó a un docente, en el rostro con una manopla; el Ministerio lo denunció en la Fiscalía y aprobó la reubicación, luego de que el caso se hiciera público, señala la UNE.

Pólit pide reflexionar: el reclutamiento de los grupos de delincuencia organizada (GDO) implica amenazas en contra de la vida del estudiante o de su familia y manipulación, si el hogar es violento, las víctimas ven que el GDO los alimenta y los viste y creen que, como en sus familias, quien les protege, les golpea. Y alerta a padres: obligar a vender droga es reclutar.

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